La advertencia publicada por Science -una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo- sobre un posible debilitamiento del Ministerio de Ciencia y quedar fusionado o relegado a la cartera de Educación en el gobierno de José Antonio Kast, instaló una señal de alerta que trascendió las fronteras del país.

A ello se sumaron las críticas por los recientes resultados en la adjudicación de los Centros de Interés Nacional, que dejaron sin financiamiento estatal áreas consideradas prioritarias, como envejecimiento y cambio climático, que se suma a otros centros que quedaron en el camino en adjudicaciones anteriores, tensionando la relación entre la comunidad científica y el Estado.

De hecho, recientemente el Consejo universitario de la Universidad de Chile solicitó a su rectora, Rosa Devés, analizar este tema de manera urgente ante el “incalculable costo y retroceso que suponen estos resultados”.

En este escenario, marcado también por los últimos días del actual gobierno y la incertidumbre respecto del rumbo que podría tomar la próxima administración en esta área, el ministro de Ciencia, Aldo Valle, aborda en entrevista con La Tercera los riesgos de un retroceso institucional, defiende la autonomía del sistema de investigación y plantea qué principios, a su juicio, no debieran cruzarse si Chile aspira a sostener un desarrollo científico basado en evidencia, estándares disciplinarios y políticas de largo plazo.

Sobre los reclamos a la adjudicación de fondos para los Centros de Interés Nacional, manifestó que los resultados son claros y legítimos, aunque esto marca un precedente para revisar el Plan Nacional de Centros para que esto no vuelva a suceder.

¿Qué tan fundadas le parecen las inquietudes plasmadas en Science?

Me parece que es una preocupación que tiene sentido plantearse, atendiendo fundamentalmente a que los procesos electorales se generan discursos que van en favor de los clivajes que se necesitan en esas coyunturas. Y eso, obviamente, lleva a que se puedan enviar mensajes que causen una preocupación en la comunidad científica.

A mí me parece que la política sin el apoyo de la ciencia puede caer en un populismo irresponsable a largo plazo, que produzca efectos muy negativos en un ámbito que requiere de procesos continuos.

Y en lo personal, ¿a usted le preocupa que se instale esta posibilidad de un retroceso institucional para la ciencia en Chile?

Me parece que sería muy grave para el país que tuviéramos un retroceso. Nosotros tenemos una estructura jurídica que garantiza, por ejemplo, una autonomía, una independencia de la comunidad científica. Pero no solo eso, garantiza la participación de la comunidad científica a la hora de los recursos que transfiere el estado al quehacer científico en el país.

Es muy importante que los gobiernos de turno no tengan esa atribución de asignar recursos directamente, sino que se haga sobre la base de concursos, a través de un órgano autónomo, de modo que la producción de conocimiento se haga sobre la base de estándares propios de las respectivas disciplinas, y no por la intervención administrativa de un determinado gobierno.

¿Y usted considera que estas señales deberían ser abordadas como una forma de alerta temprana, más allá del debate político interno?

Yo creo que es muy importante que haya una deliberación al respecto, y que esa deliberación, obviamente, la lleve a cabo la comunidad científica. A mí no me cabe la menor duda que, conforme a nuestras tradiciones, las nuevas autoridades van a escuchar a la comunidad científica y su deliberación pública.

Ministro, ¿y qué es lo que se perdería en el caso de que el ministerio de Ciencia perdiera su rango?

Bueno, lo que se perdería es esa capacidad del Estado de impulsar políticas públicas que tengan un impacto directo en los procesos de innovación. Y tiene que haber un órgano en el Estado que lleve a cabo esas tareas con la precisión, con la pertinencia que se que se requiere.

Y salvo que usted diga que el Estado no tiene no tiene que intervenir en nada, entonces usted está tomando una decisión política: la desregulación absoluta. Y ese es un pésimo camino para enfrentar este desafío, porque necesitamos establecer también ciertos límites.

¿Qué política o instrumentos del sistema científico deberían tomarse como políticas de Estado, más allá del signo que pueda tener cada gobierno?

Cuando el gobierno de Chile hace gestiones para que nos incorporemos a la organización europea de investigación nuclear (CERN) se lleva a cabo una acción política que me parece que sea reconocida como una política de Estado de largo plazo. Tanto es así, que en las dos comisiones del Senado en que se deliberó sobre este el proyecto se aprobó por unanimidad. Y en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara también se aprobó.

Yo veo muy difícil que en esto tengamos un retroceso, salvo que se actúe con voluntarismo. Y yo espero y deseo que no sea así.

