A casi dos semanas de que estallara la polémica por la instalación de un cable submarino chino que conectaría a Valparaíso con Hong Kong -proyecto que provocó un fuerte encontrón entre el gobierno actual y el entrante-, un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de revisión para proyectos de inversión directa que, por ejemplo, puedan afectar a la seguridad nacional.

La iniciativa fue presentada hace dos semanas por los senadores Manuel José Ossandon (RN), Alejandro Kusanovic (Ind.-RN), Kenneth Pugh (Ind.-RN) y Javier Macaya (UDI), y la secretaría dio cuenta este miércoles de la moción.

Tal como se lee en el proyecto, “determinadas adquisiciones o participaciones societarias pueden proyectar efectos que exceden la lógica estrictamente económica y alcanzar ámbitos vinculados a la seguridad nacional, la continuidad operacional de servicios esenciales, la resiliencia institucional o la soberanía digital del Estado”.

Para resolver esto, la iniciativa busca reformar la actual Ley 20.848, la cual regulariza la inversión extranjera directa en el país, pero no contiene un mecanismo establecido para evaluar aquello.

En consecuencia, se pretende incorporar a esta legislación “un procedimiento excepcional y reglado de revisión estratégica de inversiones extranjeras que recaigan en sectores estratégicos, infraestructura crítica o activos cuya afectación pudiere comprometer la seguridad nacional, la continuidad de servicios esenciales, la soberanía digital o la resiliencia institucional del Estado”.

Igualmente, en el texto se especifica que el proyecto no busca modificar los fundamentos del actual régimen de inversión extranjera, sino que “lo moderniza, dotándolo de una capacidad institucional acorde con los desafíos contemporáneos (...). Una economía abierta requiere instituciones capaces de identificar y gestionar riesgos sistémicos emergentes”.

En este sentido, para evitar que la propuesta “opere como barrera estructural a la inversión”, se explicitan una serie de “salvaguardas” en la iniciativa. Entre ellas, se encuentra la notificación previa al proveedor sobre la evaluación del proyecto, la preferencia por medidas de mitigación que no sean el rechazo definitivo de la inversión y una suspensión meramente limitada al periodo de evaluación del proyecto.

Asimismo, se especifica en uno de los artículos que se pretende integrar a la actual ley que “la apreciación estratégica deberá respetar el debido proceso administrativo del inversionista y no implicará discriminación arbitraria entre inversionistas nacionales y extranjeros”.

El proyecto será discutido en los próximos días. Según fuentes conocedoras del proceso, este podría ser revisado en primera instancia por la Comisión de Economía o la de Hacienda del Senado. Si bien el proyecto surge por la polémica del cable chino, fuentes del Senado comentan que el objetivo es que este proceso de apreciación estratégica aplique para todo tipo de inversiones extranjeras.

Los nuevos artículos

La iniciativa de los senadores propone agregar a la actual ley un artículo que especifique: “Se entenderá por proveedor de alto riesgo aquel respecto del cual concurran factores objetivos que incrementen significativamente la probabilidad o el impacto de afectaciones graves a los bienes jurídicos protegidos en este título, conforme a los criterios técnicos que determine el reglamento”.

En torno a la evaluación de las inversiones, se menciona que esta podrá considerar factores como “el acceso privilegiado a datos sensibles o a funciones críticas del sistema”, “la exposición del proveedor o inversionista a marcos jurídicos extranjeros que permitan injerencias extraterritoriales relevantes”, “la concentración de mercado o efectos de cierre tecnológico que puedan comprometer la competencia o la continuidad del servicio”, entre otras.

En este sentido, se afirma que, de encontrarse elementos de riesgo en la inversión, “la autoridad competente, de conformidad con la ley, podrá adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionales para resguardar el interés estratégico comprometido”.

Si bien no se especifica en el proyecto cuál será esta autoridad, una opción es que dicha función recaiga en el Consejo Interministerial de Inteligencia, que está integrado por representantes del Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública.

Avanzar en esa dirección necesitaría de la participación del Ejecutivo ya que se trataría de una materia de iniciativa exclusiva presidencial. Por eso los senadores apuestan a que la futura administración del presidente electo José Antonio Kast se pueda sumar con indicaciones en esta línea.