La investigación por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, uno de los casos más graves de crimen organizado y política internacional que ha enfrentado Chile en los últimos años, comienza a abrir un nuevo capítulo fuera del país.

Hace algunas semanas, la Fiscalía Nacional, a través de su Unidad de Cooperación Internacional, envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos antecedentes de la causa que indaga el secuestro y homicidio del exmilitar disidente ocurrido en Santiago en febrero de 2024.

El crimen fue perpetrado por sujetos disfrazados de policías que sacaron a Ojeda desde su departamento, en Independencia, durante la madrugada. Nueve días después su cuerpo fue encontrado enterrado bajo cemento, dentro de una maleta, en la toma Santa Marta, en Maipú.

Desde entonces, la investigación del Ministerio Público ha apuntado a que el secuestro y asesinato fueron ejecutados por una célula del Tren de Aragua conocida como “Los Piratas”, organización criminal transnacional que opera en varios países de América Latina. Pero, más allá de eso, el fiscal regional de la Zona Sur, Héctor Barros, ha sostenido que existen antecedentes que permiten sostener que se trató de un crimen con motivación política, ejecutado por esa organización criminal a partir de un encargo que habría surgido desde las autoridades del régimen de Venezuela.

Hoy, con la investigación ya en una etapa avanzada, con cerca de 20 imputados formalizados en la causa, todos ellos en prisión esperando juicio, el Ministerio Público decidió concretar un nuevo paso: abrir diligencias directamente en suelo estadounidense.

La Fiscalía chilena, según constataron fuentes del caso, ya envió un requerimiento de cooperación formal para viajar a Nueva York y realizar interrogatorios a personas bajo jurisdicción estadounidense, entre ellas el propio Nicolás Maduro y otros integrantes del Tren de Aragua investigados por el crimen.

Entre los nombres que aparecen en las gestiones está también Adrián Gámez Finol, alias “El Turko”, considerado uno de los articuladores de la estructura criminal que operó en Chile. Junto a ellos se solicita tomar declaración a Hugo Carvajal Barrios, exmayor general del Ejército venezolano quien está detenido también en ese país acusado de operaciones de narcoterrirismo.

La solicitud incluye, además, cuestionarios con las preguntas que se buscan formular durante las diligencias, mientras las autoridades chilenas esperan la respuesta del Departamento de Justicia para determinar si estas declaraciones podrán realizarse y bajo qué modalidad.

Se trata de una línea que el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, había anticipado el año pasado, cuando sostuvo que Chile evaluaba pedir la extradición de figuras del chavismo, entre ellas Diosdado Cabello, quien, según testimonios del caso Ojeda, fue quien ordenó el crimen.

“Sería un paso relevante”

El abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, confirma que el Ministerio Público está intentando abrir esa vía judicial en Estados Unidos.

“Puedo decir que hemos sabido, según se ha dicho públicamente, que la Fiscalía tiene intenciones de solicitar autorización para eventualmente comparecer en Estados Unidos y pedir un interrogatorio respecto de Nicolás Maduro”, señala.

A juicio del jurista, si esa diligencia se concreta podría convertirse en un momento clave de la investigación. “Sería realmente un paso relevante si esta persona se allana a declarar para entregar antecedentes respecto del encargo criminal que permitió la ejecución del teniente Ojeda, quiénes lo financiaron y de qué manera se realizó extraterritorialmente y con cuál objetivo”, afirma.

El abogado agrega que esa declaración también permitiría aclarar otra de las hipótesis que han surgido en la investigación.

“Y por cierto, aclarar si Diosdado Cabello, como se ha dicho por otros testigos, está involucrado como han referido”, sostiene.

La estrategia paralela

Mientras la Fiscalía activa las vías institucionales de cooperación judicial, la familia del exteniente venezolano también comenzó a mover piezas en el extranjero.

Manríquez inició contactos con autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de que los familiares de Ojeda participen en el proceso que el Departamento de Justicia lleva en Nueva York contra Nicolás Maduro.

Las gestiones comenzaron con un correo enviado a la representación de Estados Unidos en Santiago.

En su respuesta, se le dijo que conforme al procedimiento era necesario estudiar la petición y coordinarse legalmente con los órganos pertinentes, entre ellos el FBI, para orientar el curso de posibles respuestas y acciones.

En la presentación se señala que representa a la viuda, hermana y hermano de Ronald Ojeda Moreno, exteniente venezolano secuestrado y asesinado en Chile por la banda “Los Piratas”, brazo operativo del Tren de Aragua en la región.

El abogado expone, además, que la familia mantiene acciones internacionales contra el régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apuntando a Maduro y a otros líderes del chavismo.

En su mensaje plantea que el caso Ojeda podría constituir una evidencia directa de cómo estructuras criminales vinculadas al Tren de Aragua han sido utilizadas para perseguir a opositores políticos fuera de Venezuela.

Por lo mismo, solicitó, en nombre de la familia, orientación sobre los mecanismos legales que les permitan comparecer como víctimas, testigos o demandantes civiles dentro del proceso judicial que se desarrolla en Nueva York.

Hasta el momento las peticiones han tenido buena acogida. Las comunicaciones vinculadas a la representación de EE.UU. en Santiago han agradecido la disposición, dando curso al estudio de la solicitud con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Posteriormente, se dijo, el requerimiento ya fue comunicado a las autoridades estadounidenses, por lo que el tema está siendo revisado en coordinación con el Departamento de Estado, dado que involucra la aplicación de una convención de Naciones Unidas.

La respuesta definitiva aún está pendiente.

¿Qué viene?

Mientras esas gestiones se desarrollan en el extranjero, el caso avanza en los tribunales chilenos.

“En el país continuamos esperando el adelanto de algunas extradiciones, y que dentro de estos días se resuelvan unos procedimientos abreviados de otros imputados ya acusados”, explica Manríquez.

El abogado agrega que el calendario judicial ya comienza a definirse. “En definitiva, avanzar a la otra etapa de preparación de juicio oral para mayo, donde esperamos estén los demás extraditables pendientes de llegar a Chile, y también Gómez Finol desde Estados Unidos”, señala.

Si esos movimientos se concretan, y si la Fiscalía logra abrir la puerta a interrogatorios en Estados Unidos, la investigación por el asesinato de Ronald Ojeda podría entrar en una fase inédita: llevar ante tribunales internacionales las eventuales responsabilidades políticas detrás de uno de los crímenes más complejos ocurridos en Chile en los últimos años.