El anuncio del gobierno de que en los próximos días ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de aborto legal, ha generado una serie de reacciones en el mundo político, desde el rechazo, pasando por críticas al plazo en que fue presentado y hasta su respaldo total.

El tema siempre ha generado controversia en el país, pero como insumo al debate es necesario conocer cómo ha evolucionado en términos legislativos y cuál es la realidad del país respecto del resto del mundo sobre interrupción del embarazo.

Una larga historia

El aborto irrumpe en la legislación penal chilena en 1874, bajo el título “Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública”. La ley, en este caso, se hacía cargo de las sanciones al aborto que ya venían de la época colonial.

Más adelante, en 1931 al dictarse el Código Sanitario se autorizó el aborto terapéutico. En su Artículo 226 se señalaba que “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, lo que requerirá la opinión documentada de tres médicos facultativos”.

Además, la norma establecía que “cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso o por falta de facultativos en la localidad, se documentara lo ejecutado por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquel el testimonio correspondiente”.

En una modificación al Código Sanitario en 1968 el texto respecto al aborto se hizo incluso un poco más flexible, sosteniendo que solo con fines terapéuticos se podría interrumpir un embarazo y “para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.

Esta legislación estuvo vigente hasta 1989 cuando la Junta Militar, la que ejercía como órgano legislativo, prohibió toda acción cuyo fin sea provocar un aborto, fundándose en el N° 1 del art. 19 de la Constitución de 1980 que dice: “La ley protege la vida del que está por nacer”.

Pese a que un principio no existían los votos suficientes, finalmente en 2017 el Congreso aprobó el proyecto, el que pasó al Tribunal Constitucional, materializándose en la Ley N° 21.030, que despenalizó la interrupción del embarazo en caso de: peligro para la vida de la mujer; inviabilidad fetal de carácter letal; y embarazo por violación. En el caso de menores de 14 años, se requiere autorización del tutor legal, y ante su negativa se puede recurrir a la justicia. Además, regula la objeción de conciencia del personal sanitario en actos de interrupción del embarazo.

Situación en otros países

En tanto, la situación en países de la región y en el mundo es dispar respecto del aborto.

Según datos entregados por Corporación Humanas a La Tercera, se ha observado una tendencia hacia la liberalización del aborto en países como Argentina, legalizado hasta la semana 14 en 2020; Colombia, despenalizado hasta la semana 24 en 2022; y México, despenalización a nivel federal en 2023 (23 de los 32 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación).

Efectivamente Colombia es el país con el límite gestacional más alto para abortar libremente. El aborto es legal en ese país hasta la semana 24 de gestación, lo cual lo coloca como el país de América Latina con los derechos sexuales y reproductivos más amplios.

En tanto, según el Centro de Derechos Reproductivos durante los últimos 30 años, más de 60 países y territorios han liberalizado sus leyes sobre el aborto, y solo cuatro países han restringido su marco legal: Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador y Polonia.

Según la misma organización 662 millones de mujeres en edad reproductiva (el 34%) viven en 77 países que permiten el acceso al aborto bajo petición, con leyes que tienen límites gestacionales de un promedio de tres meses. Por otro lado, 457 millones (23%) viven en doce países que permiten el aborto por razones socioeconómicas amplias.

Por ejemplo, en Brasil, al igual que en Chile, está permitida la interrupción del embarazo en las mismas causales. En ese país, las penas van de uno a tres años de prisión para la persona que practique un aborto fuera de esas causales, y de uno a cuatro años de prisión para el médico o cualquier otra persona que lo practique.

En países como Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Perú y Guatemala solo se permite el aborto en situaciones en que la vida de la persona embarazada está en riesgo y otras situaciones excepcionales.