En el marco del caso ProCultura, el Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana, mantiene un conflicto legal con la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación que lideraba Alberto Larraín.

Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE tras el término anticipado del proyecto de prevención del suicidio Quédate.

El conflicto se remonta a noviembre de 2023, cuando el GORE puso término anticipado al programa financiado con más de $1.683 millones.

La decisión se basó en incumplimientos contractuales por parte de ProCultura, basada en el incumplimiento de la entrega de información bancaria obligatoria que se le requirió.

Esto, cuando los convenios de Democracia Viva motivaron una serie de investigaciones a los contratos entre fundaciones y entidades del Estado.

Para garantizar el correcto uso de los recursos que se le entregaron a la fundación, una de las condiciones del GORE de Santiago para aprobar el proyecto Quédate, fue exigir un seguro por el 100% de los recursos comprometidos para la iniciativa.

Una vez que se puso término al convenio y al hacer efectivas las garantías, el GORE fue bloqueado por una medida prejudicial precautoria, en diciembre de 2023, dictada por el 8º Juzgado Civil de Santiago, solicitada por Aspor, que acusó deficiencias en el requerimiento original de cobro.

Pese a que el Gobierno Regional de Santiago subsanó los antecedentes días después, la medida se mantuvo vigente hasta la fecha y derivó en una controversia judicial.

“Somos la única institución pública en Chile, que exigió el 100% de garantía de los recursos, mucho antes del escándalo de los Convenios. Por eso, tenemos la certeza que vamos a recuperar hasta el último peso de ProCultura”, afirmó el gobernador Claudio Orrego.

La autoridad recordó que solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado y la Comisión de Mercado Financiero.

Ante la negativa reiterada de Aspor a cumplir con el pago, el GORE denunció a la aseguradora ante la CMF, entidad que en julio de 2024 le impuso una multa de 1.000 UF por el incumplimiento.

Posteriormente, el Gobierno Regional emitió una circular, dirigida a municipios, ministerios, otros gobiernos regionales y servicios públicos, informando la decisión de no aceptar más pólizas de Aspor en futuros convenios, argumentando riesgos para el patrimonio público.

Por su parte, la empresa interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, calificando la circular como una represalia ilegal.

El 29 de noviembre de 2024, el tribunal de alzada rechazó el recurso, argumentando que la controversia ya estaba siendo resuelta por instancias judiciales y que el Gobierno Regional actuó dentro de sus facultades. La Corte Suprema en marzo de este año, confirmó la sentencia.

Según antecedentes recopilados por el GORE Metropolitano, al menos otras cuatro aseguradoras habrían recurrido a estrategias similares, lo que motivó un oficio a nivel ministerial con el fin de revisar la normativa vigente.

Actualmente, el Gobierno Regional Metropolitano sigue adelante con la causa civil representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que además también representa a la CMF por el reclamo que interpuso la aseguradora en su contra, por la multa cursada, que se está conociendo en la Corte de Apelaciones de Santiago.