El miércoles 19 de agosto funcionarios del municipio de Quillota realizaron la celebración de un cumpleaños en dependencias Gimnasio Municipal Corvi, espacio dispuesto para el acopio de cajas de mercadería que se destina para la ayuda social a vecinos.

La comuna, ubicada al interior de la Región de Valparaíso, permanece bajo cuarentena obligatoria desde el viernes 26 de junio debido a la pandemia de coronavirus, a pesar de haber mostrado un manejo ejemplar del brote. Al conocerse la celebración el hecho se divulgó en redes sociales. Ello motivó la intervención del Ministerio Público y la Fiscalía local de Quillota decidió iniciar una investigación de oficio.

“Se reunieron de manera masiva con la finalidad de celebrar un cumpleaños, al haber tomado conocimiento de ese hecho y siendo configurativo de un delito que está expresamente establecido en el artículo 318 del código penal. La Fiscalía de Quillota inició una investigación de oficio con miras a establecer la participación de cada uno de los integrantes de esa reunión”, explicó el fiscal jefe de Quillota, César Astudillo.

A raíz de la pandemia se realizó una modificación en el Código Penal, que pone como agravante este tipo de actos, precisó el persecutor.

“Se trata de un hecho grave por cuanto precisamente este tipo de reunión o celebración fue objeto de una modificación legal el pasado 20 de junio, donde a través de una ley se modificó el Código Penal y se estableció específicamente que era una circunstancia agravante el hecho, precisamente, de convocar o reunirse en celebraciones que estén prohibidas por la autoridad sanitaria”, señaló.

La utilización del recinto originó una sumario sanitario por la Autoridad Sanitaria y un sumario administrativo al interior del municipio, además obligó a la realización de exámenes de PCR a todas las personas que participaron de la actividad.

El cumpleaños no tuvo las medidas mínimas de resguardo como el uso de mascarillas y distancia social, según se ha podido evidenciar en las fotografías que circulan de la actividad.

“En razón de eso las personas, una vez identificadas, se pretende llevarlas a una audiencia y en el evento de ser condenados, siendo esto una circunstancia agravante se puede aplicar la pena más elevada, esto es, de 541 días a tres años de privación de libertad”, señaló el fiscal Jefe de Quillota.