“Este oro procede de una mina de un cartel de la droga colombiano. Nunca debería acabar en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Sin embargo, así sucede”.

Así inicia el reportaje del diario estadounidense The New York Times, una investigación que reveló la ruta del oro proveniente de fuentes irregulares y que, a sabiendas del origen del metal, termina siendo comprado por la oficina gubernamental de EE.UU.

Según la investigación, parte del oro de origen irregular que termina de la Casa de la Moneda de Estados Unidos procede de minas en la región de Caucasia, Antioquia, donde el Clan del Golfo -la principal organización criminal del país cafetero- controla la extracción y cobra cuotas de 400 dólares mensuales a los mineros informales. Y se trataría de miles de trabajadores en las minas.

Y esta extracción no solo estaría violando normas ambientales debido al uso de mercurio para la extracción de oro, sino que también financiaría actividades criminales.

El oro extraído se vende en locales de compraventa de la ciudad antioqueña, a quienes también se les cobraría la cuota. Aquí es donde se blanquearía el origen del metal. Los compradores locales declararían ante los registros que el oro tiene origen regular, cumpliendo las normas medioambientales y de extracción.

Luego, conscientes del origen del mineral, lo funden en lingotes. Los registros de exportación recabados por The New York Times muestran que lingotes por valor de cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año.

Oro “principalmente” estadounidense

Una vez en EE.UU., el oro es recibido por refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con oro proveniente de todas partes del mundo, incluyendo el mismo país norteamericano. Aquí es donde, según el reportaje y para los efectos de regulación estadounidense, el metal -de origen colombiano y fraudulento-, se “nacionaliza”.

La mezcla con oro extraído en EE.UU. permite blanquear su trazabilidad. El director ejecutivo de Dillon Gage reconoció que, una vez mezclado en sus instalaciones, el oro se considera originado en Estados Unidos, aunque sus clientes conocen la multiplicidad de fuentes.

Así, el informe expone que al menos dos proveedores habituales de la Casa de la Moneda estadounidense obtienen parte de su oro de Dillon Gage. Otra refinería, Asahi USA, con sede en Salt Lake City, Utah, también provee oro a la Casa de la Moneda y admite mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia. Directivos de estas empresas confirmaron que el oro se mezcla y se refina sin distinción de origen, y que las transacciones se consideran legales amparadas en documentación de exportación y procesos de fundición.

En un principio, consultada por los reporteros del medio neoyorquino -antes de los hallazgos de la investigación-, la Casa de la Moneda de Estados Unidos, responsable de la venta del oro de inversión, aseguró que el oro de sus monedas era completamente estadounidense.

Posteriormente, cuestionada con los descubrimientos, respondió que el oro utilizado es “principalmente” de origen estadounidense, contraviniendo la regulación sobre el asunto que exige que el origen sea únicamente norteamericano.

El informe destaca que, a pesar de la prohibición legal vigente desde 1985 en Estados Unidos para la fabricación de lingotes con oro extranjero, la Casa de la Moneda ha seguido recibiendo y procesando oro importado, incluso después de advertencias internas y bajo gobiernos tanto republicanos como demócratas.

La institución ha recibido oro de minas vinculadas al Clan del Golfo, así como de casas de empeño mexicanas, peruanas y minas africanas con participación estatal china.

Tras ser mezclado e integrado en la cadena de suministro, pierde su rastro original y pasa a formar parte de monedas de inversión como la American Eagle y la Dama de la Libertad, e incluso en la moneda conmemorativa por los 250 años de la independencia, acuñada con el perfil de Donald Trump.

Y los altos precios internacionales del oro, que actualmente rondan los 5.000 dólares la onza, incentivan la extracción y el tráfico ilegal, permitiendo que organizaciones criminales, incluidos carteles y grupos armados, financien actividades ilícitas.

La Mandinga

Otro hallazgo relevante es que el sitio donde opera la mina controlada por el Clan del Golfo, La Mandinga, se encuentra adyacente a una base del Ejército colombiano: el Batallón de Infantería Nº 31 Rifles. Y unas imágenes capturadas con dron evidenciaron que el área de operación de la mina se solapa con el de la base colombiana.

Horas después de la publicación del reportaje -según informó el medio colombiano Minuto60- el Clan del Golfo difundió un comunicado en el que se refirió a las acusaciones de tener control de la mina y extorsionar a los trabajadores.

“En su edición dominical del 26 de abril, el diario estadounidense The New York Times publica un tendencioso informe escrito por Federico Ríos, en donde se sindica al Ejército Gaitanista de Colombia de ser propietario de una mina de oro”, señaló la organización paramilitar en el documento.

En el mismo pronunciamiento, el grupo negó tener control directo sobre la explotación minera: “Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos”.

La organización también cuestionó el titular del medio internacional y rechazó la denominación con la que es conocida: “No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con frecuencia”.

Sin embargo, el comunicado insinuó sí cobrar por las operaciones de los mineros y los comerciantes de los locales de compraventa: “No somos los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Situación diferente es que se cobre un impuesto a estas actividades”.

Respuesta de Colombia

Por otro lado, desde el gobierno colombiano, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ordenó este domingo una investigación sobre la explotación de La Mandinga.

“En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa de Colombia.

Luego, Sánchez agregó que “si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.

Por su parte, la Séptima División del Ejército de Colombia, a cargo del batallón adyacente a el yacimiento aurífero, también se refirió a los hechos planteados por el reportaje.

La institución castrense aseguró en un comunicado que el área conocida como finca "La Mandinga", ha sido ocupada ilegalmente por entre 2.000 y 2.500 mineros informales que explotan yacimientos sin título.

“Desde 2022 el Ejército ha denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) los daños ambientales causados por estas actividades y ha realizado más de 20 intervenciones en la zona, con destrucción de maquinaria”, indica el comunicado.

La institución añadió que estas operaciones han generado reacciones violentas y anunció nuevas acciones penales contra quienes continúen con la explotación ilícita.