En enero, el gobierno de España aprobó un Real Decreto que inició un proceso de “regularización extraordinaria” de personas extranjeras que viven en el país ibérico. Se estima que la regularización -la primera de este tipo en 20 años- beneficiará a más de 500.000 personas.

La medida exige a los aplicantes carecer de antecedentes penales y “no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos” y se puede solicitar de vía telemática, con el objetivo de que, quienes cumplan los requisitos exigidos, puedan obtener un permiso de residencia y trabajo en España por un año, con acceso a seguridad social y al sistema sanitario.

A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en el territorio español, ya sea de manera irregular o solicitantes de asilo. Para eso, deben acreditar haber estado en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses en el país.

Este proceso extraordinario empezó en abril y se extenderá hasta finales de junio, quedando suspendidos los trámites de retorno de migrantes cuando se inicie el procedimiento de regularización.

Cuando se anunció la regularización, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, argumentó que esta favorecerá una “integración plena y progresiva en el sistema”.

“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, declaró Saiz. La medida también busca la integración familiar, amparando a los hijos de los solicitantes de esta regularización.

Derecha crítica

Sin embargo, este proceso de regularización -que se aprobó sin la tramitación parlamentaria ordinaria-, mantiene dividida a la población española. Según una consulta realizada por el instituto 40dB para el diario El País, más de la mitad de los españoles consultados cree que el proceso afectará negativamente al acceso a la vivienda y a la salud.

Según los resultados de la encuesta, el 37,6% tiene una opinión favorable sobre la medida, al 21,5% le parece “regular” y al 33% mal o muy mal. Dentro de este último grupo, destacan los votantes de la derecha española, el Partido Popular (PP) y Vox.

Según recabó el periódico español, en la primera semana desde que entró en vigor el decreto se presentaron 130.000 solicitudes. Casi el 51% de la población con nacionalidad española considera que el número de beneficiarios es “demasiado alto”, frente al 33,3% al que le parece una cifra “adecuada”.

Hasta un 80,8% de los apoyos de Vox y un 68,4% de los del PP cree que ese número es excesivo, porcentaje que baja al 29,2% entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al 22,5% entre los partidarios de Sumar, formaciones que integran el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Proyecciones negativas y “efecto llamada”

Así, según consignó El País, hay más españoles que asocian la regularización extraordinaria a consecuencias negativas que positivas. Preguntados en términos generales sobre los efectos que auguran a la medida, el 50,3% cree que tendrá un impacto negativo en el acceso a la vivienda. Un 48,6% estima que empeorará los servicios públicos, como la salud o la educación. Otro 43,4% considera que perjudicará a la convivencia social.

Además, el 38,3% de los consultados estima que afectará negativamente al empleo y un 37,3% considera lo mismo respecto de la economía. Solo un apartado de esa lista de expectativas recibe más valoraciones positivas que negativas: la natalidad, que 47,7% opina que afectará positivamente frente al 16,5% que no.

Así, según la consulta, aunque son los votantes del PP y Vox los más convencidos de las desventajas, estas consideraciones negativas también aparecen entre los apoyos del PSOE y de Sumar.

Sumado a lo anterior, cuando se pide al encuestado que señale su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones relacionadas con la regularización extraordinaria, la mayoría (59,4%) comparte la idea de que provocará un aumento de la llegada de inmigrantes. Desde Vox y el PP, denomina esto como el “efecto llamada”.

También, la idea de que la medida es “necesaria” destaca especialmente entre quienes conocen a personas que podrían verse beneficiadas, frente a una concepción más crítica de los que no tienen ese contacto. Del mismo modo, recabó El País, el hecho de que en el entorno del encuestado haya algún inmigrante sin su documentación en regla suaviza las expectativas negativas sobre los efectos de ese proceso.

Sin embargo, solo el 15,3% conoce a alguien que vaya a beneficiarse de la regularización.

Preguntados por los aspectos positivos del proceso extraordinario, la consulta arrojó que el 59,5% está de acuerdo en que “mejorará las condiciones de vida de los inmigrantes”. El 53,5%, cree que “ayudará a cubrir la falta de mano de obra en algunos sectores” y el 45,3%, que “aumentará las aportaciones a la Seguridad Social”.

Prioridad nacional

Preguntados por qué criterio debería primar en el acceso a ayudas públicas, la opción más popular, con un 44,2% de las preferencias, es la de “dar prioridad a la población española” frente al 31,8% de los españoles que consideró que se debe “tratar a todas las personas por igual, sin establecer prioridades”. En cambio, el 19,3% dice que es partidario de que los primeros beneficiarios sean “las personas con mayor arraigo en el país”.

Nuevamente, estos porcentajes varían notablemente según la intención de voto por partido. Así, el criterio de dar prioridad a la población española es el favorito de los votantes de Vox y del PP, 73,4% y 54,7% respectivamente. Este índice baja al 26,7% en el caso del electorado del PSOE y tiene menos de 15% entre los votantes de Sumar y Podemos.

Más aún, la opción de “tratar a todas las personas por igual, sin establecer prioridades”, es la preferida del 73,1% de los votantes de Podemos, el 65,7% de los de Sumar y el 52,1% de los del PSOE, mientras que solo lo apoya el 19,3% del electorado del PP y el 8,5% de Vox.

Preguntados por el partido con el que más se identifican en lo que respecta a la gestión de la inmigración, la primera opción entre la población general (26,7%) es el PSOE, seguida por Vox (22,8%), “ninguno” (18%) y el PP (16,9%). Pero la balanza se da vuelta entre los hombres jóvenes, quienes se inclinan por Vox. Así, casi un 40% de los hombres de la generación Z (18-27 años) se identifica con el partido de Santiago Abascal en materia de inmigración.