Hasta la Municipalidad de San Bernardo llegaron la tarde de este lunes diferentes representantes de múltiples organismos gubernamentales para participar de la Comisión de Seguridad del Senado. En esta sesión, la instancia legislativa estaba convocada en esa comuna para dar “una señal de Estado”.

El gesto del Senado se activó luego de que la semana pasada la Fiscalía revelara que un grupo criminal buscaba atacar al alcalde de esa comuna, Christopher White (PS). Si bien el hecho fue frustrado por una indagatoria del Ministerio Público, la sesión de los senadores buscaba dar una señal de despliegue del Estado en materia de seguridad y, como punto principal, tratar sobre la materia de protección de autoridades electas.

Fue en esta instancia que, además, el Ministerio Público, a través del fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló el número de autoridades comunales con medidas de protección por amenazas o maltrato. Así como también de persecutores con el mismo tipo de resguardos.

Las palabras de Valencia se dieron en el marco de la comisión en la que participó la propia presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN), el presidente de dicha comisión, Karim Bianchi (Independiente), la senadora Loreto Carvajal (PPD), Paulina Vodanovic (PS) y los senadores Juan Luis Castro (PS), Cristián Vial (Independiente) y Manuel José Ossandón (RN). Pero además de ellos, también se sumó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Las cifras de amenazas

El tercero en tomar la palabra durante el inicio de la comisión fue el fiscal Valencia, quien durante su comparecencia reveló la situación de amenazas que viven las autoridades.

Según destacó el jefe del Ministerio Público, por el momento hay “al menos” 22 alcaldes a nivel nacional que cuentan con algún tipo de medida de protección, “no como consecuencia de su perfil de riesgo, sino que como consecuencia de que han sufrido alguna amenaza o alguna agresión de otro tipo en razón de su cargo”.

En esa línea, Valencia resaltó que del total de autoridades comunales con medidas de protección, ocho de ellos tienen designado algún funcionario de Carabineros o la PDI, específicamente de las unidades de Protección de Personas Importantes (PPI). El resto, se infiere, cuenta con algún otro tipo de medida.

Pero además de los alcaldes, el fiscal nacional también dio cuenta de que hay 18 fiscales del Ministerio Público que también cuentan con medidas de protección, de los cuales 10 cuentan con un PPI designado.

Valencia relevó que respecto las amenazas a autoridades o periodistas, es “lamentablemente esperable, pero que no se confunda lo esperable con lo deseable”. Lo anterior, explicó el fiscal, dado que aquello es parte de las etapas del despliegue del crimen organizado, ya que “parte del circuito de la actividad del delincuente organizado consiste en intentar evitar la persecución por parte del Estado, ya sea por la vía del soborno o por la vía del amedrentamiento”.

Por último, Valencia destacó que el Ministerio Público había decidido radicar en cada Fiscalía, según la zona, las investigaciones de amenazas a autoridades. Hasta ahora, según expuso Valencia, la Fiscalía Metropolitana Sur, encabezada por Héctor Barros, asumía todas las indagatorias contra autoridades, fiscales y jueces. Sin embargo, informó, dado el alto número de denuncias que recibió esa repartición, desde ahora sólo tomarán las de persecutores y magistrados.

El máximo persecutor explicó que cada fiscal regional deberá asumir “personalmente” las indagatorias por amenazas a autoridades de la jurisdicción en la que trabaja. “Son los fiscales regionales los que tienen que ver directamente esa denuncia. Ya no le estamos concentrando en un solo fiscal porque en razón del volumen parece más razonable que el los vean de esta manera”, explicó Valencia.

Al cierre de su segunda exposición, Valencia abordó el presupuesto 2027. En esa línea expuso una disconformidad respecto a la propuesta del Ministerio de Hacienda, relevando que “la persecución del crimen organizado es cara”.

El jefe del Ministerio Público destacó el mayor gasto que implicaba, por ejemplo, el despliegue de la nueva Fiscalía Supraterritorial y, consigo, de la contratación de nuevos persectoures.

“Las fechas de entrada en funciones de los fiscales y del resto del personal de apoyo que se encuentra previsto en la ley, está dilatada en el tiempo de una manera que no compartimos y no se condice ni con el informe financiero que iba acompañado en esos proyectos de ley, ni con la propuesta que habíamos hecho”, afirmó.

La señal de Estado

El primero en tomar la palabra fue el ministro Arrau, quien explicó públicamente cómo operaba la custodia y seguridad hacia los funcionarios públicos y los planes que despliega el ministerio.

Posteriormente tomó la palabra White, quien recibió una serie de apoyos de los presentes. El jefe comunal instó principalmente por un acuerdo transversal en materia de seguridad y destacó que “tenemos el deber y la obligación, de dar esta pelea en conjunto, de cambiar las estrategias, pero no retroceder. De armarnos mejor, pero mostrar que hoy día el Estado es el que manda y no un grupo de personas que cree que está por sobre el Estado de Chile”.

La senadora Núñez, por su parte, destacó el objetivo de que la comisión sesionara en San Bernardo. “Si hoy estamos acá, efectivamente, es para primero dar una señal de Estado”.

El senador Ossandón, por su parte, resaltó que “si se viene a una reunión a San Bernardo es para dar una señal a la gente que sí se está trabajando”.

Arrau, por su parte, destacó que “el Estado tiene que seguir dando las señales de que no se intimida ante una acción del crimen organizado o de delincuencia organizada que quiere suplantar o aminorar su poder.”