¿A qué se refiere cuando dice que no se actúe con voluntarismo?

Que, en definitiva, no haya la suficiente prudencia, mesura y capacidad reflexiva para tomar decisiones cuando hablamos del desarrollo de la ciencia en nuestro país.

Centros de interés Nacional

La adjudicación de fondos para los Centros de Interés Nacional generó rechazo en la comunidad científica tras cambiar su modelo de asignación, eliminando la categoría de Centros en Áreas Prioritarias -como cambio climático y envejecimiento- y sustituyéndola por un sistema de financiamiento basado en tipologías de proyectos competitivos. Este cambio se materializó a fines de 2023, cuando la otrora ministra, Aisén Etcheverry, actualizó el Plan Nacional de Centros.

Esto provocó que instituciones emblemáticas como el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Centro de Gerociencia, Metabolismo y Salud Mental (Gero), quedaran fuera de la cobertura estatal. A pesar de contar con evaluaciones internacionales favorables por más de una década. Sus respectivos directores sostienen que antes se garantizaba investigación en áreas clave, mientras que ahora la competencia por recursos se da entre todas las propuestas sin priorización explícita.

¿Qué riesgo ve usted de una eventual discontinuidad de programas de investigación en áreas prioritarias de largo plazo que no fueron renovadas?

El proceso, desde luego, tampoco está administrativamente concluido porque hay recursos que pueden interponer los centros que han sido afectados, y el mismo procedimiento que debe cumplir la ANID pasa porque se resuelvan esos esos recursos y se adopten las decisiones que corresponda.

Y claro, en un concurso siempre hay un riesgo. También en esto, no es que los proyectos a veces no queden adjudicados por su calidad. Yo creo que en Chile, en general, un número muy importante de proyectos no son adjudicados por razones presupuestarias, y no por razones de su excelencia y de su calidad. Y el Estado, por lo mismo, tiene que estar permanentemente revisando cómo ajustan los recursos con el nivel de excelencia que ha alcanzado la ciencia en nuestro país.

Más allá de eso, ¿usted cree que son legítimos los reclamos que hicieron estos centros que no pudieron renovar? No a propósito de sus casos particulares, sino que ciertas áreas como el envejecimiento o el cambio climático quedan descubiertas de cobertura estatal...

A mí me parece que hasta ahora no hay ningún antecedente que ponga en tela de juicio la validez, la legalidad o la transparencia de los concursos que ya han sido fallados. Ahora, obviamente que debemos estar siempre disponibles para acoger críticas y observaciones, en el sentido que los diseños de los concursos se hacen sobre la base también de las experiencias.

Y entonces hay que ir sobre los instrumentos, de modo que esto no se transforme en una constante en la política pública de centros. Lo que hemos tenido es un resultado que desde luego debemos observar.

Pero, en concreto, ¿usted cree que debiera revisarse esta actualización del Plan Nacional de Centros para resguardar la investigación en áreas urgentes para país?

Eso se va a hacer de todas maneras. No solo como consecuencia de los resultados de este concurso, sino porque forma parte de los estándares de actualización que requieren los instrumentos de desarrollo de la ciencia en el país.

Si usted pudiera dejar un mensaje claro para la próxima administración respecto al sistema científico chileno. ¿Cuál sería quizás el límite que no se debería cruzar?

Yo creo que, a mi juicio, mantener la independencia, la autonomía de la comunidad científica a efectos de producir conocimiento indispensable para el desarrollo de políticas públicas sobre la base de la mejor evidencia. Esa es una condición, no solo para la ciencia, sino para las sociedades abiertas, plurales y democráticas.

Y otro límite que creo que es indispensable respetar, es que Chile es un país que tiene todavía una inversión insuficiente a los efectos de alcanzar mejores niveles de desarrollo, y que la ciencia pueda hacer más aportes al desarrollo del país.

Y sobre la administración que lo mandata, ¿hay algún mea culpa, o algo pendiente que no se pudo hacer?

Yo no hablaría de mea culpa. Tal vez lamentamos que este es un gobierno que no eligió la coyuntura macroeconómica con la que se encontró. Los gobiernos no eligen el ritmo de crecimiento de la economía, aunque la inciden, pero lo cierto es que nosotros vivimos una crisis con ocasión de la pandemia, luego el estallido social, que hizo que el país tuviera una prioridad en el propósito de estabilizar los indicadores. Y eso afectó la decisión, la voluntad de haber hecho una contribución mayor en el área de la ciencia.