Por Sebastián Izquierdo y Aldo Mascareño, investigadores del CEP.

El informe de la comisión de Sistema Político, que se discute hoy en el pleno de la Convención, propone que partidos políticos y movimientos sociales sean dos formas equivalentes de organización política. Ambos podrán presentar un programa, tener registro de adherentes en el Servel y constituirse a distintos niveles territoriales. Al contrario de lo que parece, esta norma es un riesgo para la democracia, pues al integrar a los movimientos sociales a la estructura del Estado, se debilita su independencia y capacidad crítica, la misma que rompe con el status quo y desafía intereses preestablecidos. Más que remediar lo que sus propulsores buscan, la norma terminaría por empeorar la participación ciudadana.

Puesto que se conforman por la adhesión voluntaria e inorgánica de las personas a una causa común, los movimientos sociales cumplen una función esencial en las democracias modernas. Ellos llaman la atención a problemas que se experimentan en la vida cotidiana y que son consecuencia de acciones del Estado o agentes privados. Gracias a su posición externa a los partidos, los movimientos sociales son independientes de anclajes doctrinarios y cálculos electorales. Esto les confiere libertad de acción para perseguir sus objetivos de forma autónoma, organizar su acción colectiva, e interpelar a estructuras políticas y sociales. Hoy no habría paridad de género sin movimiento feminista, tampoco acción global contra el cambio climático sin movimiento ecologista y, por cierto, no habría reconocimiento de pueblos originarios sin movimiento indígena. Los movimientos sociales están ahí para recordarle al Estado desigualdades injustificadas, discriminaciones recurrentes y puntos ciegos en su estrategia de desarrollo.

Las consecuencias son riesgosas para una democracia moderna. Primero, se provocaría una división entre movimientos formales e informales. Ellos se escindirían, pues muchas personas que adhieren a sus causas no estarán dispuestas a participar en estructuras políticas y seguirán con el activismo por cuenta propia. Esto debilitará al movimiento. Segundo, al formalizarlos políticamente, se cerrará aquella porosidad de las fronteras del movimiento que permite la adhesión espontánea de un público latente e ideológicamente transversal. Y tercero, además del incentivo a una fragmentación política que dificulta los acuerdos, en el largo plazo se puede producir una unidad entre Estado y movimientos sociales que capture la capacidad crítica de estos para interpelar a poderes formales y fácticos.

Con esta construcción de hegemonía pierden el movimiento y los partidos. Los primeros dejan de tener su anclaje en la experiencia cotidiana y los segundos perderán su vínculo con el mundo social. En el siglo XX hay casos que muestran lo lejos que puede llevar esta unidad de Estado y movimiento. Los más conocidos son el fascismo alemán y el socialismo real soviético. Los convencionales debieran considerar que sin la independencia de los movimientos no estaríamos en el proceso constituyente actual. Eliminarla afecta la capacidad de la sociedad civil para resolver problemas locales sin dependencia de decisiones centralizadas. En vez de poner al Estado al servicio de las personas, lo que plantea la norma más parece un lobbismo institucionalizado.