“Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 inciso segundo de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, venimos en solicitar a S.S. Excma. se sirva disponer que se certifique la existencia de la causa en comento; el estado en que se encuentra; la calidad de interviniente de esta parte; nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados".

Eso es lo que se lee en un escrito ingresado por el exalcalde Daniel Jadue (PC) -representado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- a fines de la semana pasada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

La solicitud de certificado la hicieron al mismo tiempo en que presentaron una reposición con nuevos antecedentes. Se trata de la última arremetida del exjefe comunal para seguir empujando su misión imposible: ser candidato a diputado por el distrito 9 de Recoleta.

Una de las estrategias es exponerle al Tricel que la acusación de la Fiscalía quedó sin efecto, debido a que el tribunal reabrió la investigación en su contra. Por lo tanto, al perder su calidad de acusado, sus derechos políticos siguen intactos.

Sin embargo, además de esa reposición, la defensa de Jadue dejó huellas de cuáles podrían ser sus siguientes pasos. En ese escrito con el que pide la certificación del estado de la causa en el Tricel se citan las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (TC) en que se habla del recurso de inaplicabilidad.

Ese es el recurso cuando se le pide al TC que declare que la aplicación de una norma, en un caso concreto y específico, es inconstitucional. Para hacerlo se requiere la existencia de una gestión pendiente. Por eso el punto 2 de ese escrito expone que “en la presente causa se encuentra pendiente de resolución un recurso extraordinario de reposición deducido por esta parte, en contra de la sentencia de fecha 12 de septiembre del año en curso”.

La jurisprudencia del TC

Pero la idea de llegar hasta el TC con la gestión pendiente en el Tricel podría complicarse. Si el Tricel resuelve hoy mismo la reposición, ya no habría nada pendiente en el máximo tribunal de la justicia electoral. El asunto está puesto en la tabla para verse en cuenta durante este martes en la sesión citada para las 15.00 horas.

El interés por el TC es alto. La explicación tiene un precedente: la jurisprudencia del TC en el caso de Marco Enríquez-Ominami en 2021. Eso mismo lo expuso la defensa de Jadue en su reposición.

La postura del TC es que para que se suspendan los derechos políticos de las personas acusadas de delitos que merezcan pena aflictiva se “exige la existencia de un auto de apertura firme y ejecutoriado”. Es decir, la resolución del tribunal penal que da por presentada la acusación y por lo tanto de inicio al juicio oral.

Eso, en el caso de Jadue, no ha existido debido a que la Fiscalía cerró la indagatoria administrativamente y luego procedió a ingresar su acusación. Todo eso, sin siquiera haber agotado las audiencias en las que la defensa de Jadue solicitaba más plazo de investigación para agotar las últimas diligencias.

Otro asunto pendiente es despejar qué norma es la que la defensa de Jadue podría alegar que es inaplicable en el caso concreto. Todo apunta a que tendría que ser el mismo artículo 16 número 2 de la Constitución.

La arremetida de Jadue en los tribunales tiene el tiempo en contra. Las elecciones parlamentarias son en un mes, la campaña partió hace semanas e incluso el Servel ya tiene los votos impresos.