El 29 de diciembre de 2025 el entonces fiscal Eduardo Ríos, integrante del equipo investigativo del caso ProCultura, activó una ofensiva en contra de quien fuera su superior jerárquico, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por maltrato laboral.

Por medio de un escrito enviado a través de los canales formales que mantiene el Ministerio Público, el investigador describió haber sido víctima, por meses, de un tipo de hostigamiento “que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida”, responsabilizando al persecutor regional de esos hechos.

Según la denuncia de Ríos, fue víctima de “espionaje a través de terceros para desestabilizar, aislamiento, desautorización, control no transparente, instrucciones contradictorias que generan desorientación y desgaste, y silencio jerárquico cuando intento aclarar y ordenar. Todo eso, acumulado en pocas semanas y en causas sensibles, no sólo me afectó emocionalmente; afectó la operación, dañó la confianza interna y debilitó mi función como jefe“.

Producto de ello, el 5 de enero de 2026 desde la Fiscalía Nacional se instruyó la realización del respectivo sumario, quedando a cargo el entonces fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, hoy fiscal regional del Biobío.

Los hechos agitaron las aguas en la Fiscalía de Antofagasta, pues tuvieron lugar justo cuando dicha repartición enfrentaba sucesivas derrotas en torno al caso de los convenios suscritos por ProCultura con distintas reparticiones.

Eso sí, lo esbozado por Ríos era sólo una parte de la historia, pues en su arremetida nada dijo de los reclamos que había en su contra por parte de defensas y de otros funcionarios de la Fiscalía, que daban cuenta de que era él quien tenía actitudes cuestionables. De hecho, la defensa de Claudio Orrego en el caso ProCultura estampó un reclamo formal por ello, lo que también derivó en que se iniciara una indagación a su respecto.

Como sea, el fiscal Garrido desplegó una serie de acciones para despejar si lo denunciado por el entonces fiscal -que presentó su renuncia ante el fiscal nacional durante el verano- tenía asidero y el 29 de julio de 2026 decidió cerrar la indagatoria y remitió los antecedentes a Ángel Valencia, quien tuvo la última palabra.

Mediante esa comunicación Garrido propuso sobreseer sin cargos a Castro Bekios, por no haber acreditado ninguno de los hechos descritos por Ríos, lo que fue confirmado por el máximo persecutor hace alrededor de dos semanas y comunicado al fiscal regional.

En el documento que envió Valencia, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, se hizo presente que las adecuaciones que hizo Castro Bekios al equipo que llevaba ciertas indagaciones -y que para Ríos constituía menoscabo- se ejecutaron conforme las atribuciones que mantiene como fiscal regional. Así, se descartó actuar abusivo.

De la misma forma, se destacó que no se advirtieron elementos referentes a que Ríos fuese excluido de instancias donde se analizaban las pesquisas instruidas. Tampoco se obtuvieron antecedentes que dieran cuenta de que Ríos era desautorizado sin la pertinente argumentación.

Se desechó, igualmente, que el referido fiscal regional mantuviera una conducta hostil contra Ríos.

Consultada la Fiscalía Regional de Antofagasta por la determinación de Valencia, declinaron hacer comentarios.