Desde antes de posesionar a su gabinete el 8 de noviembre pasado, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, ya enfrentaba el descontento de los sectores sociales que durante 20 años fueron aliados del Movimiento al Socialismo (MAS). “Seguramente algunos dirán ‘¿dónde están los sectores (sociales)?’. Durante 20 años se representó sectores. Yo quiero preguntar dónde está el gas, dónde está el litio”, cuestionó el nuevo jefe de Estado.

La declaración inmediata del presidente fue en respuesta al rechazo que generó en aquellos sectores su decisión de conformar un cuerpo de ministros con técnicos, economistas y empresarios. Quedaron fuera los sindicatos, los mineros, los campesinos e indígenas del gabinete ministerial, rompiendo con la estructura social y política que definió a Bolivia desde la era de Evo Morales (2006-2019).

La molestia de los gremios vino también por su plan de reducir ministerios: el nuevo gabinete, integrado por 13 ministros y uno sin cartera, incluyó reestructuración ministerial con fusiones y nuevas responsabilidades, mientras que se dispuso que cuatro ministerios serán absorbidos: Minería, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo, y Culturas.

Las áreas clave –economía, energía y relaciones internacionales– fueron encomendadas a figuras con experiencia en los sectores público y privado, como José Gabriel Espinoza para Economía y Sergio Medinacelli para Hidrocarburos. “Hoy día (...) ¿Bolivia está mejor?“, preguntó Paz, cuestionando la integración de los sectores. “Es un momento de darle (espacio) a la meritocracia, a la eficiencia, a la transformación del Estado para darle servicio al pueblo”.

No obstante, algunos analistas advierten que la ausencia de los movimientos que prácticamente cogobernaron con el MAS podría dificultar la negociación social y dar lugar a tensiones en un país en el que los movimientos sociales están “muy empoderados”.

Y, aunque el recorte de ministerios fue menor de lo que se especulaba, fueron sacrificadas carteras de peso, según El País. “Una ruptura política significativa en el país”, de acuerdo con una columna de Daniel Zovatto, global fellow del programa LA del Wilson Center e investigador sénior del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile.

Mineros en contra

La decisión de Paz de fusionar el Ministerio de Minería con el de Hidrocarburos y Energía fue incendiaria para el sector minero boliviano.

Tanto la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), vinculada al Estado, como la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) se declararon en estado de emergencia, calificando la decisión como un “desconocimiento” del rol estratégico de la minería como la principal actividad productiva del país.

La Fencomin, que es una institución “muy grande, muy fuerte, muy aguerrida en la calle”, según describió Vladimir Peña, analista político y exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz, lanzó un ultimátum al presidente de que si eliminaban aquella cartera se iban a movilizar. Tras ello, el gobierno liberó un comunicado anunciando que el Ministerio de Minería y Metalurgia no va a ser eliminado.

El escrito también explica que no se designó inmediatamente a una autoridad titular debido a “la premura y la complejidad del proceso de conformación del nuevo equipo de gobierno”, y que en los próximos días se confirmará quién será el jefe de ese departamento. “En tres días ha habido idas y vueltas, lo cual me lleva a la conclusión de que todavía no hay una definición política sobre la cantidad de ministerios que van a ser suprimidos o fusionados y cuándo va a terminar de consolidarse la nueva remodelación del Ejecutivo”, indicó Peña.

El reclamo impactó fuerte, porque la Fencomin es “histórica en Bolivia, precisamente porque la economía del país ha estado ligada y sigue sustentada en la minería. Entonces, la historia boliviana no se puede entender sin la minería. Entonces, esa confederación es una institución aguerrida, tiene bajo su control a la Central Obrera Boliviana (COB), tiene una incidencia enorme sobre la central obrera de trabajadores a nivel nacional”, destacó el exsecretario de Santa Cruz.

“Mínimo, unos dos ministerios”

No satisfecho con el círculo de Paz, el dirigente por los campesinos de La Paz, Guillermo Flores, solicitaba públicamente al presidente: “Como hemos logrado una votación contundente, nosotros por lo menos, nosotros pedimos a nuestro presidente que nos considere por lo menos, mínimo, unos dos ministerios”, según consignó el diario boliviano El Día. Flores dijo que las provincias paceñas dieron su voto a Paz hasta en un 70%.

Consultado al respecto, Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), comentó a La Tercera que “nosotros como organizaciones sociales tenemos principios, tenemos ideología, tenemos un proyecto programático que sí o sí tarde o temprano tenemos que culminar. Por eso nosotros como movimiento campesino no vamos a ser utilizados por nadie”.

Seña además enjuició: “Hoy ya se siente, ya se palpa que este gobierno va a ser netamente de una élite de la derecha extrema del pueblo boliviano. Por el agradecimiento de nuestra gente que le ha dado el voto a este gobierno, hasta hoy por lo menos no ha convocado a las organizaciones sociales, al movimiento campesino, la mayoría establecida en el país, y además hay que dejar claro esto: es la que alimenta al 80% de la población boliviana”.

