Tras los pasos de Izurieta: jueza Rutherford le incauta $370 millones y descubre uso ilegal de su celular en su celda

La ministra en visita, Romy Rutherford, requisó dos cuentas que el excomandante en jefe del Ejército mantenía en compañías de seguros, quedando congelados a la espera de una condena en la causa y poder así restituir los gastos reservados presuntamente desviados. Además, debió hacer entrega de su teléfono personal a sus custodios, luego de que se identificara que lo mantenía en la cabaña donde se encuentra en prisión desde hace dos semanas.




Desde que el excomandante en jefe del Ejército, el general (R) Óscar Izurieta Ferrer, ingresó al Batallón de Policía Militar, sus días han estado marcados por un amargo derrotero.

Primero fue la detención, el 10 de febrero tras ser interrogado como inculpado; después, la ministra Romy Rutherford dictó su procesamiento por la presunta malversación de $ 6.500 millones, el 14 de febrero; y luego, la Corte Marcial rechazó su solicitud de libertad bajo fianza. Todo esto ocurría y en paralelo se daban a conocer detalles de pagos a la familia Pinochet y la venta de sus propiedades a sus hijos, entre ellos, la fiscal de ola zona Oriente, María Constanza Izurieta.

Y esta semana, al parecer, no fue tampoco la mejor para el general (R), quien ya cumplió 16 noches durmiendo en una de las cinco cabañas del Batallón de Policía Militar de Peñalolén, recinto que el Ejército dispone para que integrantes de sus filas -activos y en retiro- cumplan medidas de reclusión ordenadas por la justicia. Allí, Izurieta, utiliza en solitario el mismo inmueble por donde antes pasaron sus sucesores también procesados el el denominado caso “Fraude en el Ejército”: Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

Fue desde ahí que el exalto oficial recibió las noticias en relación a su causa. La primera dice relación con sus ahorros en seguros por un total de $ 370 millones, los cuales lograron ser detectados y se ordenó su incautación por parte de la ministra Rutherford. Estos activos estaban alojados en las compañías Sura y Zürich Chilena Consolidada.

La ministra -en base un requerimiento formal a ambas firmas- destrabó la retención de estos fondos, en base al artículo 114 del Código Procesal Penal, en que se la faculta para acceder a estos bienes y, de alguna manera, “congelar” el uso de estos. Estos permanecerán confiscados, hasta que se evacúe una condena en la causa.

Fotografía y huella dactilar

Esta es una de las pocas pertenencias que Izurieta dejó a su nombre, dado que durante el 2021 traspasó sus propiedades y vehículos a sus hijos y su esposa. Según quedó consignado en su procesamiento, el general (R) manifestó que “tiene una pensión líquida de profesor militar de $600.000 y lo pactado con Zürich Chilena Consolidada, por lo que recibe $750.000 aproximadamente. Menciona que este seguro lo fue construyendo desde su primer año de subsecretario el 2010, lo inició con $4.000.000 de ahorro mensuales y después subió a $5.000.000, hasta que firmó el convenio, por lo tanto, explica que ahora solamente recibe el dinero. Indica que el otro seguro lo inició traspasando lo que tenía en fondos mutuos en el Banco Santander el año 2020, por $250.000.000″.

De estas y otras cosas Izurieta se podía ir enterando, a través de las notificaciones formales del tribunal a su defensa, pero también tenía otros canales, según pudo constatar la Policía Militar, luego de que la ministra Rutherford fuera informada de que el también exsubsecretario de Defensa (2010-2014) contaba con su celular personal en la cabaña donde está recluido.

Por lo mismo, los efectivos de la Policía Militar debieron elaborar un informe para dar cuenta de que, efectivamente, Izurieta contaba con su teléfono personal, en un lugar donde no estaba permitido, ni autorizado. El aparato debió ser entregado por el propio general (R) a sus custodios del Batallón.

La semana del general, además, terminó con una última diligencia: debió posar de frente y de perfil ante una cámara fotográfica del Registro Civil para ser prontuariado. Este procedimiento es propio de la “justicia antigua”, donde también se toman las huellas digitales del detenido. Todo queda registrado en una ficha y es despachado a su certificado de antecedentes.

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