Lugar al que va la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, siempre está acompañada. Además de su equipo, la máxima autoridad de la comuna de la zona sur de la capital está resguardada las 24 horas del día por funcionarios de Carabineros, específicamente por escoltas que van tras sus pasos para proteger a la militante de la Democracia Cristiana.

Pizarro cuenta con escoltas del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros desde 2017, fecha en que se abrió la primera causa judicial por una vulneración de seguridad en contra de la autoridad comunal. Desde entonces, y a siete años de aquello, la alcaldesa continúa con protección policial, pese a que esas causas ya fueron resueltas y que no existe una orden judicial por aquello.

La situación causa extrañeza en el mundo de los municipios, principalmente porque se entiende que la destinación de PPI es para casos graves que lo ameriten, porque significa destinar recursos policiales tanto humanos como económicos. Si a eso se suma, por ejemplo, que los propios fiscales que indagan causas de alta connotación pública no ocupan esta herramienta del sistema, no cuentan con guardaespaldas, no se entiende en el municipio el porqué Pizarro aún mantiene el resguardo del PPI.

¿Quiénes cuenta con este servicio de Carabineros?

La alcaldesa Pizarro cuenta con un beneficio que no es tan extendido en las autoridades del país. Actualmente, quienes tienen esa protección de parte de Carabineros son el Presidente Gabriel Boric, los exmandatarios, los presidentes de la Cámara y del Senado, los delegados presidenciales regionales y el fiscal nacional, además de algunos ministros de Estado. En el caso de los subsecretarios, solo unos pocos tienen dicha seguridad y es otorgada por parte de la PDI.

A ellos se suman además las precandidatas presidenciales Carolina Tohá (PPD) y Evelyn Matthei (UDI). En el caso de la abanderada del oficialismo, mantiene sus escoltas debido a que fue ministra del Interior, y Matthei cuenta con la protección desde hace algunas semanas por tener un perfil de riesgo.

En el caso de alcaldes, en tanto, esta situación es totalmente excepcional y solo se ha justificado, en el pasado, cuando han sido blanco de amenazas, tal como lo estipula el Código Penal, “de carácter veraz”.

La protección de Pizarro

“Llaman a un familiar mío diciendo que nos van a matar, que nos cuidemos. Que se las vamos a pagar”. Con estas palabras, la alcaldesa de La Pintana describió las amenazas que recibió en octubre del 2017 de parte de Francisco Olguín, “mano derecha” del entonces alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera.

A raíz de aquello, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación y decretó que la máxima autoridad de La Pintana debía contar con resguardo policial. Desde entonces, fue el primer resguardo que recibió Pizarro.

Pero esa causa terminó el 2019, cuando en una audiencia del 26 de marzo de ese año Olguín ofreció disculpas públicas, las que fueron aceptadas por la alcaldesa. A pesar de eso, la protección de Pizarro no cesó.

La otra amenaza de seguridad de la alcaldesa ocurrió el 2020, cuando afirmó que una ventana de su oficina recibió un impacto de bala.

La Municipalidad de La Pintana se querelló tres años después por el ataque, el que a esas alturas ya había sido aclarado por Carabineros: se trató del enfrentamiento a balazos de dos sujetos cerca del municipio, del cual una de las balas impactó el edificio. Incluso, según quienes conocen de esa causa, existe un imputado y un peritaje que confirma el origen de la bala y el contexto en el que se produjo.

Pese a que esa causa sigue abierta, pero que no involucra a la alcaldesa, La Tercera accedió a información de Transparencia y del Ministerio Público que confirma que, a la fecha, la máxima autoridad de La Pintana no cuenta con orden de protección judicial, como sí la tuvo en 2017. Pero ahora no existiría ninguna causa vigente que amerite una medida de protección, según sostienen diversas fuentes del sistema penal.

Desde la Municipalidad de La Pintana afirmaron que la alcaldesa “cuenta con protección policial activa, todo a partir de la aplicación formal de los protocolos legales y de seguridad vigentes y autorizado por las autoridades de seguridad correspondientes. No entraremos en más detalles porque toda información adicional pone en riesgo lo antes señalado”.

Perfil de riesgo

La Tercera consultó a Carabineros sobre las razones por las que la alcaldesa de La Pintana aún tiene protección policial, pero afirmaron que no se van a referir al respecto debido a que se trata de una medida de seguridad de una autoridad.

Sin embargo, fuentes consultadas sostienen que la autoridad comunal aún cuenta con escoltas de Carabineros, pese a que no existe una orden judicial debido a que ella tiene un “perfil de riesgo”. Ese es el motivo del que siga teniendo escoltas.

Aquello respondería a otros hechos de violencia que la propia alcaldesa ha expuesto, aunque no han sido judicializados.

En julio del año pasado, en entrevista con 24 Horas, la autoridad sostuvo que “he recibido amenazas de todo tipo, en el frontis del municipio ha sido complejo el tema también de los rayados, han colgado zapatillas en los cables frente al municipio, he recibido balas en mi oficinal, también en otra comuna, en Independencia, intentaron acuchillarme y también en mi comuna me amenazaron con un arma y por lo tanto, han sido distintas situaciones durante todo este tiempo y ha sido bastante complicado”.

Al igual que Pizarro, otras autoridades cuentan con dicho perfil de riesgo. Al menos hasta el 2024, y confirmado de manera oficial, cuatro autoridades tenían protección policial, entre las que estaba la alcaldesa de La Pintana. En ese entonces, los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, Rodolfo Carter de La Florida, Gustavo Toro de San Ramón y Javiera Reyes de Lo Espejo, tenían escoltas.