En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó su investigación en contra del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Lavín es indagado por un presunto fraude con asignaciones parlamentarias por más de 100 millones de pesos que habría involucrado la falsificación de facturas de cobro aparentando gastos operacionales para la rendición de los dineros.

En la audiencia de este lunes, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, afirmó que “realizó diversos actos en contra de sus deberes funcionarios”.

También formalizaron por fraude al exasesor parlamentario Arnaldo Emiliano Domínguez Vallejos, el informático Felipe Andrés Vázquez Diéguez y el empresario Juan Alberto Silva Morales, dueño de la imprenta MMG, dedicada a la elaboración de material gráfico de campañas.

A Domínguez y Vázquez se le suma una imputación respecto a delitos sobre el sistema de inscripciones electorales, en tanto, a Silva le imputaron también delitos reiterados de falsificación de instrumento privado mercantil.

Lavín, que fue diputado por tres periodos, está casado con la otrora popular figura de televisión Cathy Barriga.

La exconsejera regional y exalcaldesa de Maipú, también es indagada por la Fiscalía Oriente y arriesga más de 20 años de cárcel acusada de delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, por hechos que habrían ocurrido cuando fue jefa comunal.

“Facturas ideológicamente falsas”

Según afirmó la fiscal Encina, dinero de las asignaciones parlamentarias de Lavín fue usado en campañas electorales parlamentarias en las que él compitió y en la campaña municipal que llevó a su esposa a la alcaldía.

La fiscal explicó que “una vez que el imputado Lavín León resultó electo como diputado el año 2014 y en los periodos sucesivos, encargaba los trabajos gráficos y de impresión a Juan Silva, tanto como proveedor del Congreso Nacional como de la Municipalidad de Maipú, mientras se desempeñó como alcaldesa su cónyuge, Cathy Barriga”.

“En ese contexto, desde enero del 2015 y hasta noviembre del año 2022, la empresa imprenta MMG emitió un total de 44 facturas al imputado Lavín León por un total de 37 millones 55 mil 269 pesos. De ellas, 32 fueron rendidas por el imputado al Congreso Nacional como gastos operacionales por un total de 18 millones 866 mil 909 pesos", detalló la persecutora.

Según la fiscal, Lavín y Domínguez requerían “la impresión de trabajos de diversa índole, tanto de carácter personal como también ligado a material de sus campañas y las de otros candidatos vinculados al diputado”.

“Luego, instruían al proveedor la emisión de facturas ideológicamente falsas, conforme al monto mensual disponible en el ítem de gastos operacionales destinados a publicidad del parlamentario. Lo anterior, para obtener reembolsos de fondos públicos del Congreso Nacional, con los que saldar la deuda que mantenía el diputado Lavín por servicios personales y de campaña ya prestados, ajenos a su labor de diputado", expuso.

Encina describió que el exdiputado y su asesor pedían al empresario que “consignara en la glosa o descripción de las facturas el concepto de cuenta pública, con el objeto de aparentar un gasto propio de la función parlamentaria y así eludir los controles formales asociados a la rendición de gastos".

“De este modo, dichas facturas fueron posteriormente aprobadas y reembolsadas de manera improcedente por la Cámara de Diputados”, sostuvo la fiscal.

SocialTazk

Junto a los trabajos de la imprenta MMG, el Ministerio Público cuestiona el vínculo de Lavín con SocialTazk, una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos y el envío de mensajería masiva de texto con fines electorales.

Según Encina, “el Congreso financió la totalidad de la infraestructura de la prestación de servicios de SocialTazk”.

La fiscal sostuvo que esta plataforma fue financiada mayoritariamente con fondos provenientes del Congreso Nacional, tanto mediante el pago de honorarios a Felipe Vázquez, como asesor parlamentario del exdiputado Lavín, entre julio del 2018 y agosto del 2019, como a través de la rendición de facturas presentadas como supuestos gastos operacionales.