El proceso para remover a un pequeño grupo de jueces que viajó al extranjero con licencia médica provocó un remezón al interior del Poder Judicial.

La cifra, por ahora, es de solo 11 jueces expulsados de un total de 47 cuadernos revisados, lo cual es un número bajo en relación a la cantidad de magistrados que enfrentaron procesos disciplinarios por este tipo de faltas a la probidad.

Pese a eso, más allá del número, lo ocurrido sí implicó un fuerte golpe a la judicatura y sentó un precedente respecto del uso de la facultad del artículo 80 de la Constitución y la superintendencia correccional de la Corte Suprema.

El listado de los 11 magistrados removidos está guardada bajo siete llaves en el Poder Judicial. Lo que se sabe es que corresponde únicamente a jueces de instancia ya que los pocos ministros de corte de apelaciones que había -José Delgado de Arica, Danai Hasbún de Santiago y Gloria Negroni de La Serena- se salvaron ya sea por mayoría o por no haberse reunido el quórum de al menos 11 supremos para expulsar.

En el listado de los magistrados que quedaron suspendidos a la espera de que sean notificados de las resoluciones para proceder a abandonar la magistratura, figura un caso que ha provocado un bochorno especial en el Poder Judicial.

Se trata del juez del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, Diego Illanes, quien viajó en 2023 a España. Para permanecer en el extranjero, el magistrado fue combinando días de vacaciones, días sin goce de sueldo y para alargar aún más su estadía presentó licencias médicas.

Al magistrado se le abrió un sumario que lo llevó adelante la fiscal judicial Macarena Troncoso. El pleno de la Corte de Santiago lo sancionó con el máximo castigo: la suspensión por cuatro meses, medio goce de sueldo y la propuesta de apertura de cuaderno de remoción. La sanción fue unánime en la Corte de Santiago.

Su sumario estaba cerrado y el pasado 6 de julio Illanes presentó su renuncia al Poder Judicial. Sin embargo, al suspendido magistrado no lo dejaron renunciar.

El argumento esgrimido fue que el Código Orgánico de Tribunales no permite cursar renuncias cuando un juez está sometido a un sumario. Pese a que su proceso disciplinario ya estaba cerrado, la Suprema forzó a que permaneciera para tramitar su cuaderno de remoción.

Esto sin importar que previamente el Poder Judicial ya había permitido renuncias en medio de procesos de remoción. Ese fue el caso del ministro Juan Antonio Poblete quien renunció pese a que su cuaderno aún estaba en desarrollo.

Quienes supieron de su caso cuentan que en el informe que envió la Corte de Santiago al pleno del máximo tribunal, donde los ministros dan su parecer sobre la conducta del inculpado que está sometido a un cuaderno de remoción, el pleno del tribunal de alzada capitalino por unanimidad dio su opinión favorable a que el máximo tribunal procediera a su expulsión.

El caso de Illanes es señalado al interior de la judicatura como uno de los más escandalosos. Por eso en el mundo judicial su remoción se daba casi por seguro y, pese a que no se sabe cómo votaron los supremos, todo indica que su expulsión podría haber sido incluso unánime.