Un frágil panorama es el que descubrió la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) -organismo vinculado más a los municipios de derecha- a propósito de la seguridad municipal y el comercio ambulante en Chile. El organismo liderado por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), determinó carencias de los municipios respecto de la fiscalización municipal en torno al comercio ambulante y los problemas de seguridad que conllevan.

Un trabajo de la entidad detectó que solamente la mitad de los municipios tienen una ordenanza municipal (normas locales) respecto del comercio ambulante y el 70% no tiene un catastro de los puntos críticos del comercio ambulante.

La metodología del estudio fue enviar solicitudes de acceso a la información a las 345 comunas del país de documentos. Solamente respondieron 308 municipios (89,3%).

Algunos de los principales hallazgos del estudio:

• El 50,3% de los municipios declara tener una ordenanza o reglamento vigente respecto del comercio ambulante, y el 37,3% no lo tiene.
• Un 69,1% de los municipios no cuenta con un catastro de los puntos críticos de comercio ambulante.
• Un 84,7% de los municipios cuenta con una especie de unidad dedicada a la seguridad local y un 6,2% no lo tiene.
• Un 6,5% de los municipios carece de institucionalidad dedicada a la seguridad local -a modo de departamento, por ejemplo- pero sí tienen a un encargado para el tema.
• El 87% de los municipios destina trabajadores exclusivos a la seguridad municipal.
• El 88,3% de los municipios no se encuentra en alguna asociación de seguridad junto a otras municipalidades.
• El 13,5% de municipios declara no tener la figura de inspector municipal. El promedio de inspectores municipales por comuna fue de 11 inspectores.

Otros datos recopilados por la AMUCH muestran que el promedio de la asignación presupuestaria para este 2026 en materia de seguridad fue de $505.549.976. Sin embargo, se recalca que en las grandes comunas metropolitanas con niveles altos de desarrollo, el monto más elevado alcanza los $1.730.708.743. En contraste, las comunas semiurbanas y rurales registran $91.822.190 en promedio.

En ese sentido es que el estudio de la AMUCH concluye que “el comercio ilícito ambulante además de ser un desafío municipal es ante todo un desafío urbano y territorial de escala nacional que requiere fortalecer la gobernanza local, articular capacidades regionales y desarrollar una política pública que reconozca la heterogeneidad territorial y las condiciones estructurales del fenómeno”.

Además, las grandes comunas metropolitanas declaran tener en promedio 271 cámaras de televigilancia, lo que supera el promedio nacional de 82 cámaras por comuna.

Esteban Díaz, director del Observatorio de Seguridad de la AMUCH, dice que “a partir de este estudio, como AMUCH detectamos un retraso en la implementación de la ley. Por ello, como asociación estamos trabajando activamente en apoyar a los municipios, tanto en la elaboración y actualización de ordenanzas de seguridad como en el levantamiento de catastros o mapas de puntos críticos, considerando que un 69,1% de las comunas declara no contar con este tipo de diagnóstico, clave para una gestión preventiva y eficaz de la seguridad local”.

Como conclusión, el estudio recalca que “abordar estos desafíos exige transitar desde intervenciones reactivas a modelos integrales, desde lógicas individuales a enfoques intercomunales, desde respuestas fragmentadas a políticas multinivel y desde marcos normativos desactualizados a sistemas de gobernanza coherentes con la realidad del comercio ilícito en Chile”.

Los descubrimientos se dan en un contexto en que diversos alcaldes empujaron con fuerza la Ley de Seguridad Municipal -que fortalece y da más atribuciones a este tipo de combates- en circunstancias que, según dicen en el mundo municipal, las deficiencias encontradas en el estudio se podrían haber reparado sin necesidad de contar con una nueva ley.