Esta semana el gobierno presentará su reforma al mercado de capitales, que según ha trascendido en las últimas semanas, tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las fuentes de financiamiento de proyectos de inversión, entre otras materias. Es el segundo gran proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Hacienda, tras haber despachado la ley de Reconstrucción.

Si bien inicialmente el gobierno pensaba ingresar la iniciativa al Congreso este lunes, luego eso se postergó para este martes, y finalmente ahora habría quedado para este miércoles.

El Ministerio de Hacienda ha estado afinando el proyecto de ley, incorporando asuntos de último minuto, pero también eliminando otras materias que tenía planeadas inicialmente, algunas de ellas porque no han pasado el filtro político, en un contexto en que el Ejecutivo espera poder tramitarlo con celeridad en el Parlamento.

Justamente con ese objetivo, en las últimas semanas el gobierno ha estado socializando con los parlamentarios la iniciativa que tiene en mente. Así, según fuentes parlamentarias, el Ejecutivo apunta también a incorporar un ajuste en el Ahorro Previsional Voluntario (APV) régimen A.

Actualmente existe una bonificación estatal del 15% del ahorro anual que hacen las personas en este tipo de APV, que se destina directo a su pensión. Pero este premio al ahorro que entrega el Estado tiene un tope de 6 UTM (unos $430 mil) al año. Eso significa que sobre los $2,9 millones que se ahorren por año con este fin, no se considera una bonificación estatal adicional a las 6 UTM.

Entonces, es precisamente ese tope de 6 UTM el que el gobierno buscará ampliar para fomentar el ahorro que las personas hacen de cara a su pensión. Aunque aún no está claro el detalle respecto de cuánto se aumentará.

Esta es una propuesta que anteriormente han hecho las aseguradoras. “Hay alrededor de 2,5 millones de personas invirtiendo en el APV régimen A, de los cuales, al día de hoy, sabemos que a lo menos 10 mil ya alcanzaron su máximo de tope. Esa gente es de clase media, porque los que tienen mayores ingresos están en el régimen B, que es lo que hace que tu tasa imponible baje”, explicó la semana pasada el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Marcelo Mosso.

Por otra parte, durante la tarde de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con los integrantes del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, donde estuvieron presentes expertos y los gremios del sector financiero. Allí el Ejecutivo manifestó que esperan que este proyecto de ley sea despachado en diciembre.

En la previa a la cita, había molestia desde distintas industrias por medidas que el gobierno tenía pensado incorporar, en particular una que se refería a exigir la realización de una licitación de seguros de desgravamen ligados a los créditos de consumo. Aquella molestia se sumaba al hecho de que trascendió la semana pasada de que el gobierno había desechado la idea de incorporar ajustes a la Tasa Máxima Convencional (TMC) para personas -a instancia de los parlamentarios-, algo que inicialmente sí contemplaba el proyecto y que era ampliamente solicitado por las empresas que entregan créditos.

En el encuentro del Ejecutivo con la industria financiera este lunes, se les confirmó que la TMC a personas, pero también la licitación de seguros para créditos de consumo, no serían parte del proyecto inicial que se presentará en el Congreso. Lo que sí se eliminará, será la TMC para grandes montos destinados a empresas.

Además, el gobierno dijo en la reunión de este lunes con los integrantes del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, que pensaba hacer cambios a la ley de fraudes en medios de pagos, en distintos ámbitos. Les confesó que piensan moderar la carga de la prueba que tienen los emisores (hoy deben acreditar culpa grave o dolo), y también reconoció que se eliminará la prohibición que existe para contratar seguros contra fraudes.

Asimismo, deslizó que se explicitará la responsabilidad que tienen actores distintos del consumidor y los emisores de tarjetas, en eventuales fraudes. Esto significa que, por ejemplo, un emisor podrá reclamar a un adquirente si considera que tuvo responsabilidad al facilitar su método de pago a un tercero que usó este mecanismo para acometer fraudes.

Créditos para la vivienda

El aumentar el tope en el APV régimen A es una de varias medidas que el gobierno estaría planeando incorporar en esta reforma, como las que adelantó Quiroz hace una semana, cuando señaló que revisarían la exigencia de obtener un RUT para determinadas operaciones de extranjeros en Chile, el impuesto de retención o withholding tax de 4% y el impuesto de timbres y estampillas asociado a ciertos créditos.

Pero para darle un carácter más ciudadano al proyecto, y no solo presentar medidas técnicas que buscan profundizar el mercado de capitales, el Ejecutivo tiene pensado incluir propuestas que den un mayor acceso a las personas a créditos hipotecarios. “Va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda”, señaló hace poco más de una semana el ministro Quiroz.

Según trascendió la semana pasada, serían dos las principales iniciativas en ese sentido. Una contempla crear un subsidio estatal que incentiva el ahorro que hacen las personas para el pie de un crédito hipotecario.

Según señalaron fuentes con conocimiento de este asunto la semana pasada, es algo así como la bonificación que entrega el Estado para la pensión cuando las personas tienen un Ahorro Previsional Voluntario (APV); pero en este caso destinado al ahorro para el pie en la compra de viviendas, donde el Estado subsidiaría una parte del pie a quienes hayan estado ahorrando con ese fin en cuentas mantenidas en instituciones financieras.

Y otra de estas medidas que trascendió la semana pasada es la creación de un fondo con garantía estatal para financiar futuros créditos hipotecarios, para viviendas nuevas y usadas.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes con conocimiento de este asunto la semana pasada, hasta cierto punto, se asemeja a lo que ocurre hoy con el Fogape o el Fogaes. La idea es crear un fondo que tenga su propia persona jurídica, y que como tal tenga por lo tanto un RUT, un reglamento aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que sea administrado por BancoEstado y que puede emitir deuda.

A su vez, esa deuda sería garantizada por el Estado, con lo cual se conseguiría una tasa de interés similar a la de Tesorería, que es inferior a la que podría obtener un banco. El ministro Quiroz dijo la semana pasada que dicho instrumento apunta a viviendas de hasta 6 mil UF, y aseguró que se destinará un monto que será “lo suficiente para mover la aguja”.

Las personas continuarían teniendo como contraparte a los bancos. Y verían reflejadas esas tasas menores cuando acudan al banco para obtener un crédito hipotecario, si es que dicha entidad postuló al fondo en cuestión para adjudicarse recursos y ofrecer préstamos a tasas más bajas.

En realidad, los recursos los pondría este fondo que tiene garantía estatal, y el banco se gana una comisión por hacer la originación del crédito y toda la administración involucrada. Pero el préstamo en cuestión queda contabilizado en el fondo que tiene garantía estatal, y por lo tanto, no le consumiría capital al banco.

Así, se buscará que confluyan los incentivos para que los bancos originen créditos de buena calidad, similares a los que actualmente otorga la industria.