Las defensas de los reos que cumplen condena en la excárcel Punta Peuco -hoy Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil- suelen ser muy proactivas judicialmente. Por eso es común que ingresen recursos con el objetivo de que sus representados puedan salir para exámenes médicos, concretar trámites, que puedan recibir insumos especiales y, entre otras cuestiones, conseguir cumplimientos alternativos.

Pero en junio de este año dos abogadas que representan un grupo importante de internos de dicho recinto activaron diferentes ofensivas y centraron sus esfuerzos en intentar amortiguar lo que sería la reconversión del establecimiento a una cárcel común.

Así, 21 días después de que el Presidente Gabriel Boric confirmara en medio de su última cuenta pública la medida -que se materializó a inicios de noviembre cuando Contraloría tomó razón del decreto que oficializaba el cambio- se ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un primer recurso de protección para frenar el retiro de refrigeradores que mantienen los internos para guardar comida y medicamentos.

Gendarmería había dispuesto la medida el 19 de junio para mejorar la eficiencia energética del lugar, pero también como una fórmula para ir disminuyendo los privilegios con que cuentan los condenados que ahí se encuentran versus los que están en otros penales.

De acuerdo con el catastro de electrodomésticos que ha hecho Gendarmería, en un recinto donde solo hay alrededor de 140 internos existen 105 refrigeradores, 73 televisores, 74 calefactores, 29 hornos eléctricos, microondas y hervidores, 10 lavadoras secadoras y 75 colchones particulares.

O sea, el 75% de la población penal cuenta con un refrigerador particular, y existe un televisor cada dos internos aproximadamente.

Además, como ha mencionado el director de Gendarmería, Rubén Pérez, en informes enviados a la corte, “existen televisores que exceden el tamaño permitido de 32 pulgadas, de acuerdo al Oficio Circular 115/2023, y cuentan con conexión a TV Cable DirectTV, no existiendo documentación de autorización o respaldo de motivo por los cuales cuentan con dicho sistema de televisión”.

La entidad penitenciaria además ha reportado que “existe una evidente sobrecarga eléctrica, teniendo en consideración que todos los artefactos que se nombraron son exclusivamente de uso personal de los internos, a lo que se le debe sumar la carga eléctrica necesaria para que funcione el recinto penitenciario”.

Pero aunque se trata de una realidad que dista de lo que se evidencia en otras unidades penitenciarias, los internos y sus familiares no han dado su brazo a torcer y recalcan que son utensilios básicos necesarios.

Bajo esa lógica, el 25 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago, en una decisión dividida, concedió una orden de no innovar que frenó cualquier retiro de electrodomésticos hasta que se resolviera el fondo del recurso. Eso sí, el tribunal de alzada capitalino rechazó dicha acción patrocinada por la abogada Carla Fernández el pasado 18 de noviembre. Tras presentar apelación, están a la espera de que la Suprema se pronuncie.

En esa acción de protección los reos defienden la permanencia de dichos enseres haciendo presente que no solo mantienen su comida, sino que también “permiten mantener en condiciones las dosis de insulina y alimentos que deben utilizar y consumir los internos diabéticos”, que son alrededor de 40.

Además, dicen, ahí guardan los alimentos de tipo “enteral” que consumen los reclusos con enfermedades óseas, que suman cerca de 25 internos. Además critican que la comida normal entregada por Gendarmería -que en lenguaje penitenciario y militar se denomina como “rancho”- les impide llevar una dieta adecuada para adultos mayores de 75 años.

Pese a eso, desde Gendarmería han recalcado que “no es efectivo que los internos requieran de sus refrigeradores particulares para autogestionar sus cuidados de salud y en especial los internos diabéticos insulinodependientes, toda vez que ellos no administran sus dosis de insulina; asimismo, no se encuentran en una situación precaria de alimentación otorgada por el recinto penitenciario".

Las visitas

El segundo punto que preocupa ampliamente a internos, sus abogados y familias, es lo referente a las condiciones en que recibirán las respectivas visitas, ya que la readecuación de las instalaciones a las de una cárcel común dejarán atrás los espacios vip que los reclusos habían habilitado en los patios.

Estos espacios fueron acondicionados por los internos con toldos y carpas. Esta indumentaria, en caso de que avancen las obras de Gendarmería, deberá ser removida. Esto en paralelo a que la entidad penitenciaria trabaja en la construcción de un nuevo recinto especialmente destinado a albergar a las visitas que llegan los días establecidos, y así realizar los controles pertinentes.

Respecto de estas condiciones, los reos también presentaron en agosto un nuevo recurso de protección donde hicieron sus descargos en esa materia. En esa acción alegan que fueron ellos quienes habilitaron esos patios, con su dinero, y que el nuevo lugar de visitas podría ubicarse en otra zona del penal. Además señalaron que ahí suelen almorzar y cenar.

“Corresponde a un pequeño sitio que los propios presos hace años -y a su costa- aplanaron, le pusieron pasto, plantaron unos pocos árboles frutales y cultivaron yerbas medicinales de todo tipo (menta, ruda, etc.), con el objeto de tener un lugar de encuentro social entre ellos y sus visitas que reciben todas las semanas, haciendo más amable la convivencia”, se lee en la mencionada acción.

La nueva modalidad de funcionamiento también incluía cambios en los días y horarios para recibir visitas, lo que desde las defensas de los internos catalogan como un hostigamiento y persecución de parte de los funcionarios de Gendarmería. Desde la otra vereda, eso sí, sostienen que esto solo tiene que ver con cuestiones de emparejar condiciones respecto de otros recintos, en línea con el derecho de igualdad ante la ley.

Respecto a ese segundo recurso, en agosto, también en una decisión dividida, se les concedió una orden de no innovar que abarca el régimen de visitas y las encomiendas, por lo que que se paralizó la deshabilitación de esos espacios, lo que se mantendrá hasta la revisión del fondo del recurso.

Ante el temor de que estos elementos fueran retirados, la semana pasada los internos interpusieron un recurso de amparo -ingresado por la abogada Solange Robert- ante el Juzgado de Garantía de Colina, que llevó a que el juez Carlos Poblete se constituyera en el penal durante la jornada de ayer lunes 1 de diciembre. Ahí instruyó al personal de Gendarmería a respetar las dos órdenes mencionadas que afectan lo que tiene que ver con refrigeradores, régimen de visita y encomiendas.

El temor por la gruta

Además de estos asuntos hay otra tema que mantiene inquietos a los internos de la excárcel Punta Peuco. Se trata de la situación de la gruta con la Virgen María que ellos pidieron construir.

De acuerdo con lo que señalan las defensas, las obras que contempla Gendarmería implicarían la reubicación de ese espacio donde a diario rezan y, por estos días, celebran el mes de María.

“La decisión de Gendarmería incluye la destrucción de una gruta con la Virgen María (imposible de trasladar) ubicada en el módulo 1, y que constituye un lugar de pequeña ‘peregrinación’ de los internos de otros módulos, que es una obra de concreto que demoró dos años en su construcción, que los mismos internos hicieron y que utilizan como espacio diario de reflexión espiritual, y en donde todos los domingos -en la medida de lo posible- se encargan de realizar una pequeña eucaristía”, dicen las abogadas.