El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, presentó este jueves una querella por injurias y calumnias graves con publicidad contra Juan Araya, su par de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), por sus dichos acusando coordinación con el gobierno para el paro del gremio en agosto de 2020.

En el frontis del Centro de Justicia de Santiago la mañana de este jueves, el timonel de la CNTC explicó que la acción presentada ante la justicia tiene la finalidad de esclarecer los hechos.

Pérez recordó a Juan Barrios “un mártir de los camioneros de Chile” cuya memoria y familia fue “denigrada” por su par de la CNDC, según acusó. En diciembre del año pasado se promulgó la ley que lleva el nombre del fallecido camionero y que endurece las penas por ataques incendiarios en vehículos con personas.

En enero Araya aseguró que la paralización realizada por los transportistas en 2020 la “pidió” el gobierno de Sebastián Piñera para que se aprobara la mencionada Ley Juan Barrios y la Ley de Control de Armas.

Así, sobre la acción judicial, Pérez aseguró que “confiamos en que los tribunales de justicia hagan justicia por estos inventos que se han hecho”.

Consultado por el matiz que Araya hizo en entrevista en La Red respecto de sus dichos iniciales, al explicar que su planteamiento “fue un comentario dentro del gremio”, Pérez enfatizó que “cuando uno inventa algo y luego tiene que desdecirse, de todas maneras queda la responsabilidad de haber inventado algo tan burdo”.

“Confiamos plenamente el trabajo que tiene que hacer la justicia y establecer que eso es un invento, de lo contrario no nos habríamos querellado contra la irresponsabilidad de una persona”, insistió el líder camionero.

Pérez comentó también que “conocemos la industria desde el año setenta″ y que en el marco de su carrera gremial, pese a que “tenemos diferencias con algunos pseudo dirigentes, la labor nuestra es defender al activo más importante que tenemos en la industria que son nuestros conductores profesionales”.

Llamado al futuro gobierno

Respecto a la situación en el norte y el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo tras las movilizaciones y paralizaciones en carreteras por parte de camioneros tras la muerte de Byron Castillo en Antofagasta, Pérez advirtió que al ver imágenes de personas que siguen ingresando de forma irregular al país “no se está cumpliendo lo prometido, pero ahí tenemos que entender que las instituciones permanentes de la República, sus hombres tienen que tener respaldo”.

“El llamado es al nuevo gobierno (de Gabriel Boric), a las nuevas autoridades, que ya lo hemos dicho en todos los medios, el tema de la violencia, la falta de seguridad y le delincuencia en todas sus formas es el problema número uno que tenemos los chilenos”, resaltó.

Asimismo, informó que “hemos enviado a una carta al Presidente electo y nuestro secretario ejecutivo tuvo una reunión con jefe de gabinete (Roberto Estay Miquel) de la futura ministra del Interior (Izkia Siches) y hemos entregado el listado de no conformidades que tenemos para ejercer nuestro trabajo”.

“La violencia crea más violencia, entonces estas nuevas autoridades tienen que tener claridad respecto a que este problema, que es el número uno para los chilenos, tiene que resolverse”, aseguró.

Un mártir, un paro y una investigación descartada

Durante la noche del 9 de febrero de 2020, Juan Barrios sufrió un ataque incendiario mientras se encontraba durmiendo dentro su camión. Su deceso se produjo luego de semanas de agonía producto de las quemaduras. El 13 de agosto de ese año, en una actividad con la familia del fallecido transportista, el Presidente Sebastián Piñera anunció la presentación del proyecto con la finalidad de endurecer las penas por la quema de camiones y buses.

El paro de los camioneros se inició a las 00.00 horas del jueves 27 de agosto de 2020, durante el toque de queda que regía en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que se había decretado en todo el territorio nacional a raíz de la pandemia de coronavirus. La movilización tuvo lugar tras una serie de hechos de violencia rural en la Macrozona Sur y ataques en la carretera a los vehículos de carga y buscaba presionar para la aprobación de un paquete de leyes en materia de seguridad que se discutían en el Congreso, entre ellas el proyecto en memoria de Barrios. La movilización se extendió por seis días y culminó con un acuerdo con el gobierno el 2 de septiembre.

Araya, como vicepresidente Conapyme, sostuvo en la llamada Moneda Chica el pasado 12 de enero una reunión con Boric. Tras el encuentro fue que se refirió al paro asegurando que su organización no se sumó a la movilización porque “ese paro, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), lo pidió el gobierno para que hubiera ley Juan Barrios”. Frente a ello el fiscal nacional Jorge Abbott pidió una asesoría jurídica para decidir sobre abrir o no una investigación de oficio asociada a un eventual delito. El Ministerio Público finalmente desistió de indagar el caso al no existir una querella por Ley de Seguridad del Estado.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, en tanto, dijo que Araya debía “aclarar sus dichos” o estudiarían acciones legales.

En Chile, los transportistas están divididos en dos grandes confederaciones lideradas por Pérez y Araya respectivamente, además de los independientes y Chile Transporte. En cada una de esas agrupaciones, los liderazgos tienen estilos disímiles y marcados por constantes enfrentamientos entre ellos.