“Hoy están siendo ninguneadas, aisladas de este gobierno. Pero si bien es el inicio (del gobierno), esperaremos a ver qué acciones toma el presidente. Hoy se le está dando toda la prioridad a los grandes empresarios que no alimentan, sino más bien exportan sus productos”, comentó el dirigente campesino.

Indígenas excluidos

Tampoco están representados los sectores indígenas y populares que fueron protagonistas en los últimos 20 años de gobiernos del MAS. Las organizaciones indígenas “han llamado también a rechazar el gabinete porque no hay rostros indígenas excepto uno o dos ministros, no hay la plurinacionalidad que proclama la Constitución en el gabinete”, explicó Peña.

No obstante, este descontento “no ha tenido impacto en la opinión pública porque viene de organizaciones vinculadas al movimiento, al socialismo, y que hoy se encuentran muy desacreditadas”, comentó el analista. De hecho, el propio Evo Morales criticó que el día de la posesión el nuevo mandatario optó por retirar la bandera multicolor “wiphala”, que representa a los pueblos indígenas y a los aymaras en particular, de la fachada de palacio de gobierno.

Tanto las gestiones de Morales como la de su sucesor, el expresidente Luis Arce, se caracterizaron por designar a dirigentes campesinos como ministros. “Quitarla del Palacio es una ofensa para el movimiento indígena originario campesino y un intento de borrar la memoria colectiva. De un Estado de inclusión pasamos a uno de exclusión”, criticó en X Morales, quien se encuentra desde 2024 en su feudo del Chapare (en Cochabamba) debido a una orden de captura en un caso de trata de menores que él niega.

Seña expresó que “hasta hoy, su actitud (de Rodrigo Paz) no está siendo lo que el pueblo esperaba. El pueblo está esperando a gritos que el gobierno gobierne para todos los bolivianos sin excepción ni de ninguna clase social. Necesitamos un gobierno que de verdad le cumpla sus necesidades a todo el pueblo boliviano y no así hoy querer enfocarse netamente al empresariado que es uno a cinco por ciento de la población del país”.

¿Gobernabilidad en peligro?

Paz ordenó a sus ministros resolver los problemas urgentes, como la ausencia de carburantes en las estaciones de servicio y de dólares en la banca, y una inflación interanual que a octubre fue de 19%. “Con la bendición de Dios, las filas se van acabando; el diésel y la gasolina están llegando. Estamos estabilizando y reordenando la patria”, tuiteó el mandatario el 10 de noviembre pasado.

Pero la no inclusión de los sectores sociales en el gobierno “no es la noticia relevante en el país”, comentó a La Tercera Bernard Gutiérrez, analista político, abogado y exsenador boliviano. “La noticia relevante en el país es que hemos salido de 20 años de un gobierno absolutamente antidemocrático, de un gobierno que ha malgastado más de 120 mil millones de dólares y que nos ha dejado en bancarrota”.

“La buena noticia es que hay un cambio de marcha en este país, afortunadamente”, destacó. Y sobre los dirigentes sociales, el exsenador arremetió: “Esos malos dirigentes, por supuesto que al sentir que han perdido el poder, están intentando lanzar amenazas al nuevo gobierno, porque se les han escapado de las manos los privilegios. Se les ha escapado de las manos la posibilidad de continuar recibiendo beneficios económicos y materiales de todo orden”.

“Así que, no es de extrañar que ellos, en este momento, estén planteando que van a movilizarse”, concluyó.

Por otro lado, no es buen augurio para los analistas el paso atrás del presidente en cuanto al área de la minería. “Yo creo que es una mala señal que Rodrigo Paz haya dado un paso atrás con la fusión de los Ministerios de Hidrocarburos y Minería para evitar los conflictos con el sector minero, que es uno de los sectores que ejerce mayores medidas de presión contra el gobierno históricamente en Bolivia”, valoró Bernardo Pacheco, académico boliviano de la Universidad de los Andes.

Y zanjó: “Estamos a puertas de un buen momento de cambiar las lógicas políticas para evitar que la ciudadanía boliviana siga siendo presa de bloqueos, de marchas. Y que se haga lo propio con otras cosas. Porque podríamos entrar en una vorágine de ingobernabilidad muy fuerte. Y no es lo que un país en crisis necesita”.

Los bolivianos “no queremos más ningún gobierno que nos imponga empresas para que nosotros seamos sus empleados”, declaró Seña. “No vamos a permitir que las tierras sean dotadas a los extranjeros para que vengan aquí a invertir y nosotros sigamos siendo empleados. No queremos ser más empleados de nadie”, concluyó.