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La arremetida de Juanito González, el hombre clave en la causa “Chinamart” que complica a Karol Cariola

La defensa del militante comunista apuesta a que, si no se le reconoce el patrocinio de sus abogados, se le sobresea a la brevedad.

PABLO VASQUEZ R.

El 21 de abril el abogado Ramón Sepúlveda, en representación de Jorge Patricio Cárcamo Castro, más conocido como Juanito González, solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago tener presente el patrocinio y poder otorgado por su cliente a fin de formalizar su participación en la causa, donde también se indaga a la diputada Karol Cariola por supuesto tráfico de influencias.

Cárcamo Castro ha sido considerado una pieza clave en esta trama, dado que en un informe de la PDI se le señala como quien habría actuado de nexo entre la parlamentaria y empresarios chinos por los que luego, Cariola habría intentado interceder frente a su amiga y compañera de partido Irací Hassler. Esto cuando la economista ejercía como alcaldesa de Santiago.

De hecho, al igual que en el caso de Cariola, efectivos de la policía civil allanaron su domicilio y le incautaron su celular y otros elementos.

Pese a todo ello, cuando su abogado intentó “acreditarse” ante el tribunal, el juez Jaime Fuica Martínez declinó la presentación por estimar que Cárcamo Castro no era interviniente.

Ante ello, durante las últimas horas, el abogado Ramón Sepúlveda volvió a ingresar un escrito para que se le reconozca como parte de la causa, pues justamente para este jueves está programada la declaración del imputado.

Hace presente que lo resuelto por Fuica “es un error, toda vez que respecto de mi representado se han decretado diligencias que afectan sus derechos y garantías constitucionales, como fue el allanamiento a su domicilio junto con la incautación de sus dispositivos electrónicos, que hasta el día de hoy permanecen en poder del Ministerio Público”.

No reconocer la calidad de imputado de su cliente, indica, “le impide ejercer sus derechos procesales, tales como conocer los antecedentes de la investigación, solicitar diligencias, pedir el sobreseimiento, entre otros”.

En el caso de que no se acojan sus planteamientos, en subsidio el penalista plantea que “se cite a una audiencia de cautela de garantías por las mismas consideraciones de hecho y de derecho planteadas en lo principal de esta presentación, a fin de discutir la calidad de imputado de mi representado, así como la vulneración de sus derechos procesales al no otorgar la posibilidad de contar con una defensa letrada en esta causa, que a su vez impide los derechos señalados previamente”.

En esa instancia, de hecho, podrían avanzar en la solicitud de sobreseimiento definitivo.

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