Hasta hoy tenía el fiscal nacional, Ángel Valencia, para entregar respuesta por la solicitud de inhabilidad para los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir en el marco de una de las aristas de la investigación contra Manuel Monsalve.

Fue el miércoles de la semana pasada cuando la defensora penal pública Marcela Araya, quien representa al también defensor penal público Víctor Providel, presentó un escrito en el Ministerio Público buscando que la indagatoria donde el abogado del exsubsecretario del Interior figura como imputado fuera seguida por otra Fiscalía y no por los mismos persecutores que tienen la causa original en donde se indagan los delitos sexuales.

“Lo que hemos planteado es que el hecho de que los mismos fiscales dirijan una investigación en un caso donde el defensor es su contraparte y, más aun, tratándose de una causa estrechamente vinculada con una investigación en la que el persecutor tiene un interés directo, constituye una afectación al ejercicio del derecho a la defensa”, dijo Araya la semana pasada.

Araya cuestionó la objetividad que pudieran tener Armendáriz y Jacir al investigar a Monsalve, por violación y abuso sexual, y también a su defensor, aunque fuesen causas distintas. Esa fue la estrategia que tomaron los defensores para cuestionar a los persecutores y además conseguir que Providel no prestara testimonio el miércoles de la semana pasada cuando fue citado a la Fiscalía Centro Norte. Sin embargo, la respuesta de Valencia no fue concluyente este lunes.

El informe de Valencia

El viernes de la semana pasada el jefe del Ministerio Público envió un escrito a la Fiscalía Centro Norte solicitando un informe al fiscal regional de esa jurisdicción, Xavier Armendáriz. Lo que Valencia solicitó fue conocer qué estaba investigando respecto al defensor penal público.

Por otro lado, respondió a la Defensoría Penal Pública (DPP) que él no podía decidir inhabilitar a Jacir, ya que eso era resorte de su superior jerárquico, que es el mismo Armendáriz.

Con esto, ahora depende de la respuesta que entregue esa Fiscalía para una eventual resolución del fiscal nacional. Desde la jurisdicción Centro Norte no quisieron responder a las consultas de este medio.

Pese a que esto todavía no se ha resuelto, la arremetida del Ministerio Público en contra del defensor de Monsalve abrió un debate al respecto sobre todo por el hecho de que sea la Fiscalía la que persiga actuaciones de un abogado en el marco de una defensa penal.

Para la exdefensora nacional Paula Vial hay un conflicto de interés en que sean los mismos fiscales quienes investigan ambas causas: “Como exdefensora nacional sé que el derecho a defensa se sostiene en el secreto profesional, la igualdad de armas y la independencia de la defensa técnica. Cuando estos principios se ven comprometidos, la justicia misma se resiente”.

“El Ministerio Público no solo debe investigar con objetividad lo que incrimina y lo que favorece, sino también abstenerse ante eventuales conflictos de interés, pues de lo contrario se vulnera la confianza en el proceso penal. Perseguir a un abogado por actos propios de su rol, afectando el secreto profesional, atenta directamente contra el estado de derecho“, agregó la penalista a La Tercera.

Misma opinión tiene el abogado penalista y exdefensor penal público Sebastián Andrade Delvas, quien dice que la solicitud de ese organismo es “del todo pertinente” e incluso “necesaria”. “Creemos que estamos en una situación crítica en varias instituciones. Hacen agua, tienen crisis, y creo que solicitar acá un mínimo de transparencia y objetividad al Ministerio Público es lo mínimo que se puede solicitar”.

“Creo también que es vulneratorio, es contrario a un estado de derecho democrático, que a un defensor por estar haciendo su trabajo se le imputen ciertas conductas y que luego se le investigue. Y peor aun, que los fiscales que lo están investigando sean los mismos que están investigando el caso que ese defensor tiene a cargo”, agregó el penalista del estudio MRM Legal Abogados.

“Se está tratando de manipular las facultades de un sistema procesal penal para, de cierta forma, ganar alguna ventaja por secretaría”, remata Andrade.