El exdiputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida negó haber solicitado pagos a sus asesores, en el marco de una investigación en su contra que está llevando adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Quien fuera su jefa de gabinete señaló -según reveló Mega- ante la fiscal Constanza Encina que entre 2023 y 2024 el exparlamentario le subió el sueldo mediante un anexo a su contrato, lo que fue visado por el Congreso. Sin embargo, ese pago de entre $300 y $400 mil, no era para ella, dijo la mujer, sino que supuestamente debía pasarlo en efectivo a él.

De hecho, en el marco de esa causa, hace algunos días la policía allanó la que fuera su oficina en el Congreso.

Se enteró por la prensa

Fuenzalida, mediante un comunicado, se defendió de la imputación y dijo desconocer por qué su excolaboradora lo acusaba de esa manera. “Once días han transcurrido desde que policías y fiscales ingresaron a mi domicilio, llevándose objetos de mi propiedad. Once días en los que tanto el Ministerio Público como los tribunales me han impedido conocer los motivos de ese procedimiento, que rápidamente se filtró a los medios de comunicación”, dijo.

En ese sentido, agregó: “Lamentablemente, recién hoy me enteré del aparente motivo, no por la Fiscalía ni por los tribunales, que le han negado a mi abogado el acceso a estos antecedentes invocando el carácter secreto de la causa, sino a través de la prensa”.

El exparlamentario rechazó la imputación y dijo que evaluará acciones legales: “Desconozco las razones por las que mi ex jefa de gabinete pudo haber formulado acusaciones de ese tipo en mi contra, pero las niego categóricamente, reservándome las acciones correspondientes y reafirmando que nunca, durante mis dos períodos como diputado, le solicité a ella ni a ninguno de mis colaboradores realizar pagos irregulares”.

En su declaración, que fue publicada por Mega, la mujer de nombre Evelyn dijo que Fuenzalida pidió botar los teléfono por el baño. Esto también fue refutado por el exdiputado: “Desmiento acusaciones tan burdas como que habría ordenado arrojar teléfonos celulares al baño durante el allanamiento al Congreso, con motivo del caso Lavín”.

“Espero que, en un Estado de Derecho como el nuestro, se me permita ejercer mi derecho a defensa y conocer los antecedentes que obran en mi contra directamente de la Fiscalía y de los tribunales, y no por los medios de comunicación”, finalizó el exparlamentario.