Regular o restringir: ¿Qué hacer con el comercio ambulante de Santiago?

A mediados de la semana pasada y en medio de la bienvenida a las primeras escolares del Instituto Nacional, la alcaldesa Irací Hassler (PC) reabrió el debate sobre la situación del comercio ambulante en la comuna. “Estamos avanzando en un ordenamiento democrático del territorio (...). Observamos que existe un espacio para más de mil permisos en la comuna de Santiago, situación que vamos a estar revisando en cada uno de los barrios para su otorgamiento”, señaló.

El tema que trajo Hassler a la palestra está lejos de ser nuevo. Fue un conflicto para Joaquín Lavín en sus tiempos de alcalde en la comuna. Lo vivió más tarde, con varias polémicas, Raúl Alcaíno, al igual que su sucesora, Carolina Tohá. Y la misma polémica entrampó también la última administración, a cargo de Felipe Alessandri.

Así, en las dos últimas décadas, entre las fórmulas para mitigar, o derechamente remover al comercio ilegal de la comuna, los alcaldes han recurrido a multas dirigidas a quienes se instalen sin patentes y a su clientela; también a cámaras de vigilancia y a la dotación de fiscalizadores municipales -sucesivamente incrementada-, junto con la suspensión temporal de permisos.

Pero a juicio de la alcaldesa, “la política de solamente prohibición o mirar para el lado respecto de esto no dio buenos resultados”.

En agosto de 2018 y bajo la administración de Alessandri se implementó el plan “Comercio Justo”. En su balance, las cifras de la Municipalidad de Santiago señalaban que la iniciativa había logrado reducir “en un 97% el comercio ambulante ilegal en los paseos peatonales” como Estado, Ahumada y el Casco Histórico de la comuna en general. Con ello, las ventas del comercio establecido se habían elevado en un 20%.

Pero al año vino el estallido social, seguido de la pandemia. Y con ello, los espacios se fueron atestando otra vez de comercio ambulante no regulado.

Incluso, y en términos sanitarios, cuando a mediados del año pasado la comuna permanecía en una larga cuarentena, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo alusión a las aglomeraciones del comercio ambulante como una de las razones que no permitían a Santiago avanzar del confinamiento a la etapa de Transición.

Hasta antes del Covid-19, asegura el exalcalde Alessandri, “nosotros planteábamos que el uso del espacio público determina la ciudad. Bajo esa premisa, teníamos tres pilares: seguro, limpio y ordenado. Nuestra política de uso del espacio fue muy distinta, iba en la línea de darle un espaldarazo al comercio establecido. Y a las personas que tenían necesidad las capacitábamos a través de Sercotec, por ejemplo, para que accedieran a un food truck, pero con resolución sanitaria y no vendiendo ropa falsificada o remedios”.

En privado, desde la municipalidad señalan que tras el estallido social y la crisis sanitaria, el comercio irregular se ha triplicado. Y eso, señalan, en un cálculo conservador.

La directora de fiscalización de la Municipalidad de Santiago, Bernardita Lorenzini, explica a La Tercera que acorde a los datos de la Municipalidad de Santiago, actualmente existen tres mil permisos de comercio ambulante en la vía pública.

Sin embargo, explica que el número que señaló la alcaldesa no está escrito en piedra, pues el plan debe esperar los resultados de un levantamiento topográfico y de información que dará cuenta de aspectos como el espacio que hoy ocupan los comerciantes, la cantidad de peatones que transitan por cada sector y las terrazas de restaurantes y cafés, entre otras características.

“Con eso nosotros podemos determinar de manera efectiva que en este cuadrante, en esta plaza, en este barrio o en esta calle, que hayan sido parte del estudio, el espacio real para nuevos permisos. Recién ahí”, puntualiza Lorenzini.

Asimismo, la directora de fiscalización detalla que, por ejemplo, han identificado varios casos -a propósito de la pandemia- donde el requiriente del permiso originalmente ha fallecido, y que quienes continúan administrando el puesto establecido son parientes directos o cercanos. En esos casos, advierte que se debe realizar un proceso de nuevo otorgamiento de la patente. Proceso que, asegura, están agilizando.

