En medio de las controversias por el uso irregular de licencias médicas -que involucran a más de 25.000 funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencia y a 250 ginecólogos que atendieron partes en clínicas privadas mientras estaban con reposo en su hospital-, el gobierno promulgó este sábado una nueva ley que refuerza la fiscalización y endurece las sanciones por la emisión fraudulenta de estos documentos. Esto, luego del compromiso adquirido tras la ley corta de isapres.

Pero ¿qué cambios concretos establece esta nueva normativa?

Emisión de licencias

La nueva norma permite dar permisos únicamente a los médicos cirujanos, cirujanos dentistas o matronas, que se encuentren debidamente inscritos y legalmente habilitados en el Registro Nacional de Prestadores otorgar licencias médicas. También será necesario aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) para dicho fin.

Además, si la atención es a distancia o por telemedicina, los profesionales que emitan licencias también tendrán que estar autorizados para trabajar en ese formato. Es decir, no basta con ser médico: deben contar con el permiso para hacer consultas online y usar una plataforma tecnológica que respete los derechos de los pacientes. Esa plataforma, además, tendrá que llevar un registro claro de todas las atenciones realizadas.

Fiscalizaciones

Para verificar el correcto uso del reposo, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) podrán solicitar a los médicos la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias.

En casos excepcionales, la Compin podrá citar a los profesionales a una audiencia para aclarar aspectos del otorgamiento de la o las licencias, y podrán ampliar el plazo para entregar los antecedentes o informes complementarios, si corresponde, hasta el máximo de siete días hábiles.

En el caso que el especialista no entregue lo solicitado dentro del plazo señalado o aquellos fueran insuficientes, o no asista injustificadamente a las citaciones, la comisión mediante resolución fundada aplicará la sanción de multa a beneficio fiscal de entre 10 y 50 Unidades Tributarias Mensuales, es decir entre $ 600 mil y más de tres millones.

En casos calificados, la comisión podrá, además, suspender la venta de formularios de licencias médicas y la facultad de emisión de licencias médicas electrónicas o de papel por hasta treinta días hábiles, medida que se renovará automáticamente mientras persista la conducta del profesional.

En el supuesto de existir antecedentes que acrediten que el profesional ha incurrido en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas, la Compin deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Además de dotar de más facultades a los organismos para fiscalizar, la legislación crea un registro público de sanciones y un canal de denuncias anónimas.

Sanciones

Si un profesional emite licencias médicas sin justificación médica -es decir, sin una patología que cause incapacidad temporal o sin atención de salud asociada-, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) podrá iniciar una investigación. El profesional será notificado y tendrá 10 días hábiles para presentar antecedentes clínicos que respalden la licencia, pudiendo solicitar estos documentos a la institución donde atendió al paciente.

Si no presenta los antecedentes, la Suseso podrá suspender su facultad de otorgar licencias por 15 días, prorrogables hasta tres veces. Una vez concluida la investigación, si se comprueba la emisión irregular, se aplicarán sanciones que van desde suspensiones temporales y multas, hasta la suspensión perpetua del derecho a emitir licencias y la cancelación del registro profesional. Además, las sanciones aumentan progresivamente en caso de reincidencia, con multas de hasta 600 UTM.

La ley también es clara que falsificar o emitir licencias falsas puede implicar presidio.

Balance y futuro

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, afirma que a pesar de esto, aún faltan normas: “La nueva ley, aumentando las multas y penas para los infractores por licencias fraudulentas va a servir, pero ello no basta. Aquí el robo ha sido al descampado y por los antecedentes que vamos conociendo podría haber otras aristas más complejas. No olvidar que los polares en los que se sustenta el crimen organizado son la impunidad y la corrupción”.

En ese contexto, recalca que “es tan importante que el gobierno ingrese el proyecto que prometió para este semestre, la reforma que moderniza realmente este sistema de otorgación de licencias, con altísimos estándares, avanzando realmente en la modernización del Estado”.

Su compañero de comisión, el senador Juan Luis Castro (PS), coincide en que “hay que terminar con el lamento y empezar a las acciones. La retórica debe quedar atrás y la sorpresa para dar lugar a medidas intervencionistas concretas. Ningún médico se va a sentir menoscabado si se establece un tope máximo mensual, diario o semanal para este instrumento que se ha desacreditado y degradado”.

Y afirma que el proyecto debe tener otras consideraciones: “Debe cambiarse el Estatuto Administrativo en el artículo 211 que establece un privilegio, que ha sido defraudado, que es pagar el sueldo antes de siquiera tramitar la licencia o verificar el reposo. Eso ha sido un factor de impunidad porque permite que un funcionario público a costo cero sabe que le van a pagar el sueldo entero y no se someta al régimen general”.

Durante la última sesión de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo se comprometió a ingresar un nuevo proyecto de ley sobre licencias, y, de acuerdo a diversas fuentes, este ya estaría en su etapa final de elaboración. Conocedores de esto señalan que apuntaría a regular el pago de remuneraciones de funcionarios públicos.