La PDI y la Fiscalía de Viña del Mar están desplegados buscando a la imputada Natalia Álvarez Murillo. Se trata de la mujer, propietaria de la empresa Probarte Banquetería SpA, que se hizo conocida en redes sociales por la serie de denuncias en su contra por servicios de banquetería en matrimonios que no se hicieron.

En junio pasado, la mujer y su pareja José Galarace, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el fiscal Leonel González.

El Ministerio Público les imputó el delito de estafa reiterada por casi $120 millones, afectando a 60 víctimas. Ambos quedaron tras las rejas, por riesgo de fuga, después de estafar a 60 víctimas. Las parejas de novios habían pagado millonarios montos por el servicio, pero al llegar a la fiesta, se dieron cuenta que todo era una estafa.

Pese a que el tribunal decretó su prisión preventiva, dicha medida cautelar quedó sujeta a la posibilidad del pago de una caución. La imputada pagó una fianza de cerca de $5 millones y gracias a eso fue puesta en libertad.

Los querellantes del caso se opusieron, sobre todo por el hecho de que existía la posibilidad de que la imputada se fugara. Para eso apelaron a su libertad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Sin embargo, en los tres días que el tribunal de alzada porteño se demoró en revocar su libertad y decretar la prisión preventiva sin posibilidad del pago de caución, nunca más se pudo dar con su paradero y a la fecha, según fuentes del caso, Álvarez permanece inubicable.

Por eso el fiscal González y la PDI han estado tras la pista de Álvarez. Así se puede apreciar en un recurso de protección que puso Julia Murillo, la madre de la imputada.

En la acción de protección que se ventila en la Corte de Apelaciones de Valparaíso la madre de Álvarez relata que la PDI llegó en julio hasta su vivienda en Casablanca preguntando por su hija, ante lo que ella dijo que no estaba en el domicilio. Tras su respuesta, los detectives registraron la casa.

Luego Murillo relató que al día siguiente, luego de ir a dejar al colegio a uno de sus nietos, fue abordada por funcionarios de la PDI que registraron su auto en la entrada del condominio donde vive.

En esa misma semana, la mamá de la imputada alega que funcionarios de la PDI la siguieron hasta un supermercado y también la abordaron nuevamente en su casa.

En el recurso de protección se alega vulneración de derechos, tanto de ella como por parte de sus nietos que están bajo su cuidado. “Resulta de extrema gravedad que, durante estos allanamientos y actuaciones ejecutadas sin exhibir orden judicial habilitante, los funcionarios de la PDI han amedrentado y atemorizado a los nietos menores de edad de mi representada. Han intentado interrogar a los niños, y una funcionaria identificada junto a otro funcionario presionaron de manera ilegal y arbitraria al nieto mayor, de 14 años, señalándole que estaba encubriendo a su madre”, se lee en el recurso.

La corte pidió informe tanto a la PDI y a la Fiscalía. La policía civil se excusó argumentando, como conclusión del informe, que “las diligencias se realizaron conforme a la ley y en el marco de una investigación legítima, no existiendo exceso ni abuso de poder bajo ningún aspecto”.

El fiscal González también respondió con un informe. “El ingreso se hizo en cumplimiento de una orden judicial de detención y las molestias que supuso su ejecución son inherentes al trámite realizado. Figuran entre ellas la presencia de personal policial movilizados en carros institucionales, el ingreso a dependencias del interior del domicilio, la notoriedad de la diligencia en el vecindario, preguntas dirigidas a los residentes del lugar (que la recurrente llama ‘interrogatorio’), acerca de si la persona buscada se encuentra o no allí, pues, precisamente, formulando ese tipo de preguntas, es que el agente policial actuante no hace otra cosa que evitar ‘mayores molestias’, tales como extender la diligencia más allá de lo necesario, hacer ingreso a dependencias cubiertas por la intimidad del hogar, revisar papeles o evidencia que alumbren el paradero de la persona de cuya detención se trata”, se lee en el informe del persecutor.

Si bien la imputada principal del caso se encuentra prófuga, y se sospecha que podría estar en la región de Atacama, la Fiscalía ha conseguido avanzar en la causa con otros de los imputados.

Así fue como el Juzgado de Garantía de Viña del Mar hace algunos días dictó la primera sentencia del caso contra la pareja de Álvarez, el imputado José Galarce.

Según pudo conocer La Tercera, Galarce fue condenado en un procedimiento abreviado luego de que accediera a colaborar en la investigación.

Al imputado, a raíz del reconocimiento de su colaboración, se le condenó a 300 días de cárcel, los que fueron sustituidos por la libertad vigilada por parte de Gendarmería. Además de eso, Galarce deberá pagar una multa de 5 UTM.