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El mensaje de la Suprema al Ejecutivo y Legislativo: Chevesich pide una ley para regular el cumplimiento de sentencias internacionales

La presidenta del máximo tribunal planteó que "la ausencia de una regulación procedimental específica plantea desafíos muy complejos" en el cumplimiento de fallos internacionales. En ese sentido, la magistrada detalló la forma en la que la Suprema ha aplicado tres fallos internacionales sin contar con la regulación específica.

MARIO TELLEZ

La mañana de este miércoles, el Palacio de Tribunales fue el punto de encuentro de una serie de invitados al seminario “Cumplimiento en Chile de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La instancia, organizada por el Poder Judicial, no sólo congregó a integrantes de dicha repartición, sino que también del propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, entre otra serie de invitados.

El mismo seminario, en el cual -como su nombre lo dice- se analizaron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ha debido cumplir el Poder Judicial, fue la instancia en la cual la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, planteó la necesidad de una reforma -legal o constitucional- para que la institucionalidad chilena tenga un mecanismo claro sobre cómo cumplir estas sentencias internacionales.

El cumplimiento de los fallos internacionales, el último tiempo, ha generado ruido en la judicatura y en el mundo, luego de la resolución del caso “Vega González y otros versus Chile”. En dicho caso, la Corte IDH ordenó al Estado de Chile revertir beneficios de reducción de penas en 14 causas de derechos humanos, lo que llevó al máximo tribunal a aplicar el fallo sin tener un mecanismo para aquello, lo que fue cuestionado por las defensas.

Lo anterior, porque la resolución de la Suprema resolvió subir las penas en condenas aplicadas a exagentes del Estado y, en algunos casos, incluso, los integrantes de la dictadura debieron regresar a la cárcel.

El emplazamiento de la Suprema

El encargado de inaugurar la instancia fue el ministro Manuel Valderrama, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, instancia penal que fue la encargada de aplicar la sentencia del caso “Vega González y otros versus Chile”, por lo cual presentó sus apreciaciones respecto a dicha aplicación.

“A la Sala Penal de esta Corte Suprema, le ha tocado abordar diferentes tópicos que tensionan el sistema normativo, pues cada día se hace más evidente la necesidad de interpretar las instituciones sustantivas y adjetivas, no sólo con la normativa interna, sino con instrumentos internacionales aplicables, de manera que ello amplía la repercusión de la hermenéutica jurídica”, dijo el magistrado antes de detallar cómo se implementó el citado caso.

En esa línea, Valderrama planteó que “con ese fallo se ha estimado pertinente debatir en torno a la necesidad de dotar de normas procedimentales en casos futuros, oyendo distintas opiniones en un debate constructivo, de orden técnico y propositivo”.

La segunda en tomar la palabra fue la presidenta Chevesich, quien planteó que la situación con los fallos internacionales “es un tema que importa en particular al Poder Judicial, dado el rol que ha asumido, a nivel nacional, al dar curso a dichas sentencias”.

En esa línea, y avanzadas sus palabras, planteó que “esta situación ha llevado al Poder Judicial a adoptar soluciones interpretativas o mecanismos ad hoc para darles cumplimiento”.

Sobre aquello, la ministra Chevesich ejemplificó con los fallos “Maldonado Vargas y otros vs. Chile”, caso en el que se sentenció a personas con el Consejo de Guerra; “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, fallo en el que no se siguió el debido proceso en contra de comuneros mapuche; y el último de “Vega González y otros vs. Chile”, sobre delitos de lesa humanidad, cómo han aplicado los fallos internacionales sin la legislación correspondiente.

En todos ellos los mecanismos de aplicación, afirmó la magistrada, “han sido elaborados por la Corte Suprema a partir de una interpretación armónica del derecho interno con las obligaciones internacionales del Estado, permitiendo materializar las medidas de reparación ordenadas por el tribunal interamericano”.

“Es posible afirmar que existe una línea institucional consolidada que reconoce tanto la fuerza vinculante de tales fallos, como la competencia del Poder Judicial para adoptar las medidas necesarias para su implementación, en aquellos casos que precisen su intervención”, sostuvo.

“Es preciso insistir en la necesidad”

Esta no ha sido la primera ocasión en la que la presidenta del máximo tribunal ha planteado este complejo escenario en el que queda el Poder Judicial ante fallos internacionales respecto de los cuales existe obligación de dar cumplimiento. En la inauguración del año judicial, la magistrada también delineó este planteamiento.

Por lo mismo, este miércoles recordó que “es preciso insistir en la necesidad de elaborar un mecanismo que comprenda reglas y procedimientos para dar curso interno a lo dispuesto en las sentencias dictadas por el tribunal regional”.

“Aunque la disposición del Poder Judicial para cumplir dichas resoluciones es inequívoca y ha sido reiteradamente demostrada, la ausencia de una regulación procedimental específica plantea desafíos muy complejos para los distintos órganos llamados a intervenir en su implementación, particularmente, cuando tales decisiones inciden sobre sentencias firmes dictadas por tribunales nacionales”, concluyó más adelante.

Las palabras de la ministra Chevesich fueron recogidas por el ministro Rabat, quien en su exposición planteó que “la ausencia de un mecanismo institucional integral de cumplimiento de las sentencias ha obligado al Estado a desarrollar respuestas ad hoc, que si bien han permitido avanzar e incluso cumplir íntegramente varias sentencias, no ha sido posible garantizar siempre niveles óptimos de coordinación oportuna y sostenibilidad en el tiempo”.

Foto: CEP. Mabel Maldonado

Sobre lo mismo, agregó que en “un marco de separación de poderes del Estado podemos enfrentar el análisis y la corrección de una situación u omisión que con el tiempo se nos ha hecho prácticamente insostenible”.

Por último, el ministro de Justicia afirmó que, ante cualquier solución que se plantee, se debe considerar un “procedimiento claro para las medidas estandarizables, como las reparaciones pecuniarias” y “espacios de flexibilidad que permitan adaptar la respuesta estatal a la especificidad de cada caso, considerando el respeto básico a nuestras normas fundamentales, nuestro Estado de derecho y al mismo tiempo al cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido”.

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