Cuando el viernes el abogado de Manuel Monsalve, el defensor penal público Víctor Providel, salió de la Segunda Sala de la Corte Suprema mencionó que estaba concentrado en que la investigación contra el exsubsecretario, imputado por el delito de violación y abuso sexual, se cerrara “lo más rápido posible” para enfrentar así el juicio oral donde espera sea absuelto.

Es justamente ese el escenario que ahora deberá preparar la exautoridad de gobierno, quien ayer salió de la cárcel Capitán Yáber luego de que el máximo tribunal acogiera el recurso de amparo presentado por su defensa.

Monsalve, en su primera alocución pública luego de seis meses tras las rejas, reiteró que es “inocente” y que las “denuncias deben ser investigadas”. “Por supuesto que hay una denuncia, las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia”, apuntó.

Así las cosas, fue a inicios de abril que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago amplió en 75 días el plazo de investigación, lo que se cumplirá durante la quincena de junio.

El futuro de la causa

Conocedores de la causa afirman a este diario que la Fiscalía ya tiene la investigación prácticamente concluida y las diligencias pendientes estarían prontas a terminar. En ese escenario, los investigadores no están contemplando solicitar una nueva ampliación en el plazo de investigación.

Una de esas últimas diligencias fue una pericia que realizó la Policía de Investigaciones al teléfono que Monsalve utilizó el día de los hechos, aquella noche del 23 de septiembre en el Hotel Panamericano.

Ese trabajo policial, que fue presentado por los fiscales Francisco Jacir, Xavier Armendáriz y Marcelo Borbarán en la audiencia de abril donde se discutieron las medidas cautelares, reflejó que la exautoridad tuvo al menos 100 interacciones con su teléfono, dentro de las cuales utilizó Spotify, Signal y abrió su cámara.

El informe reveló que entre las 00.45 horas y las 01.18 del lunes 23 de septiembre abrió su cámara. Las conclusiones de ese informe, donde se podría establecer qué realizó con la cámara, son parte de las diligencias que estaban pendientes.

Con todo, de acuerdo a los plazos que manejan conocedores de las causas judiciales, el fiscal tiene 10 días para presentar la acusación una vez que se cierre la investigación. Deducida la acusación se fija fecha de audiencia de preparación de juicio oral (APJO) que debe ser entre los 25 y 35 días desde la acusación. Aunque esas fechas, dicen fuentes de este diario, siempre se extienden. Así la APJO se realzaría en agosto, para dar inicio al juicio en noviembre o diciembre.

Por eso, no pocos aventuran que el juicio contra Monsalve podría coincidir con una fecha especialmente sensible en términos políticos.

A eso se suma que han declarado en el caso figuras como Carolina Tohá, quien al momento de los hechos era ministra del Interior y jefa del subsecretario (hoy carta a La Moneda por el Socialismo Democrático), y también el propio Presidente Gabriel Boric. En su calidad de testigos, entonces, podrían ser citados al tribunal oral, ya que el proceso de enjuiciamiento es 100% oral, no se puede incluir una declaración por escrito.

Lo mismo que todos aquellos funcionarios de gobierno que aparecen en el expediente judicial. Por ende, es muy probable que los “tiempos judiciales” sí se encuentren con “los tiempos políticos”, ya que las elecciones presidenciales están agendadas así: la primera vuelta el 16 de noviembre y la segunda, el 14 de diciembre.

¿Y los gastos reservados?

A inicios de noviembre de 2024 el diputado Andrés Celis, a través de su abogado Luis Cantellano, presentó una querella contra Monsalve por el delito de malversación de caudales públicos, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia, que derivan de la denuncia inicial.

Las interrogantes, parte de ellas surgidas de parlamentarios de oposición, comenzaron luego de que se revelara que Monsalve acostumbraba pagar con dinero en efectivo. Así lo hizo, por ejemplo, cuando pagó los $118 mil de la cuenta del restaurante Ají Seco Místico el 22 de septiembre, donde acudió junto a la mujer que lo denunció.

“Durante el año 2024 se establecieron recursos por concepto de gastos reservados por $530 millones. De acuerdo a su ejecución, en julio se utilizaron $50 millones; en septiembre, $50 millones. Es decir, en total se gastaron $100 millones, dejando un saldo de $430 millones, los que deben ser auditaos por la Contraloría General de la República, para determinar su uso y destino conforme los informes que se deben remitir”, se lee en la querella de Cantellano.

“Se ha observado un escaso avance en las diligencias investigativas, a pesar de las más de una decena de solicitudes que hemos realizado para que el fiscal Jacir ejecute dichas acciones. Estamos seguros de que si se hubiese reformalizado por estos delitos, la decisión de la Corte Suprema habría sido otra”, se quejó Celis.

En total, la Fiscalía investiga el uso de cerca de $900 millones que Monsalve retiró de los gastos reservados. Cantellano, en tanto, afirmó que no ha tenido notificación de que esta arista vaya a ser formalizada en el corto plazo. Tampoco ha tenido comunicación con el fiscal Jacir, dijo a este diario.