En paralelo, Lorenzini dice que se conformarán mesas de trabajo barriales con vecinos, organizaciones, comercio establecido y quienes trabajan en el espacio público: “No es lo mismo lo que ocurre en Lastarria respecto a lo que ocurre en Yungay, Quinta Normal o Franklin (...). También vamos a escuchar al comercio establecido, que a veces nos dice que se instalan comerciantes ambulantes vendiendo los mismos productos, versus ellos que pagan patente, luz y contribuciones”.

Tras estos procesos, la directora es enfática en que no se regularizará a quienes vendan productos falsificados, de dudosa procedencia o robados. “Cuando yo conozco quién es el comerciante, qué es lo que vende y de dónde provienen sus productos, puedo controlar y fiscalizar. Hemos establecido coordinaciones en las últimas semanas con organismos como Aduanas, Inapi, Servicio de Impuestos Internos (SII), PDI para abordar esta materia”, comenta.

Juan Córdova, dirigente histórico del sindicato de trabajadores ambulantes discapacitados “Nuevo Amanecer”, plantea que conoce la situación entre sus pares, tanto de quienes portan una patente como de quienes no. Así, entre las razones del aumento de nuevos comerciantes en las calles, relata que “tras el estallido social y la pandemia se generó mucha cesantía”. Y al respecto, Córdova plantea que, además de los paseos peatonales adyacentes a la Alameda, “hay muchos espacios donde se podría hacer un proyecto de varias calles. Hay más sitios que son comerciales donde se pueden instalar ferias o persas”.

Sin embargo, alega que hasta ahora, el plan comunicado por la municipalidad ha sido confuso. “Si están anunciando mil permisos, viene gente de provincia, de todos lados por la cesantía, que nunca ha sido comerciante, a registrarse. Tiene que haber un ordenamiento”, plantea.

Desde el barrio Lastarria, Carlos Pérez, dueño del Emporio Rosal y del salón de té Lucrecio, advierte que, a su juicio, no hay mayor espacio para introducir -al menos en esa zona- nuevos comerciantes. “No me parece atinado aumentar la cantidad de vendedores ambulantes. Tras el estallido social, los comerciantes coparon desde la Alameda hacia dentro por Lastarria y Merced. Entiendo la rabia social de ese minuto, pero en algún momento me tocó ver cómo artesanos y vendedores ambulantes tiraban piedras por encima de mi cabeza a un furgón de Carabineros. Esas situaciones de violencia no las queremos ver”, relata.

Por el lado del rubro gastronómico, el dueño del restaurante Liguria, Marcelo Cicali, aborda que si bien el barrio tiene características en su entorno donde hay presencia de anticuarios, artesanos y otros artistas, “durante los jueves, viernes y fin de semana está llegando más comercio ambulante que la capacidad estructural del barrio puede sostener”. Con ese antecedente, plantea que es necesario el levantamiento espacial que realizará el municipio y sostiene que un aspecto esencial a tomar en cuenta es “apuntar a que la oferta del comercio ambulante no compita con el comercio establecido”.

Mientras, el arquitecto Iván Poduje describe que el comercio ambulante, en la práctica, “es una privatización informal”, pues reduce la disponibilidad y uso libre del espacio común. “Además de limitarlo, dificulta su mantención y acelera el deterioro, ya que veredas o plazas no están diseñadas para ser locales. Por último, tienes problemas sanitarios, por la ausencia de baños o agua, y conflictos entre comerciantes que afectan a peatones y comercio establecido”.

Sin embargo, dice que una opción es “relocalizar a comerciantes en un terreno municipal o privado arrendado, no un espacio público, y construir ahí una feria o galería. En el fondo, formalizarlos sin un permiso precario”.

Quien ya se ha manifestado completamente en contra es Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “La masiva entrega de permisos precarios golpeará de manera directa al comercio formal que recién se está recuperando y abriendo sus puertas. Esta competencia injusta y desleal será una nueva traba a un genuino y legal estímulo al empleo”, concluye.