Luego de que la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentara una apelación ante la Corte Suprema por el fallo que declaró admisible la querella de capítulos en su contra, ahora presentó una recusación contra 14 ministros del máximo tribunal y una ministra suplente de la Suprema.

El documento fue ingresado en la Corte de Apelaciones de Santiago y cuestiona que los ministros que participaron en el proceso abierto en su contra en la Comisión de Ética y en su cuaderno de remoción pretendan ahora resolver la admisibilidad y fondo de la querella penal.

“¿Quién decidirá sobre la admisibilidad de esa querella y eventualmente juzgará sus méritos? Increíblemente, la misma Corte Suprema, el mismo órgano colegiado que actuó como acusador y juez en la remoción, pretende ahora constituirse en tribunal de esta causa penal”, señala el documento ingresado por la exmagistrada.

“Es decir, los mismos ministros que ya formaron convicción en contra de la exministra, al punto de destituirla y exponerla públicamente, serían quienes evalúen si corresponde encausarla penalmente y, llegado el caso, juzgarla. Esta superposición de funciones desborda los principios elementales de justicia y sitúa el proceso en una condición institucionalmente insostenible”, añade el escrito.

Es así como desde la defensa de Vivanco solicitan la recusación de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Repetto, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, Mireya López y Jessica González, así como de la ministra suplente Eliana Quezada.

“Se sembró la sospecha”

En el escrito, además, la defensa de Vivanco apunta que en el proceso “se sembró la sospecha sobre la ministra antes de que ella pudiera siquiera conocer detalladamente de qué se le acusaba” y que “este fue el primer quiebre en las garantías de imparcialidad y legalidad, consumado en el seno mismo del órgano llamado a resguardarlas”.

En el segundo punto del texto, en tanto, se resalta que la exministra fue removida de su cargo “sin mediar procedimiento disciplinario previo alguno, contraviniendo la práctica judicial asentada y principios básicos de justicia”. Algo que incluso Vivanco está alegando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un largo litigio contra el Estado de Chile que recién está partiendo.

De acuerdo a la defensa de Vivanco, en ese acto se le negó la posibilidad real de contrarrestar las imputaciones. Se señala que no se le permitió acceso pleno al expediente ni a las supuestas pruebas en su contra; no hubo audiencia pública, testigos contrainterrogados ni un análisis sereno de descargos. Y que para consumar esta decisión -acusa-, el tribunal dejó de lado sus propios estándares de imparcialidad: “Algunos ministros que participaron en la votación arrastraban vínculos o intereses en los hechos (incluso apareciendo ellos o sus familiares mencionados en los chats filtrados), pero no se abstuvieron”.

Esto en indirecta alusión al recién removido supremo Diego Simpertigue quien ya no integra la Suprema, pero sí votó a favor de remover a Vivanco. Simpertigue actualmente es imputado en la trama bielorrusa.

La petición de Vivanco tiene un antecedente relevante. Cuando la querella de capítulos se vio en el tribunal de alzada capitalino la ministra Iara Barrios, a quien le tocaba integrar la sala que resolvería el asunto, se inhabilitó a solicitud de la defensa de Vivanco. La ministra se marginó debido a que en su momento fue relatora de la Suprema cuando se vio la remoción por lo tanto no tenía imparcialidad para resolver la admisibilidad de la querella de capítulos. Un asunto que ahora le tocará decidir a casi la totalidad del pleno del máximo tribunal.

Si la petición de la defensa Vivanco tiene éxito, la Suprema podría armar sala con ministros no inhabilitados como los nuevos supremos Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, un ministro suplente y dos abogados integrante.

La caída de Vivanco

El 10 de octubre de 2024 se selló la caída de Ángela Vivanco. Ese día, luego de un pleno extraordinario que se extendió por poco más de siete horas, el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, leyó el veredicto que terminó de forma categórica con las especulaciones respecto del futuro de la ministra en las filas del Poder Judicial.

Por la unanimidad de los magistrados presenten en la audiencia (19 supremos), el máximo tribunal acordó la remoción de la ahora exministra. Como transmitió el pleno en aquella ocasión, llegaron a la conclusión de que la abogada, “con su mal comportamiento”, comprometió “los cimientos del Estado de Derechos”.

Según la resolución, fue posible establecer que Vivanco tuvo “una participación inadecuada” en la vista de la causa de Belaz Movitec contra Codelco, “al haber efectuado gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso interpuesto, sin que el Presidente de la Corte Suprema -de esa época- hubiese dictado la resolución respectiva”.

Y, además, que la profesional seguía un patrón de comportamiento: Aprovechaba “la circunstancia de encontrarse como Presidenta de la Tercera Sala, para ordenar el conocimiento en cuenta de ciertas causas que no versaban sobre materias urgentes -como lo es el derecho a la vida o la salud de las personas- y que, por la fecha de su ingreso, aún debían esperar su turno para ser vistas”.

También que “ejerció presiones sobre los relatores para apurar ciertos proyectos de fallo”, y que en el nombramientos de conservadores de bienes raíces, ella reconoció haber conversado del asunto con ministros de Corte y que, igualmente los chats revisados en la indagatoria dan cuenta de “una intención de intervenir en concursos para cargos de este Máximo Tribunal, gestionando llamadas y reuniones en apoyo, y también en contra de ciertos candidatos, con la finalidad de obtener, según sus dichos, el “take over” (toma de control) de la Tercera Sala”.