Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: comando de Sichel enfrenta nueva baja y partidos presionan por tomar control de la campaña

A menos de 20 días de asumir como una de las nuevas voceras de la campaña de Sebastián Sichel, la ex ministra de Mujer, Isabel Plá (UDI), comunicó su decisión de dejar el comando.

Su alejamiento, explican en su entorno, se da en medio de la desafección que se ha instalado entre los partidos oficialistas –especialmente la UDI– y el abanderado de la coalición. Se explicó, además, que la ex ministra no se sentía considerada en la toma de decisiones.

Plá es la segunda baja que por estos días se produce en el equipo de campaña. El miércoles renunció el coordinador general y mano derecha del candidato, Cristóbal Acevedo, luego que un reportaje de CNN y CHV revelara supuestos aportes irregulares de empresas pesqueras a la fallida campaña a diputado de Sichel en 2009, donde Acevedo figuraba como uno de los emisores de boletas.

Ayer Sichel debió enfrentar un nuevo flanco al conocerse que dos ejecutivos de Abastible y Lipigas aportaron más de $ 16 millones a su actual campaña, una materia sensible considerando que la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica advirtiera que ese mercado no era lo suficientemente competitivo y que Yasna Provoste lo emplazara a contestar, en el último debate, si había hecho lobby por las empresas del gas.

En medio de este panorama –escriben los periodistas Paula Catena y Luciano Jiménez en un artículo que aborda la compleja semana de Sichel– los partidos oficialistas están convencidos de que tienen que “tomarse el comando”, por lo que están presionando por incidir en el nombramiento del nuevo coordinador general de la campaña. Lee más de esta historia.

Un artículo del periodista Leonardo Cárdenas da cuenta de que en marzo de 2017 la Contraloría presentó una demanda en contra del ex coordinador de Compras y Contratos de la Junaeb, Nelson Hadad Abuhadba, y el otrora jefe del Departamento de Logística, Mauricio Olagnier Tijero, quien es esposo de la candidata presidencial Yasna Provoste.

La acción busca que ambos ex funcionarios restituyan $ 859.718.142, pues se les atribuye responsabilidad en haber ejecutado en 2015 un cuestionado proceso de producción y distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes que no cumplían con los requisitos para el beneficio.

Todo comenzó en 2015, cuando la Contraloría efectuó una auditoría a la Junaeb, que en julio de ese año cambió de director asumiendo el hoy renunciado coordinador general de la campaña de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo.

Ayer, de hecho, Acevedo dijo que la denuncia por supuestos aportes irregulares de empresas pesqueras a Sichel en 2009 –donde él habría emitido boletas de honorarios ideológicamente falsas– representaban una “vendetta” por haber tenido que intervenir la Junaeb “por causas de corrupción”.

“En el año 2015 tuve la dolorosa misión de intervenir la Junaeb por causas de corrupción cuando era dirigida por un director demócrata cristiano. En esa época, cuando aún yo era militante de la DC, tuve que destituir a todos los directivos de la DC que integraban la institución”, afirmó Acevedo en un video difundido ayer.

Carlo Mora, abogado de Mauricio Olagnier, dijo que el juicio “se inició por una eventual negligencia o un mal cálculo que habría hecho para poder determinar el número de tarjetas que se tenían que mandar a comprar”, pero que su defendido no tuvo ninguna responsabilidad en la toma de decisiones de esa adquisición.

El caso sale a la luz luego de que Hadad presentara el pasado 15 de septiembre un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra del ente fiscalizador por el “excesivo tiempo” en que ha incurrido en emitir su sentencia. La acción judicial fue desestimada por el tribunal de alzada y el caso escaló a la Corte Suprema, lugar en el que la tramitación se encuentra vigente. Lee más de esta historia.

Un sondeo de Criteria, La Cámara Chilena de la Construcción y ReConstitución de La Tercera realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre arrojó que, pese a que la Convención Constitucional acordó su reglamento general en tres meses -un tiempo inferior al que tardaron otras convenciones del mundo-, el 62% de las personas consultadas “cree que se está avanzando más lento que lo esperado”.

Otros resultados:

• 57% considera que la Convención “está perdiendo tiempo en asuntos que escapan al rol para el que fue elegida”
• 49% piensa que “la Convención está bajo ataque permanente de sectores que no quieren una nueva Constitución”.
• 55% cree que “la Convención está gastando más recursos de lo necesario”.
• 36% sostiene que el órgano constituyente “está controlada por grupos extremos”. Lee más de esta historia.

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