Una nueva edición de Chile Nos Habla–Salud llega a un conclusión: hay señales de avance en la materia, pero al mismo tiempo se presentan problemas muy concretos en la experiencia cotidiana de los pacientes.

La encuesta realizada por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) y el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) expone que esas dificultades están concentradas en dos aspectos: el gasto de bolsillo en medicamentos y la falta de integración de la información clínica de manera digital.

Por ejemplo, 69,6% de los hogares declara destinar más de $30.000 mensuales a medicamentos. En otras palabras, siete de cada 10 familias gastan esa suma de dinero.

Jorge Acosta, director Ejecutivo del Ipsuss, advierte que si esto se compara con el dato oficial de que la mitad de los chilenos recibe como ingreso menos de 700 mil pesos al mes, “estamos hablando de un gasto muy significativo para la mayoría de las familias”.

En ese contexto, se extiende y agrega que “eso puede implicar una dificultad para mantener el tratamiento. Cuando las personas ven una complicación significativa de sus ingresos, de su presupuesto mensual, de sus gastos, puede ser que en algún minuto opten por no tomarse los medicamentos crónicos, que en una primera instancia podría significar que ellos no notaran un efecto significativo. Pero sabemos que pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónicas que dejan su tratamiento no solamente pueden tener una descompensación aguda, sino también descompensaciones crónicas que posteriormente les pueden generar problemas mucho más significativos”.

¿Las razones detrás de este gasto de bolsillo? Según la misma medición, 37,2% lo hace porque los medicamentos que necesitaban no estaban cubiertos por su plan de salud y 29,1% debido a que no estaban disponibles en el establecimiento donde debían retirarlos.

“Cuando una persona debe comprar de su bolsillo un medicamento de manera particular porque no está cubierto o porque no está disponible, el problema deja de ser solo sobre su costo, estamos hablando de cuánto está protegiendo realmente el sistema a ese paciente”, agrega Acosta.

Avance de la digitalización

Un segundo hallazgo de la encuesta muestra una brecha muy concreta de modernización: 65,6% de los pacientes aún lleva sus documentos médicos impresos.

Ya sean pacientes de Fonasa o isapre, las personas llevan exámenes, recetas, informes médicos o antecedentes clínicos consigo.

Otro 39,8% lo relata de memoria, 26,2% lleva fotos o archivos digitales y solo en un 31,4% de los casos el profesional o centro accede directamente a la información en su propio sistema.

En ese contexto, el director del Ipsuss asegura que “en un sistema de salud moderno la información debería seguir al paciente y no al revés. Esta falta de digitalización obliga a las personas a seguir siendo responsables de transportar físicamente su propia historia clínica”.

Carolina Velasco, directora de Estudios del Ipsuss, explica que esto también genera un problema en la atención, especialmente en el caso de quienes relatan su historial de memoria: “Tiene un riesgo muy alto de que la información no esté completa, o de que no sea suficiente o de que sea inexacta, por lo tanto arriesga el diagnóstico y el tratamiento médico. Y, por supuesto, podría afectar la calidad de la atención”.

Respecto a los casos donde sí se accede directamente, Velasco afirma que son una minoría que preocupa, especialmente porque “hoy existe una norma que obliga a la interoperabilidad entre las fichas clínicas entre los diferentes centros de salud”.

Y agrega que “esta es una ley que se aprobó el 2024, cuyo reglamento aún no ha salido. Su reglamento estaba pensado para salir en 18 meses, luego de publicada la ley, pero eso aún no pasa”.

Entre otros hallazgos, la encuesta también identifica una evolución favorable en la percepción ciudadana que se tiene sobre Fonasa. Entre sus propios beneficiarios, la evaluación positiva aumenta desde un 51,4% en 2023 a 61,1% durante este año, observándose un aumento de 9,7 puntos porcentuales en tres años.