La discusión por el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 todavía no se instala formalmente en el Congreso, pero ya genera ruido por los recortes que se avecinan, entre ellos, para los Gobiernos Regionales, donde sus máximas autoridades han salido a criticar la decisión preliminar del Ministerio de Hacienda, liderado ahora por Nicolás Grau.

Tras una reunión sostenida con la Asociación de Gobernadores de Chile, el jefe de la billetera fiscal presentó a los gobernadores el recorte global del presupuesto regional, el que sería de un 1,9% y afectaría a 12 de las 16 regiones del país.

Las mayores bajas se concentran en Aysén (-6,9%), Maule (-6,2%), Los Lagos (-6,1%) y Arica y Parinacota (-5,8%). Coincidentemente, todas tienen gobernadores de oposición.

Desde la oposición, la crítica apunta a un “criterio político” en la distribución, pero desde Hacienda han negado esa lectura, a pesar de que, en contraste, solo cuatro regiones tendrían alzas presupuestarias: O’Higgins (6%), Antofagasta (5,3%), Tarapacá (2,2%) y Metropolitana (1,4%), que en todos los casos son lideradas por autoridades oficialistas.

Pero aun en ese marco, el rechazo a la medida no se ha limitado a un sector político. En el Congreso, desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente han salido a cuestionar los recortes en áreas sensibles como seguridad y, en este caso particular, descentralización.

Y ahora son los propios gobernadores los que apuntan a los criterios para esta definición y cómo la misma afectará los sectores estructurales de sus regiones.

Uno de ellos es el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (Ind.-UDI). “Nos hemos dado cuenta que, particularmente a todos quienes somos parte de Chile Vamos, la propuesta del ministro Grau viene con una disminución considerable. En contraposición, los gobiernos regionales que tienen mayor alza son aquellos donde sus gobernadores son progobierno. No hay espacio para darse esos caprichos, esos gustitos. El único espacio que hay es poner en valor la urgencia de los ciudadanos y la necesidad de los gobiernos regionales para dar respuesta”, advierte.

Un tono similar tiene el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), quien critica la falta de claridad en los elementos vistos por Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). “Nadie nos ha dado certeza de cuál fue el criterio que se ocupó para hacer este rebaje. Vemos que las regiones que estamos en oposición sufrimos recortes, mientras que a otras se les incrementa. Eso sería un atentado contra la descentralización y la inversión”, señala.

El gobernador maulino va más allá y anticipa las consecuencias en la ejecución regional que esta decisión tendría, donde “cerca del 45% de nuestro presupuesto se va en obras públicas y en salud: van a quedar caminos pendientes, alcantarillados pendientes, postas y Cesfam sin financiamiento. Es un tema complejo y me extraña que un Presidente que se dice regionalista hoy le esté dando la espalda a muchas regiones del país”.

En la misma línea, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), cuestiona con dureza la rebaja cercana al 6% que sufriría su región. “Es una pésima señal en lo que refiere a descentralización y traspaso de competencias. En el norte enfrentamos problemas graves como delincuencia, crimen organizado, mosca de la fruta, aislamiento y poca conectividad. Esta disminución nos deja sin herramientas para seguir impulsando proyectos y programas para los ariqueños y parinacotenses”, advierte.

La autoridad regional también recuerda que el Ejecutivo promueve el Plan Arica 100, lo que -a su juicio- resulta contradictorio con el recorte realizado. “Vamos a necesitar recursos y mayores flexibilidades para invertir, pero con esta reducción es imposible avanzar. Más aún, parece un castigo, porque aunque en 2024 quedaron sin ejecutar cerca de $ 10 mil millones, eso no justifica restarle presupuesto a una gestión nueva, con un gobernador nuevo y con una visión para los próximos cuatro años. Es injusto y esperamos un cambio de parecer del ministerio”.

En tanto, algunos gobernadores oficialistas, aunque no atribuyen los recortes directamente a un criterio político, también han manifestado su preocupación por la definición presupuestaria y por el impacto que esta tendrá en sus regiones.

En la región del Ñuble, el gobernador, Óscar Crisóstomo (PS), asegura que un recorte del 5% se traduce en impactos concretos para la región que hoy lidera. Ejemplo de ello, dice, “en Ñuble hablamos de proyectos como sistemas de agua potable rural, mejoramiento de postas de salud, infraestructura educacional y espacios públicos comunitarios. Todas son iniciativas que impactan directamente en la vida de las personas”.

El jefe regional añade que, en un escenario de desempleo creciente, “un ajuste de este tipo va en la dirección contraria, en vez de generar más inversión y empleo, nos resta impulso justo cuando más lo necesitamos”.

Mientras tanto, su par de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), sostiene que en la propuesta del Ejecutivo para 2026 “el programa 01 para el Gobierno Regional de Valparaíso tiene un incremento que equivale a algo así como a $ 8.591 millones”, mientras que “el programa de inversión equivale a algo así como menos $ 103.000 millones”. Ante este escenario, el jefe regional asevera en que “nunca quedamos conformes” con los montos asignados. “Hemos insistido tanto en que hoy día haya una ley de royalty portuario, que haya una ley de regiones más fuertes, donde las empresas que explotan recursos naturales dejen tributo en nuestra región (...). Que haya recursos de manera tal de poder contar con mayor agilidad, con mayor suficiencia y con mayor autonomía en materia presupuestaria”, asevera.

El gobernador de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), manifiesta su preocupación ante los recortes presupuestarios anunciados por Hacienda, asegurando que estos impactarán directamente en la planificación regional.

“Se verán afectados proyectos de infraestructura, compra de activos no financieros para los municipios y salud, y también se verán afectados los recursos que entregamos a las distintas iniciativas que nos presenta la comunidad organizada -8%-, por consiguiente, afectarán todas las áreas de desarrollo incluida la demanda de los propios servicios sectoriales donde colaboramos con distintas iniciativas, como salud, conectividad, transporte, fomento productivo, entre otros”, expone.

Frente a este escenario, Cuvertino explica que, de concretarse la reducción, la priorización de los recursos se definirá en base a la Estrategia de Desarrollo Regional y al plan de Gobierno de su segundo período, junto al trabajo del Consejo Regional.