La Contraloría General de la República emitió este martes un instructivo que confirma el carácter obligatorio y vinculante de los exámenes de drogas para altas autoridades del Estado y señala un plazo claro para su cumplimiento, indicando que este debe realizarse al momento de asumir el cargo o, a más tardar, dentro de los 30 días posteriores.

La directriz firmada por la jefa del organismo Dorothy Pérez, basada en el artículo 110 de la Ley N° 21.806, establece que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio deben someterse a un control de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, mediante una muestra de pelo, cuyos resultados además deben ser públicos.

Incumplimientos pueden constituir infracción legal

El instructivo viene a zanjar el debate sobre el alcance temporal de la norma, precisando que la obligación no es discrecional ni diferible, sino que debe cumplirse dentro de un período claramente definido desde la asunción de funciones.

Este punto resulta clave, ya que diversas autoridades del actual gobierno -que llevan más de un mes en sus cargos- no han realizado aún el examen, lo que abre la posibilidad de un eventual incumplimiento legal.

Además, la situación se complejiza en el caso de algunos secretarios regionales ministeriales (seremis) que dejaron sus funciones pocos días después de asumir, sin que exista claridad sobre si alcanzaron a cumplir con la exigencia.

“El incumplimiento por parte de un/a ministro/a de Estado de las obligaciones previstas en el artículo 110 de la ley N° 21.806 -tales como la negativa a someterse al examen inicial en la oportunidad ya indicada, o a los exámenes periódicos durante el ejercicio del cargo, o cualquier actuación destinada a eludir o desnaturalizar el control legalmente exigido-, puede configurar una infracción al principio de probidad administrativa y un incumplimiento de un deber legal expreso, aun cuando ello no dé lugar a la instrucción de un sumario administrativo en los términos ordinarios”, señala la directriz.

Críticas desde el Congreso

Tras conocerse el instructivo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó que la resolución de Contraloría respalda las denuncias realizadas por parlamentarios de oposición.

“La Contraloría confirma que la obligación es vinculante, que el plazo está corriendo para algunos (y cumplido para otros), y que hay una fiscalización en curso sobre el cumplimiento del gobierno”, señaló el legislador, quien junto a la senadora Daniella Cicardini había solicitado un pronunciamiento del organismo fiscalizador.

El parlamentario agregó que “nos dijeron que era show. La Contraloría dijo otra cosa. Estaremos atentos a lo que viene”, enfatizando que ahora corresponde determinar si las autoridades cumplieron o no con la normativa.

Además, la contralora respondió a los legisladores con un oficio, precisando que hay fiscalizaciones en curso para confirmar posibles incumplimientos de autoridades.

Una obligación legal permanente

A diferencia de experiencias anteriores -como los exámenes aplicados durante el gobierno de Gabriel Boric bajo la Ley de Presupuestos-, la actual normativa tiene carácter permanente, lo que implica que el control de drogas será una exigencia estructural para futuras administraciones.

También se establece que estos exámenes deben repetirse al menos dos veces al año durante el ejercicio del cargo, reforzando los estándares de probidad y transparencia en la función pública.

Desde el Congreso, los impulsores del requerimiento habían insistido en que el punto central no solo es el cumplimiento del examen, sino también la publicidad de sus resultados.

En esa línea, plantearon interrogantes sobre si las autoridades ya se sometieron al test y, de ser así, por qué no se han dado a conocer los resultados, tal como exige la normativa vigente.