A las 23:59 de este jueves 4 de diciembre vencía el plazo para que el gobierno presentara ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo de la megatoma de San Antonio, exigencia judicial que obliga al Ejecutivo a detallar explícitamente cuándo y cómo comenzarán los desalojos, así como también de qué manera se garantizarán los albergues para las familias afectadas. Se trata de los dos aspectos que el tribunal ha puesto siempre como condición básica para ejecutar el fallo: cumplir con el desalojo, pero resguardando los derechos de las personas, ofreciéndoles una alternativa habitacional y asegurando que no queden sin refugio.

En este contexto, desde el Ejecutivo se reconoce que el Poder Judicial lo ha empujado a un escenario inédito, donde ven que de facto se configura una nueva política pública de desalojos con soluciones habitacionales para cada familia. En el caso de la megatoma de San Antonio, el volumen de personas involucradas (más de 10 mil) eleva el problema a una escala excepcional, que obliga a desplegar todas las herramientas disponibles, desde albergues transitorios hasta proyectos habitacionales definitivos, lo que explica la decisión de avanzar en la expropiación.

Lo que se entrega formalmente a la Corte es un oficio que da cuenta de que el gobierno cumplirá el plan de desalojo. Sin embargo, el tribunal ya no solicita nuevas justificaciones ni dificultades operativas, sino definiciones claras respecto de las fechas de inicio del procedimiento. Aun así, la programación concreta del operativo debe considerar variables como la capacidad policial disponible, las condiciones de la población y los riesgos asociados a un desalojo masivo de estas características. Parte de esos argumentos son el porqué la medida se realizará pasada Navidad y Año Nuevo, algo que incluso había sido solicitado por los propios habitantes y fue esbozado esta semana por el alcalde San Antonio, Omar Vera, quien afirmó que según lo conversado la idea era arrancar el operativo de desalojo de la zona que no se expropiará, a partir del 4 de enero de 2026.

A ello se suma que en el campamento habitan más de 3 mil niños, lo que ha sido identificado como un factor crítico al momento de evaluar la intervención.

En los hechos, el desalojo de la megatoma es equiparable al desplazamiento de una comuna completa, tanto por su extensión territorial como por la cantidad de personas involucradas. Por ejemplo, Santo Domingo en Valparaíso, Pinto en Ñuble o Lonquimay en La Araucanía tienen poblaciones similares a la del asentamiento. Por ello, más que fijar una fecha inmediata, el gobierno ha optado por describir detalladamente la complejidad de la población y las exigencias operativas que supone ejecutar una orden judicial de esta envergadura.

En paralelo a esta presentación ante la Corte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo concretó formalmente el trámite administrativo para la expropiación de terrenos vinculados a la toma del cerro Centinela, una de las más grandes del país. Esto se materializó mediante el decreto exento N° 88, firmado el 2 de diciembre de 2025 y publicado este miércoles 3 en el Diario Oficial, mediante el cual se autoriza la expropiación de una superficie aproximada de 1.105.953,95 metros cuadrados, equivalentes a más de 110 hectáreas, destinadas a la ejecución del Plan Habitacional Cerro Centinela.

Con este instrumento, el gobierno da inicio al proceso de adquisición del suelo necesario para desarrollar un proyecto que permita una solución habitacional definitiva para el 90% de las familias que hoy viven de manera irregular. En paralelo, y para no incurrir en desacato, el Ministerio del Interior presentará ante la Corte el escrito con el cronograma y el plan de expropiación, además del posterior desalojo de aquellas hectáreas que no serán objeto de esta medida.

El plan

En el decreto, el Ejecutivo justifica la expropiación señalando que un desalojo de esta magnitud constituye un problema humanitario, considerando que más de 3.000 niños viven en el lugar, además de los elevados costos sociales y económicos tanto para las familias como para la ciudad de San Antonio y para el propio Estado.

Asimismo, se argumenta que la necesidad habitacional de las familias, sumada a la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los propietarios, llevó a optar por la expropiación parcial como mecanismo de adquisición del suelo. Entre los fundamentos se menciona que el Serviu no dispone de otro terreno con la superficie requerida, que el propietario ha mantenido un valor de venta superior al respaldado por las tasaciones encargadas por el Minvu, y que trasladar a la totalidad de las personas a otro sector implicaría costos adicionales elevados.

Horas después de publicado el decreto, este jueves 4 de diciembre, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una reunión con representantes de las 40 cooperativas del cerro Centinela, junto a la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes; la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz; y dirigentes de la Confederación General de Cooperativas de Chile.

En la instancia se firmó un convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto Cerro Centinela, cuyo objetivo es coordinar recursos públicos y privados para la ejecución de proyectos habitacionales, de equipamiento y de mejoramiento urbano, con la participación de más de 3.300 familias organizadas.

Desde las cooperativas, una de sus voceras, Elizabeth Rivera, valoró el avance del proceso y aseguró que han trabajado intensamente para formalizar su organización. Reconoció que las condiciones han cambiado respecto de semanas atrás, cuando el escenario parecía encaminado a un desalojo total, aunque manifestó que aún existen incertidumbres respecto de qué familias quedarán dentro del polígono expropiado.

El ministro Montes explicó que actualmente el foco está puesto en avanzar con el proyecto habitacional de las 40 cooperativas ya formalizadas dentro de las más de 100 hectáreas expropiadas. Precisó además que no todas las familias podrán acceder automáticamente a este proyecto, ya que existirán criterios de selección, entre ellos el cumplimiento de un plan de ahorro de $1.500.000 a diciembre de este año, como parte del financiamiento compartido.

Según el decreto, el objetivo del programa es desarrollar un proyecto habitacional que responda a una necesidad pública, mediante la aplicación de subsidios del Minvu, además de establecer una reserva de suelo público para equipamiento y para familias de la comuna que no forman parte de la toma.

Actualmente, el campamento Cerro Centinela alberga a 10.251 personas organizadas en más de 4.100 hogares, sobre una superficie que supera las 215 hectáreas. En junio de 2023 la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del predio, fallo ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024. El 4 de noviembre de 2025 el tribunal dio un plazo de 30 días para el cumplimiento de la sentencia.

Las negociaciones con los propietarios se quebraron el 3 de septiembre de 2025 por desacuerdos en el precio del terreno, con una diferencia cercana a los $6 mil millones respecto de las tasaciones oficiales, lo que derivó finalmente en la decisión de expropiar por causa de utilidad pública.

El programa considera tres lotes pertenecientes a Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., con superficies de 256.402,86 m²; 328.491,19 m² y 521.059,90 m², los que en conjunto superan el millón 100 mil metros cuadrados.