¿Quién paga los destrozos afuera del Nacional? Disputa de la alcaldesa Emilia Ríos con Azul Azul y las productoras llega a la justicia

Karol G, Luis Miguel, Los Bunkers o el clásico universitario. Esos son solo algunos de los eventos de espectáculos y deportivos que durante el último tiempo ha albergado el Estadio Nacional, recinto por el cual se abrió una disputa que ahora llegó a la justicia luego de que la Municipalidad de Ñuñoa, comuna donde se encuentra el coliseo, estableciera un decreto en el que obliga a los arrendatarios a hacerse cargo de las “externalidades” producidas por sus eventos.

Lo que era una disputa administrativa, recientemente escaló hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las empresas representantes de las productoras La Oreja, Lotus, The FanLab y Swing presentaran un recurso de reclamo de ilegalidad municipal en contra de la administración de la alcaldesa Emilia Ríos (RD). Acción que también presentó, por separado, Azul Azul, concesionaria de Universidad de Chile.

El equipo azul, al igual que las productoras de eventos, buscan -entre otras cosas- que se deje sin efecto el decreto municipal publicado por la Municipalidad de Ñuñoa el 27 de febrero pasado, en el cual modifica la ordenanza de concesiones y permisos del municipio, estableciendo dos nuevos derechos municipales que buscan la “recuperación del espacio público por externalidades negativas y resguardo del perímetro del Estadio Nacional”.

En simple, el decreto de la Municipalidad de Ñuñoa busca exigir a los eventos con más de 10 mil asistentes que realicen un pago para recuperar los daños que puedan producir los eventos en el exterior del recinto ñuñoíno, como la reposición de áreas verdes, roturas de aceras u riegos. Además del pago para utilizar cuadrillas de limpieza, desmanche de muros, lavado de veredas, entre otras.

La nueva normativa de Ñuñoa establece un cobro según la cantidad de asistentes. Por ejemplo, 83 UTM (más de $5 millones) para eventos de entre 10 mil y 30 mil personas, 125 UTM ($8 millones) entre 30 mil y 45 mil asistentes y 174 UTM ($11 millones) para aquellas convocatorias de entre 45 mil y 65 mil personas, la máxima capacidad del coliseo.

El ingreso de ambos recursos surge luego de que tanto las productoras como Azul Azul presentaran un recurso administrativo ante la Municipalidad de Ñuñoa apenas conocieron el nuevo decreto, pidiendo que se dejara sin efecto. Sin embargo, sostienen en ambos escritos, la alcaldesa Ríos no dio respuesta a aquello, por lo cual elevaron la solicitud ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ante el tribunal de alzada, la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) -representada por el abogado Gustavo Parraguez- piden que se deje sin efecto la medida, sosteniendo que se funda en argumentos y afirmaciones erróneas.

En ese sentido, apuntan -en parte- que “no es efectivo que los productores sean responsables de actos vandálicos, ilícitos y otras incivilidades que se cometen en la comuna”.

En esa línea, agregan que los asistentes a los conciertos “no asisten al Estadio Nacional con la finalidad de cometer conductas reprochables u otro tipo de ilícitos; no se trata de ‘barras bravas’ que pretendan un enfrentamiento con bandas rivales en la comuna, son solo fanáticos que buscan disfrutar de un buen espectáculo y vivir una experiencia para recordar en sus vidas”.

Junto con sostener que no es efectivo que las productoras sean actores irresponsables, califican la imposición del pago por las externalidades como “una medida económica imprevista y gravosa, como la que impone el decreto, genera impactos financieros relevantes en mis representadas, que no pueden ser sorteados con un simple aumento en el precio de las entradas”.

En el mismo escrito, las productoras exponen que el nuevo decreto entró en vigencia después de algunos contratos que ya tenían, como por ejemplo el de La Oreja para la realización del concierto de Los Bunkers, lo que derivó en el pago de más de $28 millones en el nuevo cobro que realizó el municipio. Del cual, además, piden que la Corte permita poder pedir el reembolso.

El recurso ingresado por el abogado Parraguez apunta a una serie de vicios en los que incurriría el municipio, argumentando seis hechos de ilegalidad.

Entre estos afirma que “se pretende cobrar por el uso de un recinto que no forma parte del patrimonio de la comuna”, además de que este “busca responsabilizar a los organizadores de espectáculos por hechos ilícitos que ocurren fuera del recinto”. Junto con eso, sostiene el escrito que la ordenanza “contiene exigencias adicionales a las ya exigidas”, y que se “pretende utilizar una facultad prevista en la legislación municipal para crear impuestos en situaciones en las que no se verifica el cumplimiento de los requisitos legales”.

