La jornada de este martes se espera que la Segunda Sala de la Corte Suprema dé a conocer su resolución respecto del amparo que interpuso la defensa de Josefina Huneeus en contra de la interceptación de sus comunicaciones a propósito del caso ProCultura.

Esto, luego de que este lunes los ministros del máximo tribunal conocieran de las apelaciones presentadas en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que inicialmente acogió la acción de la psiquiatra -patrocinada por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann- y declaró ilegales las escuchas.

Así, tras escuchar los alegatos del Ministerio Público, de querellantes y de la defensa de la exesposa de Alberto Larraín, uno de los principales protagonistas de este caso, los titulares de la Sala Penal dejaron en acuerdo su determinación.

“Falsa” resolución

La jornada de los fiscales que encabezan esta indagatoria comenzó temprano en la Suprema. Hasta ahí llegó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios; el persecutor adjunto, Eduardo Ríos, y el director de Recursos Procesales de la Fiscalía Nacional, Pablo Campos.

Ríos fue el encargado de tomar la palabra y en poco menos de 10 minutos expuso por qué el máximo tribunal debería revocar el fallo de la corte nortina. Según sostuvo, se trata de una “falsa resolución”, que sólo se hizo cargo de lo expuesto por la parte recurrente.

“Esta resolución es una falsa resolución que simplemente cumple requisitos formales de apariencia. Estimamos que la Corte ha sido parcial al momento de resolver este amparo, y si se analiza párrafo por párrafo, se evidencia que se asignan 36 párrafos a la recurrente, desarrollando completamente el alegato y su escrito, y sólo hay un párrafo referido a lo expuesto por el fiscal, recién en la página 37″, sostuvo el fiscal.

Asimismo, hizo presente que el fallo incorpora palabras “que denostan no sólo al Ministerio Público, sino al propio tribunal que resolvió y además a las policías (...) Nos ponen al nivel del pasado más oscuro de nuestro país. Se acusa al Ministerio Público de actuar como policía política como la DINA, la CNI”.

Ríos insistió, en línea, en todo este tiempo se ha buscado saber de dónde se obtuvo el teléfono que usaba Huneeus y que para la Fiscalía estaba asociado a Alberto Larraín, dejando de lado que siempre se ha indicado que este se obtuvo de registros comerciales con fecha 30 de septiembre.

Por mismo, recalcó que Huneeus es “una imputada en esta investigación. Sin ninguna duda y categóricamente. Lo ha sido, lo sigue siendo y lo será hasta que la investigación termine y se tomen las determinaciones que correspondan”. Se le investiga, como complementó, por fraude al Fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.

También porque se revoque la determinación expusieron los querellantes Nubia Vivanco y Carlos Oyarzún, que representa a parlamentarios de la UDI y quien relevó que no habría ambigüedad en lo planteado respecto de la participación de Huneeus en los hechos investigados. “En esta etapa, el deber legal que tiene el Ministerio Público es el de convencer sobre la necesidad de las medidas, no la de establecer culpabilidades”, planteó.

Graves vulneraciones

Durante los 20 minutos que expuso el abogado Alejandro Awad, hizo hincapié en distintas oportunidades en que la resolución de la Corte de Antofagasta es sumamente seria y reflexiva. Puso énfasis, además, en que se está ante uno de los casos “más gravemente vulneratorios de la regulación procesal”.

Así, pese a lo indicado por el fiscal Ríos, el penalista fue tajante en que no se les ha aclarado cómo se obtuvo el teléfono de Huneeus, porque aún cuando se les ofreció enviarles el supuesto informe del 30 de septiembre, este no se les ha hecho llegar.

Por lo mismo, recalcó que el teléfono pinchado “nunca fue, nunca ha sido y nunca lo ha pagado” Alberto Larraín, el exesposo de su representada, indicando que el número es el que usa Huneeus desde hace 21 años.

“Cuál era el interés tan intenso que tenía el Ministerio Público por escuchar a esta persona contra la cual no hay nada en la carpeta de investigación, es algo que no me queda del todo claro, pero queda visible ese interés cuando uno analiza, como cada vez pedían autorizaciones respecto de menos personas y sin embargo se mantenía esta persona a quien, en el mejor de los casos, fue caracterizada como meramente una testigo”, postuló Awad.

¿Pinchazo al hijo de Huneeus?

Terminados los alegatos, Awad también abordó un nuevo antecedente que se sumó a la trama y que da cuenta de que uno de los teléfonos “pinchados” a Alberto Larraín era usado por uno de sus hijos con Josefina Huneeus, como informó el penalista en medio de un escrito que presentó ante la Suprema.

“No sabemos cómo se procesó la información obtenida de ese teléfono y estamos pidiendo que se nos informe. Pero ahí no tenemos ninguna queja. Meramente estamos pidiendo que se nos den los antecedentes”, manifestó Awad.

Y agregó: “Fueron algunos días. Pero, queremos saber si es que en esos días se actuó conforme a la ley o si se infringió la normativa, que es una normativa particularmente relevante. Estamos hablando de una de las medidas intrusivas más graves del sistema”.