El 29 de noviembre del 2024 llegó a través de la ventanilla única de la Contraloría General de la República el Decreto Supremo Nº 38. Dicho documento, proveniente del Ministerio de Bienes Nacionales y firmado por el Presidente Gabriel Boric, ingresó ante el organismo encabezado por la contralora Dorothy Pérez para su toma de razón y que autorizaba la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Un mes después esa adquisición se frustró dada la ilegalidad constitucional que implicaba que el Estado adquiriera la vivienda de Guardia Vieja siendo propietarias dos autoridades: la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende. El caso terminó con los 30 años de carrera política de la emblemática legisladora y expresidenta del PS luego de que el 3 de abril el Tribunal Constitucional la destituyera de su cargo y también gatilló la salida de Fernández del gabinete del Presidente Boric.

Para conocer cómo se tramitó la toma de razón del decreto que autorizó la compra, el fiscal que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias en este caso, Patricio Cooper, tomó declaración a los funcionarios de la Contraloría.

Los funcionarios -todos abogados- detallaron inicialmente cómo se procesa este tipo de requerimientos: tras ser ingresados a la Contraloría son derivados a la División Jurídica, la que por esos días era encabezada por el jefe subrogante Cristián Oliver. Al interior de dicha repartición lo veía el Comité de Bienes Públicos, dirigido por Luis Baeza, donde debe ser analizado por un “abogado informante”. En este caso correspondió a Valeria Hoffman.

En 15 días, según lo establece la regulación, tanto Hoffman como Baeza y Oliver revisaron en diferentes instancias el documento, hasta que se tomó razón por parte de Víctor Merino, contralor subrogante y quien realmente es el jefe de la División Jurídica de la Contraloría.

Todos los funcionarios remarcaron que ellos revisaron el decreto que autorizaba la compra, no en el que se compraba. Por ende no advirtieron la inconstitucionalidad.

Estas declaraciones se suman a la del jefe de la División de Función Pública del ente contralor, Alejandro Riquelme, quien en la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de gabinete de la Contraloría y quien afirmó ante el ente persecutor que lo contactó el jefe de gabinete de la ahora exsenadora, Claudio Hurtado, para acelerar la venta de Guardia Vieja.

El ruido

Uno de los primeros en prestar declaración ante el ente persecutor fue Cristián Oliver, quien fue el encargado de despachar el análisis de la documentación al contralor (s). Ante los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el abogado afirma que en la primera página del decreto salía quiénes eran las dueñas de la propiedad a comprar por el Estado, pero no correspondía a ellos cuestionarlo.

Según su declaración, “la verdad que el estudio de la inhabilidad constitucional que pesaba sobre esta autorización de compra no se hizo porque simplemente no correspondía hacerlo, no era la oportunidad, solo era un acto previo de autorización como ya lo mencioné, porque esas autoridades podían, por ejemplo, ceder sus derechos a futuro”.

Pese a eso, afirma que “en este caso en concreto como equipo conversamos por qué el Estado estaba interesado en adquirir estas casas presidenciales, por cuanto podría traer ruido político, pero no por la naturaleza de los decretos en sí”.

Más adelante en su declaración Oliver vuelve a ser consultado si observó algún aspecto “controvertido o riesgoso”, respondiendo que “no” y que observó “solo el ruido político que podría llegar en un futuro, pero no porque figuraban las autoridades y existiese incompatibilidades constitucionales, sino que el Estado mismo comprase estas casas presidenciales. Todo esto quedó en una conversación de pasillo y de equipo, mas no lo representé a ninguna jefatura o instancia posterior”.

Misma opinión que también expuso en su declaración el contralor subrogante, Víctor Merino, quien ante la PDI afirmó que “mi análisis jurídico concluyó que no era el momento jurídico de referirse a tal aspecto, por cuanto, como se indicara, la finalidad de este acto solo es autorizar la compra y, como hay 2 actos administrativos que deben sucederse en el tiempo, considero que el acto administrativo donde se deben analizar las eventuales inhabilidades o prohibiciones es aquel en que se aprueba la escritura de compraventa”.