Jorge Ramírez, presidente de Agepec sostiene que el fondo del asunto “es que es una medida arbitraria, producto de prejuicios por desconocimiento de un sector perteneciente a la industria del entretenimiento y la cultura, que tiene una responsabilidad social, genera un aporte a la identidad y a la cohesión social”. En esa línea, plantea que esperan que la Corte “declare ilegal el decreto de la Municipalidad de Ñuñoa, así como los cobros que ya se han realizado.

Al igual que las productoras, el equipo azul también pide que se deje sin efecto el decreto aprobado por el Concejo Municipal de Ñuñoa. Azul Azul, representado por el abogado Jorge Arredondo, apunta a una serie de argumentos legales para cuestionar la medida del municipio encabezado por Emilia Ríos.

Entre estos, la concesionaria del equipo universitario apunta a que “el valor asociado a ambos derechos no se justifica económica ni técnicamente”. En ese sentido, agrega que “ni la fórmula planteada ni el valor asociado a estos derechos y sus respectivos tramos se encuentran correctamente fundamentados. Todo ello se encuentra construido en base a generalidades y conjeturas sin datos concretos que permitan la construcción de un derecho municipal que no supera un estándar mínimo de fundamentación y razonabilidad”. Además de eso, cuestionan el perímetro al que apunta Ñuñoa que esté cubierto por este nuevo decreto.

Pero además de eso, Azul Azul también plantea que “la imposición de estos nuevos derechos ha querido plantearse como un deber del particular quien hace uso del recinto deportivo, pero un estudio atento del decreto nos permite concluir que esta es una medida adoptada unilateralmente por la municipalidad para paliar y subsidiar lo que ella consideraría como una mala gestión por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND)”. Esto último lo funda citando parte de la discusión del Concejo Municipal, donde se apuntó al rol del IND.

“Estamos ante un órgano municipal que se encuentra disconforme con la gestión realizada por el IND, y que decide autónomamente ‘atribuirse’ la mantención del Estadio Nacional y sus alrededores”, afirma el recurso.

Consultado al respecto, el abogado Arredondo señaló a La Tercera que “creemos que para definir esta medida se calcularon costos que ya son absorbidos en gran parte por el propio organizador, para cumplir con exigencias de otras autoridades, como la Delegación Presidencial, y con el propio contrato de arriendo con el Instituto Nacional de Deportes, institución que también es estatal”.

El recurso ingresado por Arredondo concluye afirmando que las externalidades de los eventos deportivos de la U ya se encuentran previstas en los planes de seguridad con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, así como también en el pago del arriendo del Estadio Nacional. En esa línea apuntan que “la imposición de esta medida resulta desproporcional”, apuntando -también- que “la decisión adoptada por la municipalidad vulnera el principio de igual de repartición de las cargas públicas”.

El abogado del club agrega a este medio que “hoy estamos en la Corte, esperando los alegatos para que seamos escuchados en el tribunal. Esperamos que la Corte nos escuche y que se haga cargo de los defectos que se han advertido en el establecimiento de estos dos nuevos derechos, que, dicho sea de paso, no han sido solo levantados y denunciados por Azul Azul, sino también por productoras a cargo de varios conciertos”.

La alcaldesa Emilia Ríos, aseguró que estiman que es “legal, justo y necesario para la comunidad” el cobro de los derechos asociados a las externalidades. En ese sentido, explicó que “se dictó en conformidad a las facultades que nos otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley de Rentas Municipales y contó además con el respaldo unánime del Concejo Municipal, por lo tanto, vamos a desplegar toda nuestra defensa ante la Corte de Apelaciones que esperamos que ratifique la legalidad del cobro, que es de toda justicia”.

Respecto a las razones de su aplicación, la autoridad comunal sostuvo que estos eventos producen gasto y despliegue adicional de la municipalidad. “Estábamos subsidiando una actividad privada, lo que a todas luces no corresponde. En ese sentido, el objetivo del derecho no es aumentar de manera significativa nuestros ingresos, sino ponerle un alto a la pérdida de recursos municipales por actividades privadas con fines de lucro”, afirmó.

Tanto las productoras como Azul Azul en el recurso solicitaron al tribunal de alzada que se decretara una orden de no innovar, pidiendo que se suspenda el pago de los nuevos derechos mientras se resuelve el fondo del escrito.

Sin embargo, la Corte desestimó aquello, por lo cual -por ahora- se deberá seguir pagando mientras el tribunal de segunda instancia resuelva la disputa entre las productoras y el equipo azul en contra de la alcaldesa RD por el Estadio Nacional.