Incluso desde antes de asumir, el gobierno de José Antonio Kast anunció que tomaría decisiones radicales con tal de reducir el gasto fiscal de Chile. Así, una de las primeras instrucciones del Ministerio de Hacienda fue pedirle a todos los organismos dependientes del gobierno central recortar en un 3% sus presupuestos 2026, considerando que ese erario había sido resorte de la administración Boric. Y ahora, de cara al Presupuesto 2027, el primero a cargo de actual Ejecutivo, las directrices son aún más severas y apuntan directamente a descontinuar programas y ajustar hasta en 15% otros.

A través de un oficio fechado el 21 de abril al cual tuvo acceso La Tercera y que fue distribuido a todos los ministros, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, solicita a cada uno de sus pares la formulación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, junto a una Programación Financiera 2028-2031 de cada Secretaría de Estado y sus servicios dependientes o relacionados, en concordancia con las instrucciones que se imparten en el oficio.

“El actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”, anuncia el escrito de Quiroz.

En ese contexto, a partir de este año el proceso de formulación presupuestaria tendrá por objeto la elaboración de un Marco de Mediano Plazo para el periodo 2027-2031, y el Anteproyecto de Presupuesto 2027 corresponderá al primer año de ese horizonte. “Este cambio de criterio exige que los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual, resguardando la coherencia y el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos comprometidos en el programa de gobierno, de manera que la aprobación de nuevas iniciativas estará supeditada estrictamente a su sostenibilidad financiera en el horizonte 2027-2031″.

Para ello se remiten instrucciones con los procedimientos generales específicos. Por ejemplo, que las carteras deberán elaborar su propuesta para un período de cinco años, determinando una línea base que incluya las obligaciones legales y compromisos contractuales, además de una propuesta complementaria de gasto. Para la petición total Hacienda definió un límite máximo de gasto a nivel de partida, priorizando los gastos que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes de cada cartera.

Del mismo modo, se pide a cada ministerio evaluar los programas a su cargo “para obtener una calificación de recomendación favorable antes del cierre del proceso de formulación presupuestaria”. La fecha límite para el ingreso de la versión final del diseño del programa es el 2 de julio y en la comunicación se establece que el gobierno se ha puesto como plazo el 10 de septiembre para aprobar su propia propuesta de presupuesto.

Además de una minuta para alinear el mensaje, a los ministerios se les hizo llegar un anexo donde se incluye un listado de programas con los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Central, con las sugerencias para su devenir. “Se recomienda a los formuladores considerar de manera prioritaria los resultados y sugerencias del proceso de evaluación”, se lee en el oficio.

Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación la recomendación es descontinuar 15 programas, mantener sin observaciones un total de 34 y ajustar presupuestariamente otros 42. En este último caso, la instrucción de Hacienda es aplicar una disminución presupuestaria de al menos 15%.

Algunos de los programas que Hacienda busca descontinuar son: el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y que implica $167.376.868.000; el Programa de Alimentación Escolar ($1.061.028.664.000); la Beca de Apoyo Vocación Profesor ($621.145.000); el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría ($1.265.783.000); el Programa Nacional de Lectura ($388.472.000); Reinserción escolar ($1.816.979.000); el Plan Nacional de Escritura ($204.054.000); el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) ($20.792.950.000) o la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, exbeca Puntaje PSU ($71.491.000).

Mientras, los programas a los que se les sugiere el ajuste del 15% de cara al Presupuesto 2027 son, entre otros, el Fondo para la Reactivación Educativa ($10.664.636.000); la Beca Indígena ($38.000.895.000); Educación Rural ($724.153.000); Liceos Bicentenario de Excelencia ($2.932.688.000); Subvención Gratuidad ($442.869.142.000); el Crédito con Aval del Estado ($899.379.253.000); o el Aporte Institucional a Universidades Estatales ($102.657.958.000), recorte que justo este jueves le provocó un primer gallito a la ministra de Educación, María Paz Arzola, con los rectores de estas casas de estudios.