Una compleja situación es la que anticipan los municipios ante la inminente entrada en vigencia del reglamento de la Ley 21.553 -más conocida como Ley Uber-, que exigirá licencia profesional a todos los conductores que trabajen mediante aplicaciones.

Según cifras del sector, actualmente hay cerca de 88 mil conductores que no cuentan con este tipo de licencia y debiesen acceder a ella para continuar trabajando para las aplicaciones. El tema es que las proyecciones no son del todo alentadoras.

En los últimos tres años, el sistema municipal, según información del sector, ha entregado un total de 60 mil licencias profesionales, lo que equivale a un ritmo de aproximadamente 20 mil por año.

Bajo esa lógica, absorber a los 88 mil conductores que necesitarán regularizar su situación tomaría al menos cuatro años, cuando la ley otorga un plazo de uno para cumplir con esta obligación.

Hoy por hoy se estima que solo el 15,5% de los conductores de apps activos en diciembre de 2023 -alrededor de 16.700 personas- cumple con los requisitos actuales de antigüedad de licencia clase B, tipo de vehículo (cilindrada) y clase profesional (A1, A2 o A3) para seguir operando legalmente cuando entre en vigor el nuevo reglamento.

La situación ha puesto en alerta a las municipalidades, responsables de procesar y otorgar las licencias profesionales y que recientemente ya sufrieron por esto. Sin ir más lejos, el Ministerio de Transporte tuvo que lidiar con el colapso de citas para obtener las licencias de conducir que habían vencido sus prórrogas tras la pandemia, lo que en ese momento abrió un flanco -contenido- para el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

Sin embargo, esta vez la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) tiene otra mirada.

“Lo que viene con la entrada en vigencia del reglamento de la Ley Uber es preocupante. Los municipios no tenemos la infraestructura, ni los recursos humanos, ni financieros para asumir este aumento explosivo en la demanda de licencias profesionales”, advierte el alcalde de La Reina y presidente de AMUCH, José Manuel Palacios (UDI).

Según explica, “si el Estado nos impone esta carga, debe también entregar las herramientas para responder. De lo contrario, el sistema simplemente colapsará”.

Es por esta razón que los ediles buscan gestar una reunión con el ministro Muñoz para encontrar una salida a la crisis que, según ellos, se avecina.

Y aunque la ley fue promulgada en abril de 2023, aún no ha comenzado a regir, ya que el reglamento -si bien aprobado por Contraloría- no ha sido publicado en el Diario Oficial.

Solo una vez que esto ocurra comenzará a correr el plazo legal de 30 días para su entrada en vigencia, por lo que el proceso sigue estancado. Al no cumplirse ese paso, los plazos establecidos por la ley tampoco se han activado formalmente, manteniendo el escenario en punto suspenso.

Consultados por este medio, desde la cartera declinaron entregar una postura frente a la alerta emitida por el gremio municipal.

A su vez, la organización Alianza In, que representa a conductores de aplicaciones, avanza por su carril y busca alternativas.

En una reunión con municipios transmitieron la urgencia de buscar mecanismos de transición que permitan cumplir la ley sin paralizar la fuente laboral de decenas de miles de personas, considerando que el trámite, sea como sea, tomará tiempo.

En ese contexto, Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In, explica que “desde hace algunas semanas hemos propiciado mesas de trabajo con las asociaciones de municipalidades con el objetivo de adelantarnos a un escenario que puede resultar complejo, dado que el reglamento de la Ley Uber obligará a colaboradores de las aplicaciones a obtener una licencia de conducir profesional, demanda que deberá ser absorbida por los municipios”.