Pocos minutos después de que abriera el Centro de Justicia, a las 8 de la mañana, arribó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI).

Una hora y media después la Fiscalía Metropolitana Oriente comenzó la formalización de la exautoridad a la que imputa delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencia y falsificación de documentos públicos.

La audiencia, que está siendo encabezada por el juez Daniel Urrutia, comenzó con unos minutos de retraso, luego de que uno de los imputados, Felipe Vásquez -exasesor de Lavín- no se presentara a la formalización porque está en España. Aquello derivó en que la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, solicitara una orden de extradición en su contra dado que al exfuncionario se le considera uno de los protagonistas de una trama por presuntos hechos de corrupción.

Posterior a eso, fue la propia fiscal Encina quien comenzó a detallar uno a uno los hechos por los cuales se formalizará, durante tres jornadas aproximadamente, a quien fuera diputado durante tres periodos.

Según fuentes de La Tercera, tras el término de la imputación de cargos, el Ministerio Público solicitará que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del también cónyuge de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien acusa de defraudar al Fisco en al menos $104 millones.

Requerimiento de medida cautelar a la que también se sumarán el resto de querellantes, entre los que se encuentra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, representada por BACS Abogados.

Apoyo para fines electorales

Al exdiputado Lavín, la Fiscalía le imputa una serie de hechos que configurarían diversos hechos de corrupción. Según expuso la persecutora de Alta Complejidad, el otrora parlamentaria habría realizado una serie de “mecanismos” para cometer los ilícitos de los que se acusa, principalmente a través de la rendición de gastos parlamentarios y de ejercer influencia en Maipú.

Pero además de aquello, durante la misma formalización la Fiscalía imputará al exdiputado el haber destinado a los funcionarios de su diputación a realizar labores con fines electorales, para lo cual habría financiado a través de los gastos rendidos al Congreso, una aplicación, SocialTazk, para recopilar bases de datos de electores

Para elaborar dichas bases de datos, Lavín León dispuso que los funcionarios que trabajaban junto a él en la diputación, realizaran una serie de gestiones para la plataforma, incluso atrayendo a más candidatos de la UDI.

En particular, según imputará la Fiscalía, fueron siete funcionarios públicos los que estuvieron destinados a realizar labores de campaña, mientras eran pagados por el Congreso.

Pero junto con eso, el Ministerio Público también ha vinculado dichas labores de campaña con el padre del exdiputado, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, quien el 2021 participó de la elección presidencial y en la cual fue derrotado por Sebastián Sichel en primarias.

Según ha podido determinar la investigación de la Fiscalía, uno de los funcionarios es Shigue Ogino, quien desde enero a mayor del 2021, con un sueldo de $2.591.400 como funcionario público, realizó funciones en las oficinas que en aquel entonces eran sede de la campaña presidencial de Lavín Infante, unas oficinas ubicadas Las Condes.

Otra de las funcionarias que también habría realizada funciones, no especificadas, en las oficinas del padre del diputado, fue Romina Molina. Por último, Carlos Vargas, también asesor de Lavín León, también fue destinado a realizar labores, con cargo a fondos públicos, en la sede de la campaña presidencial de Lavín Infante.

“Cabe hacer presente que Vargas fue destinado, durante la el período en que fue contratado con cargo a fondos públicos del Congreso Nacional, a cumplir sus funciones físicamente en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo 3001, comuna de Las Condes, correspondientes en esa época a la sede de campaña presidencial del padre del imputado Lavín León, Joaquín Lavín Infante”, concluyó la fiscal Encina.

Los otros hechos

La serie de hechos que la Fiscalía le imputa a Lavín son variados. El primer grupo de hechos se relaciona al delito de fraude al Fisco, el cual se habría cometido a través de tres hechos.

El primero de ellos, según determinó la investigación de la Fiscalía Oriente que derivó del caso de Maipú, se configuró luego de que Lavín León rindió al Congreso, como gastos parlamentarios, pagos que adeudaba de la campaña.

Para lograr aquello, Arnaldo Dominguez, exasesor de Lavín y quien también está siendo formalizado, instruía al dueño de la imprenta MMG, Juan Alberto Silva -también imputado-, que emitiera facturas falsas bajo supuestos servicios prestados al entonces diputado, los que posteriormente eran rendidos como gastos al Congreso, lo que a juicio de la Fiscalía constituye el delito de fraude al Fisco.

El segundo fraude al Fisco habría ocurrido luego de que, también como supuesto gasto de su función que era rendido al Congreso, Lavín León financiara la plataforma SocialTazk, de propiedad de la empresa Modo74, de propiedad de Vásquez, quien posteriormente fue contratado por el entonces diputado como asesor.

La plataforma tecnológica, tenía como fin recoger la base de datos de electores, a quienes se le enviaría a través de mensaje de texto y llamadas, información de campaña. Desarrollo que también fue ofrecido a otros diputados y candidatos de la UDI, todo gestionado por el parlamentario. Labor por el cual se le imputará a Lavín, además, el haber comercializado datos del padrón electoral.

Derivado de aquello, se encuentra un tercer hecho que se relaciona al delito de fraude al Fisco, luego de que la Fiscalía determinara que el diputado contrató a funcionarios “fantasmas”, ya que estos no desarrollaron funciones pese a que eran remunerados por el Congreso.

Por último, en un grupo de hechos ilícitos que aún no son imputados por la Fiscalía, al exdiputado también se le comunicarán cargos por el delito de tráfico de influencias. Lo anterior, se habría materializado por el exparlamentario, quien habría buscando la contratación, desvinculación y la realización de una serie de movimientos a su conveniencia en la Municipalidad de Maipú mientras Barriga era alcaldesa.