La Contraloría General de la República solicitó este lunes información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, luego de los dichos del titular de la cartera, Carlos Montes, quien señaló que dos funcionarios de la repartición formaban parte del equipo de la carta presidencial, Jeannette Jara.

El requerimiento ocurre a raíz de un oficio ingresado al órgano contralor por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Manuel Fuenzalida y Gustavo Benavente, tras un cruce de declaraciones entre Jara y Montes.

La abanderada del oficialismo criticó el proceso de reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana tras los incendios de 2024. Tras eso, Montes lanzó: “Hay gente que trabaja en el ministerio que está en el equipo de ella (Jara) también”, aunque matizó con que “nunca he sabido que lo hagan en horario laboral”.

E incluso, deslizó que la “mano derecha” del dueño del terreno donde se levantó la megatoma de San Antonio, formaba parte del equipo.

Tras esto, la Contraloría acogió la solicitud de los diputados gremialistas, enviando un oficio a la cartera ministerial.

“Pase a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo copia de la presentación formulada por los diputados Juan Manuel Fuenzalida Cobo y Gustavo Benavente Vergara, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este Organismo de Control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por los recurrentes", señala el documento del órgano de control despachado.

También se consigna que tal informe debe ser preparado con la intervención de la asesoría jurídica o con el respaldo de un abogado de tal entidad. “Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, agrega.

El argumento

De acuerdo a los legisladores, en medio de las declaraciones de Montes sobre los empleados públicos, podrían existir faltas a la probidad y que se vulneraría el principio de prescindencia política de los funcionarios públicos.

Asimismo, aluden al instructivo de la Contraloría, donde se prohíbe que autoridades usen su cargo en favor de alguna candidatura.

Por lo pronto, Fuenzalida y Benavente no solo pidieron indagar el rol de los dos funcionarios mencionados por Montes, sino que también de otros trabajadores que pudieran estar colaborando con Jara u otro candidato.

Los solicitantes de la revisión afirmaron en conjunto que “esta decisión confirma la gravedad de los hechos reconocidos por el propio ministro de Vivienda y ratifica la necesidad de indagar si los funcionarios que trabajan en la cartera están actuando apegados a la ley”.

“Lo ideal hubiese sido que el gobierno también respondiera con la misma rapidez y sancionara a quienes no están cumpliendo sus funciones, pero sabemos que están muy lejos de respetar la prescindencia”, manifestaron,