En un fallo dividido, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó el recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana contra la Contraloría General de la República, que buscaba impugnar un dictamen emitido en noviembre de 2024 por la contralora Dorothy Pérez.

Este pronunciamiento establece que el órgano fiscalizador se abstendrá de resolver las reclamaciones de funcionarios a contrata que invoquen “confianza legítima” como fundamento de su estabilidad laboral, al considerar que la materia “devino en litigiosa”, tras un desacuerdo de criterios con la Corte Suprema sobre la cantidad de años que un trabajador “a contrata” debe desempeñarse para alcanzar esta condición.

De este modo, la decisión del máximo tribunal confirma el rechazo al recurso interpuesto por el presidente de la referida fundación, Raimundo Palamara, quien alegó que el dictamen vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios públicos, al despojar a los trabajadores del Estado de una vía administrativa para reclamar cesaciones anticipadas o negativas de renovación contractual.

Voto dividido

Aunque la mayoría de la Tercera Sala respaldó el fallo de la Corte de Apelaciones -eliminando dos considerandos y con un ministro que propuso incluso confirmar “pura y simplemente”-, la ministra Adelita Ravanales y el abogado integrante José Valdivia votaron en contra.

Ambos estimaron que el dictamen de Pérez constituye un acto ilegal y arbitrario, al sustraer a la Contraloría de una competencia que expresamente le otorga la ley.

En su voto disidente, los magistrados recalcaron que tanto el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales como el Estatuto Administrativo General reconocen a los funcionarios públicos el derecho a reclamar ante la Contraloría por actos ilegales que afecten sus derechos laborales.

Además, recordaron que la Ley Orgánica de la Contraloría establece con claridad el deber del organismo de “vigilar el cumplimiento” del estatuto y de “informar sobre los asuntos que se relacionen con los derechos funcionarios”.

A juicio de Ravanales y Valdivia, el dictamen impugnado, al abstenerse de resolver casos de confianza legítima tras considerar que la materia “devino en litigiosa”, incurre en una errónea interpretación de la ley. En su opinión, la existencia de litigios en tribunales sobre una determinada materia no priva a la Contraloría de su competencia administrativa original ni convierte automáticamente esos temas en “asuntos de naturaleza litigiosa”.

El fondo del conflicto

El caso que dio origen al conflicto guarda relación con la Municipalidad de La Cruz, donde funcionarios a contrata reclamaron por el término anticipado de sus vínculos laborales.

Si bien la normativa establece el carácter transitorio de los empleos a contrata, una línea jurisprudencial -iniciada con el dictamen N° 22.766 de 2016- ha sostenido que la renovación reiterada de estos nombramientos genera en los trabajadores una legítima expectativa de continuidad.

El conflicto de fondo radica en que, mientras la Contraloría reconoce esta expectativa tras dos renovaciones consecutivas, la Corte Suprema exige cinco renovaciones para considerarla consolidada. Esta discrepancia ha generado un escenario de incertidumbre para miles de trabajadores públicos.

Bajo este tenor, el dictamen de Dorothy Pérez, según la disidencia, transforma esta diferencia en una excusa para que Contraloría deje de pronunciarse sobre las reclamaciones, vaciando de contenido el derecho legal de los funcionarios a impugnar cesaciones injustificadas ante dicha entidad.

Incertidumbre para trabajadores a contrata

Pese a la posición crítica de parte de la Sala, la decisión mayoritaria de la Corte Suprema significa un espaldarazo a la postura de la contralora Dorothy Pérez.

De este modo, se cierra -al menos judicialmente- una vía de protección para quienes vean terminado su vínculo laboral con el Estado sin que se les haya aplicado un procedimiento de calificación ni de destitución.

La resolución también instala un precedente respecto del rol de la Contraloría como garante de los derechos funcionarios, planteando interrogantes sobre sus límites competenciales en contextos de interpretación jurídica divergente con los tribunales de justicia.

Mientras los trabajadores públicos deberán acudir directamente a tribunales si desean impugnar su desvinculación, el debate sobre la “confianza legítima” y el acceso efectivo a mecanismos de reclamación sigue más vigente que nunca.