En esa línea, confirmó lo que dijo Oliver, ya que “de los abogados que intervinieron en el proceso de revisión ninguno me representó algún tipo de inconveniente respecto del tema de eventual inconstitucionalidad”.

La abogada Hoffmann, quien analizó y estudió el decreto en particular, afirmó en su declaración que “de todas maneras, en caso de que se hubiese llegado al segundo decreto, en esa oportunidad, tendríamos que haber revisado si se infringía la normativa aplicable al caso”.

Sobre esto último Merino, por su parte, agregó que la contralora Pérez “también estaba de acuerdo con esta misma posición, respecto de que este reproche solo se debe hacer en la segunda etapa”.

Las gestiones de Moya

El mismo jefe jurídico subrogante dijo que luego que el caso se hizo público, la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, pidió alternativas a la Contraloría para dejar sin efecto el decreto que autorizaba la compra.

Oliver aseguró en su declaración que esa solicitud directa de la jefa jurídica de la Segpres fue informada al gabinete de la Contraloría, quienes hicieron “la bajada a mi persona, para examinar alternativas de solución del caso para dejar sin efecto la autorización de compra”.

Esa solicitud de Moya, afirma, venía “acompañada de una propuesta que ya venía preparada de la Segpres con diferentes alternativas de solución”. Aquello fue analizado por el comité de Bienes Públicos, quienes le remitieron a Oliver una minuta, con la cual, afirma, “no estuve de acuerdo”.

Ante el subcontralor (s), Oliver le expuso su opinión, “ocasión en que manifesté que a opinión personal no nos siguiéramos involucrando en este asunto, sino que la misma Segpres o Bienes Nacionales actuaran por sus delegaciones”. Ante la pregunta sobre por qué recomendó aquello, el jefe jurídico (s) afirmó que fue porque “nos expondríamos nuevamente al ruido político que ya habría surgido, proponiendo lo antes señalado en base a la delegación, y que pidieran nuestra intervención solo a propósito de una nueva toma de razón”.

“Habría sido bueno no actuar tan encima del tiempo”

Ante los investigadores del caso también advirtieron sus reparos del proceso. El jefe jurídico (s), por ejemplo, afirmó que el Decreto 38 “venía en plazos, es decir, dentro de los 15 días reglamentarios”, pero sostuvo que en el sistema “recuerdo que Rodrigo (Luis Rodrigo Baeza) aun así pidió urgencia en su tramitación, pero en razón al plazo que tenemos como división que son 13 días, no 15″.

Sobre aquello, el propio Baeza explicó a la Fiscalía que aquello se debió a que “activé el botón de urgencia, pero a mí no se me solicitó que le otorgara urgencia para darle alguna preferencia a la tramitación, la urgencia se la di casi al final de la tramitación más que nada para cumplir con las metas institucionales”.

Otra de las advertencias la hizo Hoffman, quien junto con afirmar que al Ministerio de Bienes Nacionales se le presentaron algunos reparos administrativos y rutinarios, sostuvo ante la PDI que “dentro del mismo decreto a mí me llamó la atención el tema de las tasaciones y el precio final fijado en el Decreto N° 38. Esto porque las tasaciones eran superiores al valor de compraventa fijado y porque el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural fue quien solicito las 3 tasaciones que venían acompañando el decreto mencionado y siendo importante señalar que no fueron solicitadas por la familia Allende Bussi".

Al término de su declaración Oliver también fue consultado sobre su reflexión del caso. Ante esa pregunta, afirmó que “habría sido bueno no actuar tan encima del tiempo, ya que me podía haber dado tiempo de percatar de ciertos antecedentes que al día de hoy son tan debatidos”.

“Son pensamientos que surgen a raíz del ruido político que ha surgido y de lo comunicacional del caso, pero las acciones ya están hechas, aunque jurídicamente insisto que actuamos conforme a derecho, como lo hemos hecho en todos los casos similares”, concluyó.