Este martes, a las 6 de la mañana, comenzará la segunda etapa del desalojo de la toma ubicada en la Quebrada Las Zorras, sector Cerro 18, de Lo Barnechea. La intervención, que se extenderá por jornadas sucesivas, forma parte del plan municipal iniciado en 2024 para recuperar terrenos declarados de alto riesgo. En esta fase se intervendrán las primeras 30 familias -una franja ya identificada según la zona a desalojar-, dentro de una estrategia que ya había movido a un grupo previo el año pasado.

El asentamiento se consolidó desde 2019 y llegó a reunir más de 130 viviendas en la quebrada. El catastro municipal, realizado entre octubre de 2023 y marzo de 2025, contabilizó 132 viviendas y 326 personas (167 mujeres y 159 hombres). De ese total, 38 son menores de edad.

De las 30 familias involucradas en esta salida, el municipio estima que hay menos de diez menores.

En la jornada participará la Delegación Presidencial de la RM, junto a más de 100 carabineros, Techo-Chile y funcionarios de la municipalidad.

Las autoridades municipales justifican el desalojo por razones técnicas. Y es que la quebrada está catalogada como área de riesgo natural en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y el Decreto DAL N° 0488/2024 declaró la inhabilidad del sitio, ordenando así la demolición de construcciones levantadas sin permiso.

Lo anterior sumado a informes técnicos y un dictamen de Bomberos donde se advirtió sobre peligros concretos por inundaciones, deslizamientos e incendios, además de la imposibilidad de acceso para vehículos de emergencia.

Parte de los argumentos guardan relación con el emplazamiento geográfico de la toma. Y es que, según el informe, el asentamiento se ubica en una ladera de 300 metros horizontales, con un ancho variable de entre 30 y 140 metros, determinando un área de alrededor de 23.000 metros cuadrados. El área cuenta con una pendiente que sobrepasa el 30% en la parte superior, cuando el Plan Regulador Metropolitano de Santiago determina un máximo del 15%, sumado a que la zona ha sido definida como no apta para ser habitada.

Asimismo, se detalla que el asentamiento fue construido fuera del área construible en el Plan Regulador de Lo Barnechea, por lo que sus viviendas no cumplen con ciertas normas de seguridad, como ancho de calles o superficie máxima ocupable. “No cuentan con esas primeras medidas de seguridad y, además de eso, quedan situadas en lo que se conoce como interfaz urbano forestal, es decir el espacio donde se une el territorio urbano con el territorio no urbanizado, generalmente cubierto por especies vegetales combustibles”, sostiene el documento. A esto se suma el tipo de construcciones de material ligero y altamente combustible.

El municipio ha promovido desde 2024 un Programa de Apoyo para la Relocalización, que entrega un subsidio de arriendo de $ 340.000 mensuales, prorrogable por 12 meses y con cobertura nacional. A ello se suma traslado gratuito de enseres, apoyo en embalaje, inventario y bodegaje. Según la municipalidad, antes de este desalojo más de 60 familias se han reubicado voluntariamente gracias a estas medidas y 75 familias en total han sido beneficiadas.

El alcalde, Felipe Alessandri (RN), explica que “tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, pero sobre todo tenemos el deber ético de proteger la vida de los vecinos que hoy viven en un lugar que es una zona de alto riesgo. No podemos mirar hacia el lado cuando Bomberos y nuestros equipos técnicos advierten un peligro real y permanente.”

En esa línea, señala que “las viviendas instaladas en esta quebrada representan un riesgo latente para la vida de quienes allí residen. Y cuando está en juego la vida de un vecino, el municipio tiene que actuar con decisión.”

“Sabemos que estas familias están pasando por un momento muy difícil. Por eso el municipio ha estado ahí, acompañándolos, entregándoles información, apoyo social y una mano amiga en todo este proceso”, concluye Alessandri.

Acceso a vivienda

Pese a las ayudas, hay voces que apuntan a la dificultad práctica de acceder a arriendos en Lo Barnechea con el monto entregado. “El gran problema es que las familias no han tenido mucho acceso a soluciones más definitivas de largo plazo para quedarse en la comuna. Eso es lamentable porque implica desarraigo, pérdida de oportunidades y profundiza la segregación”, dice Isidora García, directora social de Techo–Chile.

García añade que muchas de las familias son vecinas históricas, trabajaban en la comuna y vivían como allegadas antes de instalarse en la quebrada en 2019.

Las autoridades municipales retrucan que el subsidio y las ayudas complementarias no constituyen una obligación legal, sino un esfuerzo extraordinario del municipio para mitigar el impacto del desalojo. “Este nivel de apoyo no existe en ninguna otra comuna del país”, afirma la municipalidad, que enfatiza que el desalojo se define como último recurso tras un extenso trabajo social y técnico.

Como sea, lo cierto es que Techo–Chile participará con equipos de voluntariado para apoyar en labores prácticas como desmontaje de viviendas, traslado de pertenencias y un dispositivo de niñez para resguardar a menores. “En los desalojos las familias quieren resguardar sus bienes, las viviendas que construyeron y sus cosas. Para eso necesitan manos: desarmar viviendas, sacar pertenencias. Vamos a estar también con un dispositivo de niñez”, afirma García.

El operativo, coordinado con Carabineros, comenzará temprano para dedicar las primeras horas a la conversación con las familias y facilitar retiros voluntarios. A pesar de que la municipalidad espera un desalojo amistoso, en días previos algunos residentes protagonizaron protestas y barricadas, lo que anticipa un ambiente tenso.

El plan también contempla la presencia de la Oficina Local de la Niñez y un punto veterinario para atención de mascotas de la Sección de Higiene Ambiental y Fauna Silvestre para vacunación y cuidados básicos. La adopción eventual se evaluará posteriormente, según indica el municipio.

Organizaciones sociales, en tanto, advierten que la medida puede profundizar la exclusión si no se asegura continuidad en el acceso a empleo, educación y redes. “Los desalojos producen una interrupción de los proyectos de vida. Se pierden redes de empleo, los niños pierden sus lugares de educación, y muchas familias se van a otra comuna, a otro campamento o incluso caen en situación de calle”, señala García.

Tras la jornada, la municipalidad esperará algunos días para conocer la decisión de las familias sobre las alternativas ofrecidas, aunque sin un plazo definido.