La Corte Suprema sesionó en audiencia la mañana de este martes para escuchar los alegatos en el marco del cuaderno de remoción del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

En un Pleno que se había adelantado como reñido, el máximo tribunal determinó mantenerlo en su cargo ya que no se alcanzó el cuórum de mayoría que exige la remoción.

El proceso disciplinario contra el magistrado se originó por la publicación de diálogos que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla, el influyente exasesor del Ministerio del Interior imputado en el llamado caso Audio.

Se le reprochó la “permanente y reiterada búsqueda” de nombramiento de jueces afines cuando Hermosilla tenía línea directa con La Moneda.

También se le cuestionó por su actuar en la disputa entre Jorge Yarur Bascuñán, dueño del Museo de La Moda, y su primo Daniel Yarur Elsaca, caso en el que se pidió que se inhabilitara por su cercanía con Hermosilla, cuando el penalista representaba a Jorge Yarur junto a Samuel Donoso.

El análisis del caso de Ulloa fue precedido por la sanción a otra ministra de la Corte de Santiago con vínculos con Hermosilla, hace 20 días, cuando el máximo tribunal decidió la remoción de Verónica Sabaj al estimarse que incurrió en actuaciones que transgredían su deber de probidad.

Domingo Hernández, el abogado defensor de Ulloa, fundamentó su exposición ante los ministros de la Suprema apuntando a la proporcionalidad de sanciones de este tipo.

Desde el entorno del magistrado se acusó la orquestación de una campaña comunicacional en su contra que lo llevó a enfrentar una depresión y mantenerse con tratamiento psiquiátrico.

Tras la exposición del abogado Hernández, a las 10.30 horas, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco informó que harían un receso para deliberar antes de dar a conocer su decisión.

Luego de una hora, la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo. informó del empate en la votación.

El presidente de la Corte, Ricardo Blanco y Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, María Soledad Melo, Mireya López y la ministra suplente Eliana Quezada, estuvieron por decretar la remoción. Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Diego Simpertigue, Arturo José Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, María Teresa Letelier y Adelita Ravanales, votaron por no remover al magistrado.

La norma para sancionar por mal comportamiento a un magistrado exige el apoyo de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema, es decir, un mínimo de 11 votos, por lo que no se cursó la remoción.

La carrera judicial de Ulloa

Durante la pandemia de coronavirus, en abril de 2021, en modalidad virtual, Antonio Ulloa juró como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en la vacante por la promoción de Leopoldo Llanos a la Suprema.

Ulloa ingresó a integrar la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino.

El abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó desde noviembre de 2012, la que presidió en los años 2013 y 2017.

El letrado ingresó al Poder Judicial en 1989 como oficial tercero del 4° Juzgado del Trabajo de Santiago, sirviendo el mismo cargo en el 6° Juzgado del Trabajo (agosto 1991) y posteriormente los cargos de oficial segundo del 8° Juzgado del Trabajo de Santiago ( octubre 1991); oficial primero del 9° Juzgado del Trabajo de Santiago (1993); secretario del 29° Juzgado del Crimen de Santiago (1995); relator de la Corte de Apelaciones de Santiago (1997); juez del 7° Juzgado de Garantía (2003) y del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (2005).

Arista penal

Además de este proceso disciplinario administrativo, se sigue contra Ulloa una investigación penal desformalizada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, dirigida por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Este 2 de octubre, en tanto, se realizará una audiencia para debatir la competencia de ese tribunal, considerando que en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se están investigando hechos vinculados en una causa originada por una denuncia de los diputados del Partido Socialista Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini respecto a actuaciones que a juicio de los legisladores podrían constituir los delitos de tráfico de influencia, cohecho y o prevaricación.