Una latente tensión contra el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind. RN), líder de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), ha crecido durante los últimos días, que lo tiene con diversos flancos abiertos por su gestión de la plataforma municipal.

Y es que el jefe comunal es objeto de críticas desde diversos sectores, por concejales, diputados y funcionarios, por el manejo administrativo que ha hecho de la ACHM, lo que se ha ido acrecentando durante los últimos días. Pero él se ha defendido públicamente argumentando que las críticas se han producido debido a que está “transparentando” la administración que asumió en mayo de este año.

Todo partió por una denuncia pública a fines de octubre del concejal republicano de Villa Alemana Alejandro Gazmuri, acusando algunos hechos concretos del manejo de recursos públicos y administrativos: en lo particular denunció despidos masivos en la ACHM -15 personas-, lo que habría provocado demandas por pago de indemnizaciones, además de acusar contrataciones políticas de parte del alcalde. Entre ellas, apunta al exsubsecretario de Bienes Nacionales Álvaro Pillado (UDI) y la exdiputada y rostro televisivo Andrea Molina (UDI).

El tema llevó a que el 3 de noviembre el diputado por la zona Diego Ibáñez (Frente Amplio) enviara a la Contraloría General de la República y a la Dirección del Trabajo un oficio para que fiscalizara los hechos denunciados.

“De acuerdo con estimaciones preliminares, los montos involucrados en eventuales indemnizaciones podrían ascender a aproximadamente dos mil millones de pesos, lo que -de concretarse- representaría un riesgo grave para la estabilidad financiera y la continuidad de las operaciones de la asociación, cuyos recursos provienen en gran medida de las cuotas que aportan anualmente los municipios socios”, dice el oficio de Ibáñez.

Parte de esos hechos ya había sido puesto sobre la mesa en un oficio interno de funcionarios de la ACHM al que La Tercera tuvo acceso. El 13 de agosto los directores Joseline Sánchez (Jurídica), Juan Millalonco (Control Interno) y Gabriel Flandez (Administración y Finanzas) advertían, por ejemplo, de seis desvinculaciones del 30 de junio, lo que a su vez fue advertido por las alcaldesas Claudia Pizarro (La Pintana) y Karina Delfino (Quinta Normal) en la sesión de directorio de la ACHM del 14 de julio. Otra desvinculación se produjo el 12 de agosto. Por ese entonces el sindicato de trabajadores ya había hecho denuncias y acusaba malos tratos laborales.

En ese sentido, Ibáñez sostiene a La Tercera que “nos preocupa que la ACHM, que debe representar al mundo local de manera transversal, pueda estar desviando su foco institucional hacia intereses personales o políticos. Las decisiones administrativas de su presidente, el alcalde Gustavo Alessandri, deben rendir cuentas ante los municipios que la integran. La ACHM no puede perder su vocación de servicio público ni transformarse en una vitrina personal. Su tarea es fortalecer la gestión comunal y resguardar los recursos de todas las municipalidades del país”.

El tema ha generado tensión dentro de la propia ACHM, donde Alessandri responde. El alcalde dice que “la asociación está siendo auditada por la Contraloría General de la República y ha sido esta administración la que, proactivamente, ha solicitado al organismo ampliar el alcance de dicha fiscalización hacia ámbitos donde previamente no había intervenido”.

Afirma también que la asociación ha encargado una auditoría externa para controlar las platas y que “en lo relativo a lo que lleva adelante la Contraloría, la ACHM está impulsando una nueva forma de administración a partir de las propias recomendaciones de ellos, pues detectaron ausencia de controles internos, falta de separación de funciones, viáticos pagados en exceso, en restitución, fondos rendidos de manera incompleta y procedimientos sin regulación. Para corregir estas falencias hasta el momento se han dictado nuevos reglamentos que fortalecen la probidad, el orden y la gestión institucional”.

Además, recalca que “también se identificaron gastos operacionales sin rendición y convenios de transferencia de recursos que requerían auditoría. En línea con la transparencia que estamos impulsando, es este presidente el que formalmente le pide a Contraloría revisar estos convenios”.

Sobre las deudas, afirma que “respecto de la supuesta deuda previsional, presuntamente originada incluso con anterioridad a la existencia jurídica de la asociación, hemos estimado que esta situación podría constituir actos contrarios al ordenamiento legal vigente. Por ello se ha solicitado la elaboración de informes en derecho a prestigiosos abogados, con el fin de esclarecer con precisión las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de este hecho”.

Respecto de las desvinculaciones, afirma que no tienen “carácter político” y defiende que es normal que en este tipo de posiciones se trabaje con gente de confianza, como es el caso de los cargos de los funcionarios en cuestión.