Dos días habían pasado desde la puesta en marcha de la Ley 21.717, que regula y califica los velatorios de “alto riesgo”, cuando se llevó a cabo el primer “narcofuneral”. La mañana del 30 de mayo pasado se activaron todos los protocolos para concretar el entierro de Juan Luis Cornejo Saldívar, un joven de 28 años que falleció en circunstancias violentas en Estación Central.

A casi siete meses de aquello las delegaciones presidenciales, organismos a cargo de la calificación de este tipo de eventos, han catalogado 127 funerales de “alto riesgo”, dado el perfil y contexto del fallecido y su deceso. Para llegar a esa cifra, La Tercera recogió la información a través de solicitudes de Transparencia y por medio de las reparticiones del Ejecutivo en cada región.

La nueva normativa, anunciada por Boric en la Cuenta Pública de 2023 y promulgada en noviembre del año pasado, establece un plazo máximo de 24 horas para materializar los funerales calificados por las delegaciones como de “alto riesgo”, eleva las penas para los delitos que ocurren en ese contexto, o amplía las facultades de Carabineros para operar en este tipo de incidentes, entre otras medidas.

La puesta en marcha fue el 28 de mayo, dado que en marzo, casi cuatro meses después de la promulgación de la ley, el Ministerio del Interior ingresó el reglamento que regula el procedimiento “exprés” para llevar a cabo estos velatorios.

Previo a esta normativa, los narcofunerales habían acaparado la mirada de las autoridades y la ciudadanía, como lo fue la muerte de Carlos Humberto Acevedo Ramírez (40), alias el “guatón mutema”, que interrumpió el funcionamiento -por días- de Quilicura.

Radiografía a los funerales

De los 127 “narcofunerales” calificados por las delegaciones presidenciales desde el 28 de mayo y hasta la fecha, la gran mayoría de estos se concentra en la Región Metropolitana (RM), seguido de las regiones del Biobío, Valparaíso y Coquimbo.

En el caso de la capital, la Delegación Presidencial Metropolitana informa que hasta el 24 de noviembre han recibido 257 alertas de funerales, de las cuales el 37% de ellas ha sido catalogado como de riesgo, específicamente 97 funerales vinculados al crimen organizado. A través de Transparencia, la institución encabezada por Gonzalo Durán detalló que la mayoría de estos hechos (24) ocurrieron en septiembre.

Consultado al respecto, Durán explicó que “el 84,1% de esos casos son homicidios producto de impactos balísticos, y las comunas en donde se ha activado el flujo de estos funerales son algunas como La Pintana, Puente Alto y San Bernardo, entre otras, y por supuesto se ha traducido en que en aquellos territorios no hemos tenido afectaciones a los funerales”.

“No se han generado situaciones de temor para las comunidades y, por supuesto, quedaron completamente en el olvido cuestiones tales como suspensiones de clases u otros hechos que perturban la convivencia y la seguridad en nuestra región. Por ello declaramos nuestra absoluta satisfacción y orgullo por la implementación de esta importante ley para el país y para la RM”, agregó la autoridad.

La Región del Biobío, por su parte, hasta ahora ha registrado 10 funerales de este tipo. El delegado Eduardo Pacheco ha calificado cinco de estos en la comuna de San Pedro de la Paz, dos en Coronel, dos en Concepción y uno en Hualqui.

La Delegación Presidencial de Valparaíso hasta ahora les ha dado dicha categoría a seis funerales, al igual que la Región de Coquimbo. Más atrás, con tres eventos, está la Región de O’Higgins.

Con dos “narcofunerales” cada una, las regiones de Los Lagos y Ñuble son las que siguen. En esta última, los dos casos ocurrieron en agosto, en Chillán y Quirihue.

La Región de Los Ríos, en tanto, hasta la fecha ha calificado un funeral de riesgo. En tanto, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Aysén y Magallanes no registran casos de este tipo de velorios.

El despliegue

Pero la puesta en marcha de esta nueva legislación también ha significado una regulación de las labores policiales. A juicio del magíster en Criminología Jorge Tobar, “antes de la ley las amenazas, riesgos y peligros eran altos. No existía regulación alguna, aun cuando Carabineros de todas formas abordaba estos hechos de forma especializada y coordinada con la autoridad, impidiendo resultados que pudieron ser gravísimos”.

“Hoy, con el pleno ejercicio de esta ley, se aborda intersectorialmente, especialmente desde lo político-administrativo y policial, colocando márgenes a las actuaciones de quienes organizan y participan de estos funerales”, agrega el también general (r) de Carabineros, quien sostiene que, “aun con ello, los riesgos de uso de armas de fuego de forma injustificada y por motivaciones simbólicas, que finalmente pueden provocar lesiones accidentales en terceros, subsiste, pero en un mucho menor grado”.

Aldo Vidal, general (r) de Carabineros y experto en seguridad, explica que en este tipo de funerales “los riesgos están asociados al perfil de quienes acompañan, que en su mayoría podrían ser componentes de bandas delictuales o narcotraficantes que presumiblemente puedan estar armados y dispuestos a usar esas armas en contra del personal policial”.

Ante ese escenario, plantea Vidal, “estos despliegues implican una planificación previa, sofisticada y rigurosa, que involucran la participación de distintos funcionarios, con roles bien definidos. Se considera personal especializado como el GOPE, Control de Orden público (COP), Tránsito, unidades policiales territoriales, SIP e Inteligencia. Lo que implica que muchos Carabineros que en ese horario y día podrían estar cumpliendo tareas preventivas en sus respectivas comunas, deben enfocarse en estos servicios extraordinarios”.

Pero el general (r) Tobar destaca que la mayoría del personal que opera en estos hechos es especializado, lo que “permite no distraer capital humano y recursos materiales de las unidades territoriales (comisarías), que son aquellas que tienen responsabilidades de la prevención del delito”.