La llegada del nuevo presidente del Consejo de Ministros peruano, Ernesto Álvarez Miranda, que juró el martes, no ha estado exenta de polémica debido a sus controvertidas declaraciones, que lo llevaron incluso a cerrar su cuenta de X.

Álvarez encabeza el gabinete de 18 ministerios, denominado de “transición y reconciliación”, que prestó juramento este martes, cuatro días después de que José Jerí asumiera la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte.

Por ejemplo, en sus intervenciones públicas y columnas de opinión ha cuestionado la forma en que el Congreso destituyó a Boluarte, y en su columna La Censura Presidencial, publicada en el diario Expreso, señaló que la vacancia fue “políticamente inevitable, pero jurídicamente reprochable”. “La demostrada incapacidad gubernamental no alcanza a constituir incapacidad moral permanente, habiéndose desnaturalizado el instrumento excepcional que la Constitución brinda y aplicado peor, sin conceder el debido proceso”, escribió.

Asimismo, advirtió sobre la influencia de grupos informales en la política: “El mayor problema sigue siendo la montonera que, de manera inconstitucional, lleva al sillón de Pizarro a cualquiera, sin más normatividad que los reportajes militantes de la TV, sin mayor racionalidad que la violencia desatada en la calle, disfrazada de ‘protesta social’, que recluta a estudiantes eternos, barras bravas y a desocupados de la ciudad y del campo”.

Álvarez también se pronunció sobre las manifestaciones surgidas tras la vacancia de Boluarte. Además, sostuvo que tras la destitución de la mandataria “se viene una violenta marcha subversiva, por una Constitución socialista que sepulte la economía de los peruanos”. En sus mensajes alertó que los paros de transportistas y las convocatorias de la llamada “generación Z” no eran meras protestas sociales, sino intentos de “acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente”, involucrando estudiantes, barras bravas y personas desocupadas.

La declaración que más ha sacado ronchas la realizó en septiembre pasado, cuando en su cuenta de X se refirió a las manifestaciones y las vinculó con una organización terrorista. En dicha publicación, el ahora primer ministro afirmó: “Heredera del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la banda que quiere tomar por asalto a la democracia para controlar las elecciones de abril (de 2026) no representa la juventud que estudia y trabaja por un futuro”.

En el medio LP Derecho en octubre del 2023, durante una entrevista, Álvarez hizo referencia al momento en el que “se jodió el Perú” -icónica frase del libro Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa- y sostuvo que ese punto de la historia se encuentra en la independencia del Perú.

Según Álvarez, el país no tuvo la posibilidad de impulsar su propia emancipación desde dentro, en un proceso que podría haber tardado un siglo extra, por lo que la independencia del Perú podría haber llegado en 1921.

“El momento en que se jodió el Perú fue cuando fue independizado por los vecinos, por argentinos y chilenos primero y luego por colombianos. Porque allí se quebró la posibilidad de generar una evolución a lo largo de un siglo más que hiciera factible el hecho de que las contradicciones que existían en el virreinato se agudizaran de forma natural y surgiera el ímpetu emancipador, pero desde dentro, desde la propia sociedad peruana”, afirmó el ahora presidente del Consejo de Ministros.

Álvarez defendió su postura al indicar que, con el impulso externo, algunos territorios de comunidades mestizas e indígenas terminaron en manos de generales y oficiales de la emancipación, en su mayoría colombianos, chilenos y argentinos.

“Muchos de ellos van a vender sus tierras a una nueva oligarquía. Eso quiebra las relaciones sociales y económicas ancestrales del Perú y aquellas que se habían formado en el virreinato”, detalló Álvarez a LP Derecho.

El portal Infobae señaló que una de las declaraciones de Álvarez que podrían discutirse al interior del gobierno del presidente José Jerí es la posibilidad de que el Perú denuncie el Pacto de San José y salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto por un pedido expreso de varias autoridades locales, que insisten en la aplicación de la pena de muerte en el país y consideran que esa será una herramienta útil para luchar contra el crimen, pero Álvarez no está de acuerdo con esta solicitud.

En declaraciones brindadas al programa Visión Central, de Cable Visión TV, Álvarez sostuvo que “lo normal es que la actitud de un tirano, de un dictador, genere el retiro de la Convención, porque ese es un límite jurídico del derecho internacional a la actuación política”.

Álvarez mostró su rechazo a la posibilidad de que el país abandone este organismo y destacó la importancia de contar con una instancia supranacional que actúe como resguardo frente a posibles excesos del poder.

“Necesitamos un organismo, un tribunal de derechos humanos que esté por encima de los Estados y cuando hay una violación flagrante, evidente de derechos humanos por parte, por ejemplo, de nuestros gobiernos, que muchas veces pueden caer en manos de dictadores”, dijo.

Antes de incorporarse al gobierno de José Jerí, Álvarez integró la comisión consultiva de constitucionalistas que asesoró a la expresidenta Dina Boluarte. En ese rol intervino en la interpretación del marco legal y la relación entre Ejecutivo y Congreso.

Además, formó parte del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y presidió la institución entre 2012 y 2013, consolidando su reputación como jurista con enfoque conservador en asuntos institucionales y sociales. Tras su salida del TC, mantuvo actividad académica y política, vinculado al Partido Popular Cristiano, donde desempeñó roles consultivos y de asesoría.

Durante su gestión formó parte de la mayoría de magistrados que votó para negar la calificación de crímenes de lesa humanidad a los sucesos del penal El Frontón en 1986, argumentando que se trató de la acción estatal frente a un “motín violento de terroristas”. Esta sentencia también fue anulada años más tarde por el ingreso de nuevos magistrados.

En una carta enviada al Partido Popular Cristiano, Álvarez solicitó la suspensión temporal de su militancia, indicando que su decisión respondía a “un deber con el país” y no a intereses personales o partidarios: “Sé que nada tengo que ganar, pero no puedo permanecer al margen”.

El Ministerio Público ha recibido seis denuncias contra Álvarez por supuestos delitos de difamación, corrupción, secuestro y violación sexual. El ahora premier se ha defendido públicamente de estas acusaciones, afirmando que los casos de secuestro y violación “eran absolutamente inconsistentes” y que, además, ni siquiera conoce a la persona que lo acusó. Hasta el momento, no se menciona que exista alguna condena en su contra.

Su perfil político incluye un acercamiento al partido Fuerza Popular, habiendo participado como expositor en la “Escuela naranja”, un espacio de formación política gestionado por dicha agrupación liderada por Keiko Fujimori.