La tarde del 18 de octubre de 2019, la actriz María Paz Grandjean se encontraba en el sector de la Alameda con calle Doctor Ramón Corvalán a raíz de las manifestaciones que esa tarde se suscitaban en ese lugar. Grandjean volvía de una suspendida obra que fue cancelada a raíz del estallido social que recién comenzaba.

En paralelo, el capitán de Carabineros Tomás Rodríguez Soriano estaba a cargo de un dispositivo de funcionarios policiales, quienes a esa mismo hora intentaban controlar los incidentes. En ese contexto, Rodríguez activó su arma en respuesta a un manifestante que lanzaba objetos contundentes a los carabineros.

El actuar del funcionario, según lo confirmó la justicia, no sólo no se ajustó a los protocolos, sino que correspondió a un delito de apremios ilegítimos, ya que su actuar repetitivo provocó que la actriz recibiera un impacto que le causó lesiones en su rostro e hirió su mandíbula.

A raíz de la gravedad de los hechos, la causa quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, específicamente de la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien formalizó a Rodríguez en 2020, para posteriormente ser condenado por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal en abril de 2024 a tres años de presidio, la que fue remitida a cumplir en libertad.

Durante toda la tramitación de la causa, y hasta ahora, el funcionario de Carabineros se mantiene en servicio activo. Consultados al respecto, y al cierre de esta edición, desde la institución aún no se aclaraba la situación del funcionario condenado.

La ratificación de la Suprema

A raíz del negativo resultado, la defensa del funcionario policial apeló al fallo de primera instancia ante la Corte Suprema, pidiendo la nulidad del juicio que lo condenó a tres años de presidio y a la inhabilitación de cargos públicos por ese mismo periodo.

En su escrito de nulidad, los abogados del capitán Rodríguez, encabezados por el abogado de la Dirección de Justicia de Carabineros, Marco Aguilar, apuntaban a que existía una hipótesis principal de nulidad, dada la calificación jurídica de “dolo eventual” que se consideró en la sentencia de primera instancia. La defensa del carabinero afirmó que “desconocía que la víctima se encontraba detrás de un manifestante, por lo que no pudo prever el resultado lesivo, y por otro lado, se incorporó prueba que describe la escopeta utilizada como un arma que no es de precisión, lo que impide concluir la existencia de un disparado dirigido motivado a provocar castigo”.

A juicio de la defensa, lo sucedido daba cuenta “de un actuar imprudente, pero no doloso, ni aún en carácter de eventual”.

Tras la revisión del recurso, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó de manera unánime el requerimiento, determinando que “el recurrente omite el elemento esencial de la hipótesis anulatoria que alega, esto es, referir cuál es la norma que ha resultado infringida y de qué manera se ha producido dicha infracción”.

Por esa razón resolvió que “al no haberse configurado ninguna de las causales de nulidad invocadas, éstas deben ser rechazadas en todos sus extremos”.

La sentencia del ministro Manuel Valderrama, la ministra María Cristina Gajardo, la ministra (s) Eliana Quezada y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, no sólo confirmó al sentencia de tres años en contra del funcionario policial por apremios ilegítimos, sino que también le dio un triunfo a la fiscal Chong, quien se ha caracterizado por llevar adelante causas del estallido social de la jurisdicción Centro Norte.

Hasta ahora las causas últimas causas del estallido social encabezadas por la fiscal Chong habían tenido duras derrotas. Ejemplo de aquello es el denominado caso Pío Nono, donde fue absuelto el carabinero -y ahora diputado electo- Sebastián Zamora.

Más recientemente, la persecutora también encabezó la fallida condena en contra del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien fue absuelto del delito de apremios ilegítimos en contra del también diputado electo Gustavo Gatica, cuya causa aún no está firma firme y ejecutoriada, ya que podría ser llevada a la Suprema por parte del Ministerio Público para pedir su nulidad.

“Existieron múltiples obstáculos”

Consultada respecto a la resolución del máximo tribunal, la abogada querellante en la causa y representante de la víctima, Karinna Fernández, sostiene que “en este momento valoramos mucho la sentencia de la Corte Suprema, que existan finalmente condenas, y en este caso por apremio ilegítimo, frente a agentes estatales que además utilizan armas menos letales y que ya tienen características, como señalaron las Naciones Unidas, de tortura, consideramos muy apropiado que finalmente llegara la justicia en materia penal y que se confirmara la condena frente a un oficial de Carabineros”.

Pese a eso, afirma que este es “un caso donde existieron múltiples obstáculos por parte de Carabineros, recordemos que no solamente hubo una falsificación de información, del gasto de munición, del propio agente responsable, Tomás Rodríguez Soriano, sino también de diversos generales que no dieron los antecedentes, que señalaron que en ese lugar no había carabineros a la fecha de los hechos”.

“Yo creo que la investigación, tanto del Ministerio Público como la solidez de la resolución del Tribunal, llevó precisamente a este rechazo del recurso presentado en esta oportunidad por la defensa del agresor, que además lo hace institucionalmente”, concluye.

Por su parte, la actriz destacó a través de sus redes sociales que “esto para mí significa mucho, ya van a ser siete años que llevo en esto. Y también me parece que es un momento importante para dar, no una esperanza, pero para confirmar que hay confianza en que estos casos se van a ir desarrollando en la manera correcta, hacia la justicia y hacia la verdad y hacia las garantías de no repetición”.