El proyecto de “Reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social” presentado recientemente por José Antonio Kast parte de un diagnóstico difícil de controvertir: Chile enfrenta un período prolongado de bajo crecimiento, deterioro social y pérdida de dinamismo. Las cifras de estancamiento, aumento del déficit fiscal y retrocesos en indicadores clave reflejan un problema estructural que requiere una respuesta decidida e innovadora que no se observa en el proyecto de la actual administración.

En ese contexto, la propuesta tiene un mérito inicial: reinstala el crecimiento económico como prioridad política. Asimismo, incorpora algunas medidas que apuntan en la dirección correcta, como la agilización regulatoria, orientada a reducir plazos, aumentar la certeza jurídica y facilitar la ejecución de proyectos de inversión. Sin embargo, aunque el proyecto se presenta como una estrategia integral de reconstrucción, lo propuesto resulta insuficiente para avanzar en una estrategia de desarrollo. Instrumentos como la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas o la repatriación de capitales con tasas preferentes son de impacto directo, pero por su naturaleza acotados en el tiempo y en su capacidad de incidir sobre los determinantes estructurales del crecimiento. Algo similar ocurre con la reducción del impuesto corporativo: más allá de sus inciertos efectos sobre la inversión en el largo plazo, su impacto fiscal es inmediato, reduciendo la recaudación y estrechando los márgenes para la inversión pública y los apoyos sociales.

Pero el problema de este proyecto que declara buscar devolver a Chile a la senda del progreso es más de fondo. El enfoque general del proyecto descansa en una lógica conocida: abordar los problemas de crecimiento principalmente a través de la reducción de fricciones regulatorias y tributarias, con la expectativa de que el crecimiento siga como consecuencia natural. El problema es que esa premisa resulta insuficiente para las condiciones del Chile actual.

Chile no enfrenta únicamente una desaceleración transitoria. Enfrenta una caída persistente en su productividad, una estructura productiva que requiere mayor sofisticación y un sistema de formación de capacidades que no logra responder plenamente a las exigencias actuales. Estos desafíos no se resuelven únicamente mediante la reducción de costos regulatorios y tributarios, que es donde se concentra el grueso de las medidas propuestas. En economías como Chile, retomar el desarrollo exige algo más que dinamizar la inversión. La evidencia comparada muestra que el crecimiento sostenido depende, en buena medida, de factores más profundos: capacidad de innovación, calidad institucional, desarrollo de capacidades y orientación estratégica del desarrollo. En ese contexto, el rol del Estado no se limita a corregir fallas o reducir fricciones, sino también a coordinar, habilitar y, en ciertos ámbitos, orientar procesos complejos que el mercado por sí solo no resuelve. Por ello no es casual que parte del debate reciente haya comenzado a desplazarse hacia esa dirección. Iniciativas como “Chile 2050” enfatizan la necesidad de una visión compartida de largo plazo, basada en capacidades, coordinación y propósito común.

En este contexto, el riesgo del enfoque detrás de las medidas que se proponen es claro: buscan reactivar la economía sin alterar las bases de su bajo crecimiento.

Pero hay otro elemento fundamental que tiende a quedar en segundo plano. El crecimiento sostenido no descansa únicamente en decisiones individuales ni en incentivos económicos bien calibrados. Requiere también de una base social y comunitaria capaz de sostenerlo en el tiempo: personas formadas, instituciones confiables, redes de colaboración y un sentido compartido de propósito.

Durante años, una parte importante de la política económica asumió que el desarrollo emergería principalmente desde la suma de decisiones individuales, con un Estado limitado a facilitar ese proceso. Hoy, sin embargo, los desafíos son de otra naturaleza. No se trata de reemplazar al mercado ni de sobredimensionar al Estado, sino de construir una comunidad democrática más robusta: una sociedad de individuos libres, pero también conectados, capaces de emprender, innovar y colaborar en un entorno que los habilita y coordina.

Este proyecto aborda un tema urgente pero lo hace con un énfasis predominante en la reactivación de corto plazo. Deja en segundo plano lo esencial: construir las bases de un crecimiento sostenido, inclusivo y con sentido.

La pregunta, entonces, no es solo cómo volver a crecer. Es cómo construir un futuro común que haga sostenible ese crecimiento en el tiempo. Responderla exige ir más allá de la reactivación. Exige una estrategia que no solo reduzca fricciones, sino que construya capacidades: que articule inversión con desarrollo productivo, fortalezca instituciones y genere las condiciones para sostener el crecimiento en el tiempo.

El esfuerzo de estos próximos 4 años no puede limitarse a recuperar el ritmo perdido. El desafío es mayor: redefinir el rumbo sobre bases que permitan sostenerlo en el tiempo.

Por Raúl O’Ryan, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez, y Germán Quintana, Ex Secretario del Banco Interamericano de Desarrollo